La pobreza energética no es otra cosa que la incapacidad de un hogar para satisfacer una cantidad mínima de servicios de energía para sus necesidades básicas, es decir, no poder mantener la vivienda en unas condiciones de climatización adecuadas para la salud.
El precio de la energía ha aumentado en España en los últimos años. La electricidad se ha incrementado un 73% desde 2008 y el del gas un 67%.
En 2014 España fue el cuarto país de la Unión con la energía eléctrica más cara y el tercero en el caso del gas natural.
Los precios elevados de la energía ponen en dificultad a un sector importante de la sociedad española que no puede satisfacer sus necesidades energéticas.
En los últimos años, los ingresos del hogar medio en nuestro país no han superado los niveles de 2006, sin embargo el gasto medio en energía, se ha incrementado entre un 40 y un 50%.
Al tener menos ingresos se reducen los gastos en otros consumos, servicios o incluso en las mismas necesidades básicas del hogar, puesto que los costes de la energía suponen un porcentaje elevado de los ingresos. Los hogares no pueden encender la calefacción, por lo que muchas familias habitan en hogares insalubres en los que la temperatura es inadecuada para una vida sana, pudiendo repercutir así en la salud de sus miembros.
En España hay cerca de 25 millones de viviendas. Esto supone un 17% del consumo total de energía y un 25% de las emisiones de CO2 del país.
La rehabilitación de edificios puede ser la solución a medio y largo plazo de la pobreza energética y su promoción está supeditada a otras políticas, sin embargo los mecanismos puestos en marcha no están siendo suficientes para promover la rehabilitación de edificios, pese a la existencia de fondos.
El Gobierno debe poner en marcha una estrategia nacional capaz de luchar contra la pobreza energética. Una maniobra que observe la evolución de este fenómeno y plantee medidas, las evalúe e incorpore a todos los agentes implicados, para generar un debate social adecuado y reunir las intenciones necesarias para coordinar medidas entre la Administración y los agentes de políticas sectoriales diferentes.
Uno reto oportuno sería combinar medidas que ayuden a paliar la situación de emergencia de determinados sectores vulnerables, con otras medidas competentes a largo plazo que mitiguen la pobreza energética hoy y reduzcan esa vulnerabilidad de la población ante esta problemática