En la letra pequeña de la crisis se ha incluido una cláusula nueva contra todos aquellos “privilegiados” que todavía conservan su puesto de trabajo: queda prohibido terminantemente enfermar. El mismo Gobierno que nos pide que no generalicemos en los casos de corrupción, generaliza respecto al absentismo de los trabajadores y pasa a considerarnos masivamente a todos, y especialmente a la función pública, unos seres abusones que mienten sobre su estado de salud y que engañan a la Administración.
Según la nueva normativa, durante los tres primeros días de la baja laboral de cualquier funcionario, se le descontará el 50% de su salario y después hablamos. Incluso, con un sentido del humor un tanto siniestro se nos explica que están exentos de estos descuentos las enfermedades profesionales que se adjuntan en una lista y, que en el caso de los docentes y de otros muchos funcionarios, son…¡ninguna! Alguien debió pensar que era un chiste gracioso.
En la localidad sevillana de Camas han instalado en la sala de profesores una camilla y un centro de recuperación para que los profesores enfermos puedan estar en el centro y no tengan que solicitar la baja médica. Con un gran sentido del humor, el portavoz del profesorado explica que se desplazan a su domicilio para recoger al enfermo y que le prodigan cuidados en el centro para que no pierda el salario de esos días.
Pero la broma tiene un lado macabro y supone otra humillación más a la función pública a la que tanto parece odiar este Gobierno. La excusa para estas medidas es contener el absentismo laboral en el sector público, pero la realidad es simplemente un recorte atroz de la sanidad pública, un impulso depredador de los salarios y un himno a la injusticia que pagarán no los absentistas, sino los buenos funcionarios que no faltan más que cuando no pueden con su alma.
Todos conocemos los nombres y apellidos de los absentistas habituales en nuestros centros de trabajo quienes, por cierto, no reciben la más mínima amonestación por la inspección laboral y son consumados maestros en el arte de justificar sus ausencias. Su tabla de asistencias es un colador visible a gran distancia. Hubiera sido realmente fácil controlar este absentismo descarado pero, ay, se me olvidaba que no se trata de eso, sino de evitar el uso de la sanidad, desprestigiar la función pública y confiscar tres días de paga.
Por eso últimamente podemos ver profesores con gripe impartiendo clase y microbios a partes iguales; bomberos que resisten un esguince a duras penas; médicos que operan con una fuerte cefalea; administrativos que resuelven complicados expedientes en medio de una crisis lumbar. Ya sé que en el sector privado las cosas no transcurren de una forma distinta. El terror a ser despedido es el desincentivador más potente para faltar por enfermedad. Todos saben que cualquier baja laboral, por muy justificada que esté, será una prueba en contra para cualquier renovación de contrato.
La Administración exhibe con orgullo el descenso del absentismo laboral, pero empieza a ocultar con celo el estado sanitario de la población. Una sociedad que prohíbe estar enfermos a sus trabajadores, soportará a medio plazo un costo sanitario y social duplicado, nos advierten los especialistas en salud pública.
Las enfermedades se harán más persistentes, de más difícil y costosa curación; la detección temprana de enfermedades descenderá de forma vertiginosa; la automedicación se disparará y nuestro índice de mortalidad subirá sin que nadie nos explique los motivos.
La Administración presiona a los profesionales para que la estancia hospitalaria sea lo más corta posible y se dan altas precipitadamente con tal de ahorrar unos euros. La información sobre las listas empieza a estar más maquillada que una actriz de opereta, mientras nuestros gerifaltes sustituyen el derecho a la salud y la calidad del servicio sanitario por “la rentabilidad” en cuyo altar alzan este gigantesco ERE contra los enfermos y esta enésima patada en el culo de la función pública.
El País