El senador kirchnerista Miguel Angel Pichetto y el "socialista" Rubén Giustiniani se vieron obligados a postergar el tratamiento de su proyecto de ley de canon digital, por el cual se gravaría con un impuesto adicional a soportes y dispositivos tecnológicos que permiten la copia y reproducción de películas, libros o música. De aplicarse el impuesto, los incrementos rondarían entre el 10% para los reproductores de video o musicales y hasta un 75% para los CD.
Determinaron el cajoneo los masivos reclamos por redes sociales y twitter, el ataque a la página web del Senado, la amenaza de Anonymus -una red de hacker europeos- y, al final del recorrido, el reto de Aníbal Fernández a Pichetto por lanzar un proyecto que, en época de elecciones, los deja mal parados ante un amplio sector preferentemente juvenil de los sectores medios que consumen las nuevas tecnologías.
Pichetto y Giustiniani dicen defender el derecho de autor amenazado por las posibilidades de copia y reproducción que favorecen las nuevas tecnologías. Toda una enorme confusión: no es el derecho de autor lo que está en riesgo sino, en todo caso, el derecho a la propiedad de la obra que es otra cosa. Una discusión tan vieja que puede remontarse al siglo XVIII en Europa y a la promulgación de las primeras leyes de derecho de reproducción para impedir que los libreros "piratas" imprimieran en los países vecinos.
Pero concedamos que esa es la intención de los senadores, ¿por qué tienen que pagar más los consumidores y no perder ganancias las empresas que producen las tecnologías o las industrias culturales?
Algunos artistas populares se expresaron a favor del proyecto de ley. Y, después de la protesta, los secretarios de Cultura de la Nación, Jorge Coscia, y de la Ciudad de Buenos Aires, Héctor Lombardo, manifestaron al unísono que había que buscar una posición intermedia que, de un lado, garantice las regalías a los autores y se asegure la financiación de la industria cultural y, por el otro, se permita la más amplia circulación gratuita de los productos culturales.
Vaya problema el de encontrar un punto intermedio entre las necesidades culturales de las masas -a las que no sólo habría que garantizarles el acceso que tienen vedado sino también la producción- y los intereses de la industria de la cultura.
Hace cuarenta años, un teórico alemán representante de la entonces llamada Nueva Izquierda, Hans Enzensberger, sostenía que el capitalismo había logrado un increíble avance en la tecnología de la reproducción de bienes culturales -pensaba en los videos, las fotocopiadoras, las grabadoras- y que esto abría enormes posibilidades emancipatorias. Pero, al mismo tiempo, advertía que todo este avance y posibilidades estaban clausurados, encadenados por las relaciones sociales existentes que dejaban en manos de la burguesía la producción y circulación de esos mismos bienes.
Andrés Calamaro -a quien le copiamos muchas de sus canciones grabadas por Warner Music- se equivoca cuando twittea: "Qué infantil y cruel que es indignarse por el precio de un disco rígido en un mundo desigual y asesino". Quienes inundaron la red con los reclamos en contra de la ley no se indignaban por eso. En todo caso, reclamaban contra el derecho de propiedad de los bienes culturales. Y, de un modo más o menos consciente, defendían la más libre circulación social de la música, los libros, las películas -expresiones culturales sobre las cuales, en este mundo desigual y asesino, el capitalismo también se reserva todos sus derechos.
Santiago Gándara