¿Qué es el dumping, y cómo enfrenta esta práctica comercial a empresas y países?

El dumping es la práctica de vender bienes y servicios por debajo del precio al que se han producido con el objetivo de ganar cuota de mercado. El término proviene del inglés to dump, que significa ‘verter’ o ‘tirar’, una manera visual de denominar a este tipo de competencia. En español también se lo conoce como “precios predatorios”. Se puede dar a nivel nacional, pero sobre todo es común a nivel internacional, cuando la empresa de un país exporta productos a precios inferiores a su coste de producción, perjudicando a productores locales que son mucho menos competitivos.

Para ser considerado como tal, el dumping debe ser continuo y manifiesto, ya que puede haber otros motivos para vender un producto a un precio más bajo que su coste. En ocasiones, la ley establece precios bajos en bienes o servicios de primera necesidad. También ocurre por algunos tipos de cambio o si los productos tienen subvenciones o exenciones fiscales. Además, cuando las empresas tienen un exceso de existencias pueden deshacerse de ellas mediante precios más bajos. Al ser estas prácticas ocasionales, no se consideran predatorias. 

Una práctica polémica 

Las empresas que hacen dumping, las dumpers, buscan mantenerse competitivas en un mercado en el que tendrían pocas posibilidades si entrasen con precios normales, o también eliminar competidores para ganar más consumidores e incrementar sus ingresos. Para lograrlo, deben ser capaces de asimilar las pérdidas durante el tiempo que dure esa estrategia comercial, y en muchas ocasiones las subvencionan sus Estados.

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Los principales efectos nocivos del dumping son, por tanto, la erosión o desaparición del tejido empresarial e industrial de un país. Así, empresas menos eficientes o con productos de menor calidad prevalecen en el mercado internacional frente a otras incapaces de competir con sus precios. Esto se debe a dos razones: primero, las dumpers suelen tener más capacidad de producción, lo que reduce sus precios de coste y les da flexibilidad para establecer precios bajos. Por otro lado, los mercados de los que provienen atraen inversión, en detrimento de aquellas que sufren dumping, donde los riesgos para los inversores son mayores que los posibles beneficios.

A pesar de sus consecuencias, hay quienes argumentan que el dumping es una práctica lícita porque las empresas deberían tener la libertad de competir con los métodos que consideren oportunos, y evitarlo sería caer en el proteccionismo. En cambio, otros lo consideran una forma clara de competencia desleal que habría que combatir. En ese sentido, la libertad de protegerse del dumping sería tan lícita como practicarlo.

Existe el derecho antidumping

La legislación antidumping no es nueva. Por ejemplo, la de Estados Unidos data de 1921, y el derecho se reconoció internacionalmente con el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros de 1947 (GATT). La Organización Mundial del Comercio (OMC), su sucesora, no se posiciona sobre la práctica, pero garantiza el derecho a combatirla mediante el artículo VI de 1994 y el Acuerdo Antidumping.

Para que un país pueda implementar una medida antidumping primero debe demostrar que la práctica se produce —por ejemplo, comparando el valor normal del producto y su precio de exportación— y que perjudica su producción nacional. La OMC también estableció el Comité de Prácticas Antidumping para estudiar lo relacionado con el Acuerdo y examinar legislaciones nacionales, y cuenta con mecanismos de solución de disputas para cuando un país miembro impugne una medida impuesta por otro.

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Existen bastantes procedimientos abiertos en la OMC. Uno de ellos, de gran peso, ha sido el de la Unión Europea con China, su principal socio comercial y objeto del 66,5% de sus medidas antidumping en 2019. Este conflicto ha tenido picos como la “guerra del atún” de 2020, en la que la flota europea Europêche acusó a empresas chinas de dumping, o las denuncias de Bruselas y Estados Unidos en 2018 al sector del acero chino, primer productor mundial ese año con un 49%, al que acusaron de “inundar el mercado internacional con acero barato”, afectando a sus respectivos sectores nacionales.

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