Lo que ocultan los sindicatos convocantes de la huelga general del próximo día 28, jueves, es que ellos mismos están despidiendo ya a sus trabajadores excedentarios aplicándoles la reforma laboral contra la que dicen luchar.
Lo mismo ocurre con el PSOE, que desaloja también a sus empleados tras la pérdida del poder estatal y autonómico al quedarse sin muchos de los descontrolados fondos de reptiles que permitían sostenerlos, y cuyo ejemplo comienza a aflorar en Andalucía.
Aunque quizás sus relevos del PP no vayan a ser mejores, que ya se verá, y que en algunos casos, como en Baleares y Valencia, ya se vio.
La experiencia demuestra que quien tiene poder, si carece de bridas que lo controle, trata de apropiarse de todo. Y cuando lo desalojan despide a sus cómplices y camaradas con la dureza del capataz más despiadado.
Las feministas del PSOE de Andalucía expulsan a una trabajadora por quedar embarazada y el multimillonario progresista Jaume Roures se deshace implacablemente de más de un centenar de periodistas que creyeron que el diario “Público” iba a ser el Paraíso del Proletariado.
En Cataluña, Madrid, las Castillas, en Andalucía, en toda España, están despachando decenas y decenas de funcionarios militantes al comprobar CCOO, UGT y el PSOE que empiezan a recibir menos subvenciones.
Los echan con expedientes de regulación de empleo (ERE) o aplicando el Decreto-Ley laboral aprobado por el Parlamento esta semana, con el mínimo de indemnización posible: de otra manera esas organizaciones irían a la ruina, como cualquier empresario sin actividad.
Estos despidos progresistas son tan rotundos como los dictados por patrones según ellos reaccionarios, y si tienen poco eco público es porque a sus víctimas les da vergüenza reconocer que sus cofrades izquierdistas son derechistas del libre mercado.
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SALAS