Luis Gavazut Bianco
José Gregorio Piña
Luis Salas Rodríguez
Juan Carlos Valdez
Juan Romero
Tony Boza
La coyuntura que actualmente vivimos exige ponerse a la altura. Ya no estamos atravesando una situación difícil, compleja o de emergencia: enfrentamos una situación de guerra. Una guerra multidimensional que no es nueva, bien es cierto, pero que ha escalado a un nuevo nivel y se hace cada vez más explícita.
En tal sentido, todos aquellos que han negado la existencia de una guerra económica se ven ahora obligados a revisar sus análisis y rendirse ante la evidencia. Pero también se ven obligados a ello quienes, aceptando discursivamente su existencia, limitan el accionar práctico a la instrumentalización de medidas convencionales.
Tiempos de guerra exigen medidas de guerra. Y la práctica demuestra que ceder ante los chantajes de los poderes económicos, nunca ha sido una garantía de estabilidad y resguardo de la democracia: las experiencias disímiles, pero paralelas, de Grecia con Syriza, la Libia de Gadafi y el Brasil de Dilma, sirven como evidencia.
Los casos de Venezuela en 2002-2003 con el golpe de Estado y el bloqueo petrolero-comercial, el de la Siria de Bashard Al Assad, y de nuevo la de nuestro país entre abril y julio de este 2017, demuestran, por el contrario, que solo la movilización activa y el no claudicar la iniciativa son las únicas garantías de victoria.
No está de más tener presente, como el propio presidente Maduro correctamente lo señaló, que las sanciones tomadas por el gobierno norteamericano no van dirigidas contra el gobierno nacional, sino contra el país y la población toda, independientemente de la filiación política de las personas. En consecuencia, se impone la necesidad de tomar medidas especiales que resguarden la soberanía pero también protejan a la ciudadanía y al pueblo.
Repetimos: no estamos ante una crisis económica, estamos ante una declaratoria de guerra por parte de los poderes económicos y políticos mundiales, guerra económica, financiera y comercial que busca “calentar el clima interno” de manera de crear las condiciones para un colapso del país, lo que en última instancia sería usado como excusa para una intervención militar.
Pero al mismo tiempo debemos estar conscientes de que lo que ahora se presenta como una agresión, también puede ser considerado una oportunidad. De tal manera, así como los eventos de 2002-2003 permitieron alcanzar la soberanía en el manejo del recurso petrolero y sellar la alianza cívico-militar, la actual coyuntura puede convertirse en la ocasión propicia para alcanzar la soberanía monetaria y del comercio exterior. Sin embargo, nada de esto se alcanzará, como hemos dicho, con medidas convencionales ni cediendo a los chantajes.
Es complejo en la actual coyuntura definir medidas concretas a recomendar al Ejecutivo y la ANC en materia económica. Y lo es por varias razones, pero primero y principal por la ausencia de información actualizada y precisa sobre las cuentas e indicadores nacionales. Por otra parte, sabemos que no hay recetas mágicas. No obstante, basados en nuestra experiencia y análisis, que son públicos y conocidos, en el mejor ánimo de contribuir a la defensa nacional, planteamos la necesidad de avanzar en la siguiente dirección:
En materia cambiaria y comercio exterior
1.- Reforzar el control cambiario, suspender la asignación de divisas a empresas privadas y particulares, y destinarlas disponibles a importaciones directas del Estado de bienes esenciales desde países aliados.
2.- En el caso de excepciones que deban hacerse al punto anterior, luego de su debida y pública justificación, hacerlo por la vía financiera, no por la cambiaria. Es decir, en lugar de venderles las divisas a las transnacionales, prestárselas a interés y con garantías reales suficientes de recuperación del préstamo en divisas.
3.- En cualquier caso de asignación de divisas, tanto a empresas privadas como públicas y organismos del Estado, verificar exhaustivamente a priori y a posteriori el uso dado a las mismas.
4.- Supeditar la asignación de divisas a un baremo de precios internacionales de referencia a fin de impedir la sobrefacturación de importaciones y la evasión tributaria por precios de transferencia, así como el traslado subsecuente de precios inflados a las estructuras de costos de producción, distribución y comercialización.
5.- Transparentar la administración de divisas para evitar la corrupción y facilitar la contraloría social, mediante la publicación detallada de todas las asignaciones efectuadas por CENCOEX, cruzada a su vez con la data aduanal de importaciones registrada por el SENIAT en el SIDUNEA.
6.- Crear un ente operativo, con capacidad sancionatoria, tal vez mejorando la concepción del previsto y aún no implementado Ente de Interoperabilidad, controlado directamente por Miraflores, que vincule obligatoriamente en tiempo real todas las bases de datos de órganos y entes del Estado, procese toda la información mediante el uso de las tecnologías de información y comunicación y rinda informes de inteligencia sobre dichos análisis.
7.- Orientar el petróleo que actualmente se le vende a Estados Unidos de América hacia nuestros aliados euroasiáticos, lo que podría incluir la modalidad de trueque por bienes esenciales.
8.- Iniciar un proceso de renegociación y reestructuración de la deuda externa, con países e inversores aliados.
En materia de precios y abastecimiento
9.- Constituir una Comando Integrado de defensa de los derechos socioeconómicos de la población, que sume a la SUNDEE, la Superintendencia Anti-Monopolio, al Ministerio Público, a la Defensoría del Pueblo, al SENIAT, SUDEBAN, la FANB y demás órganos y entes competentes.
10.- No reconocer o aceptar la fijación de precios utilizando como referencia el marcador del tipo de cambio del mercado paralelo para la determinación de costos.
11.- Decretar el monopsonio estatal obligatorio en los bienes esenciales, a fin de dotar al Estado de poder de negociación del precio de los mismos con los monopolistas que controlan su importación, producción, distribución y comercialización.
12.- Fortalecer los mecanismos de distribución directa o programada de alimentos y otros bienes esenciales.
13.- Iniciar, tomando como base las empresas públicas, de la economía comunal y las pequeñas y medianas, un proceso de sustitución de importaciones privilegiando bienes e insumos esenciales para la población.
En el caso de Colombia
14.- Cerrar la frontera con Colombia indefinidamente.
15.- Denunciar a Colombia ante la OMC por la aplicación de prácticas desleales de comercio internacional, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo a través de casas de bolsa de frontera.
16.- Denunciarla ante UNASUR por violación a la territorialidad de un país miembro, específicamente por favorecer e incentivar el contrabando de extracción y los ataques a la moneda nacional.
En cuanto a la defensa nacional
17.- Firma inmediata de un Tratado Militar de Asistencia Recíproca con potencias aliadas, autorizado por la plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente.
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