En el día de ayer, la Corte Internacional de Justicia de La Haya desestimó las excepciones presentadas por Colombia en las demandas que incoara Nicaragua ante ese organismo. Colombia pidió a la Corte declararse incompetente ya que el Estado denunció el Pacto de Bogotá por medio del cual se remitían las controversias judiciales entre las partes a ese organismo de justicia internacional. También afirmó que ya había cosa juzgada por el fallo que el mismo tribunal emitió en 2012. ¿Qué está pasando en La Haya? Que el tema ya está perdido lamento anunciarlo, ¿por qué? Porque el tribunal de justicia internacional nos está aplicando la Convención del Mar de 1982. En resumidas cuentas la Convención del Mar es un instrumento jurídico que fue elaborado a instancias de las potencias internacionales para limitar el espacio vital marítimo de los países que no son potenciales mundiales. En este sentido, la realidad de la globalización le está pegando a Colombia en la cara; la globalización es un movimiento de monopolización del poder internacional, y por lo tanto los países con hegemonía mundial no están dispuestos a permitir que otros Estados se conviertan en potencias emergentes. La utilización de normas jurídicas para limitar el desarrollo económico, social, industrial y científico de las naciones no es nueva. Por ejemplo, los tratados en el marco de la Organización Internacional del Comercio son claras talanqueras para la expansión económica de los Estados en vías de desarrollo, la protección a ultranza de las economías domésticas de las potencias mundiales es el objetivo principal de estos tratados. El Estatuto de Roma, del cual no hace parte Estados Unidos, y que implementa la Corte Penal Internacional también es una línea roja para los Estados que probablemente violan los derechos humanos en confrontaciones bélicas o en conflictos internos como guerras civiles; todo bajo la luz de la concepción del derecho humano de Occidente. La tesis del dominio global de Estados Unidos se ve traducido en tres posturas de política interna norteamericana y que tiene como vertientes a las siguientes líneas de acción: 1. El hard power, o poder de acción directa a través de guerras e intervenciones directas; 2. El soft power o poder blando a través de espionaje, y 3. El poder normativo, o intervención en los Estados a través de normas jurídicas y tratados internacionales. Las convenciones internacionales son el instrumento de dominación de la tercera postura; por lo tanto, Colombia ya tiene perdido esa zona de diferendo con Nicaragua, la Corte Internacional de Justicia de la Haya está aplicando la Convención del Mar de la cual Colombia no hace parte, pero no para beneficiar al Estado centroamericano sino para limitar a Colombia en su expansión marítima. ¿Esto lo sabe el gobierno colombiano? ¿Lo sabe la élite colombiana? Probablemente sí; el expresidente César Gaviria poco después de conocer la providencia del Tribunal de la Haya sobre las excepciones previas presentadas por Colombia, aseguró: “Queremos saber si Nicaragua o la Corte Internacional de La Haya le están aplicando la Convención del Mar a Colombia”. ¿Esto qué quiere decir? Que la élite colombiana sabe desde hace rato que esto se venía venir. Que las potencias internacionales a través de normas jurídicas, en la política de dominación global, le están aplicando a Colombia una limitante en su expansión marítima. ¿Qué ocurre con las potencias? ¿A ellos no se les aplica la Convención del Mar de 1982? Pues no lo necesitan, la Corte Internacional de Justicia de la Haya ha regañado, vapuleado a Estados Unidos en diferentes fallos, pero a ellos no les importa, tienen el ejército más poderoso del mundo y ellos imponen las condiciones cuando se les da la gana (recordemos Iraq o Afganistán). El derecho internacional no es más que un mecanismo de imposición de limitantes para los países que no son potencias, en este caso Colombia. ¿Cómo Gran Bretaña puede tener un territorio de ultramar tan lejos de sus costas como son Las Malvinas? Porque Gran Bretaña es una potencia; porque ganó una guerra contra Argentina y porque ha impuesto su hegemonía política frente a un país del tercer mundo como lo es la Argentina.
Colombia debería ahorrarse todo ese dinero que está gastando en abogados para defenderse ante la CIJ y pensar hacia futuro, en cómo contarle a la gente que esa zona marítima se perdió (aunque nunca fue de Colombia) y cómo empezar a sacar adelante a este país sin ese diferendo limítrofe. El actual gobierno simplemente está difiriendo las malas noticias hacia futuro, para que otro presidente le diga a los colombianos: “Ese territorio se perdió, lo siento”. Colombia, de hecho, no acató públicamente el fallo de 2012 pero en la práctica, en el terreno sí lo hizo. Los barcos de la Armada Nacional han respetado los límites que impuso ese fallo, y desafortunadamente tendrá que hacerlo con las nuevas directrices que determine la Corte Internacional de Justicia de la Haya. Colombia está sintiendo los rigores del advenimiento del Nuevo Orden Mundial, donde Estados Unidos no quiere potencias que le hagan pantalla, ni mucho menos posibles potencias emergentes que obstaculicen su programa de dominio global.
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