Desde el Ministerio de Sanidad, con el acuerdo de todas las CC.AA., se han tomado medidas para hacer que la factura de los medicamentos sea más ligera para la Seguridad Social y permita ahorrar en el total del Estado 2400 millones de euros, que no es poco.
Afortunadamente, más tarde que temprano, se ha acordado que impere el principio básico, de tal forma que los médicos, ante un diagnóstico determinado, deberán recetar un principio básico y los farmacéuticos elegir el producto que lo contenga y sea más barato.
Esto ahorra al Estado 2000 millones. Además, cuando tengan más de diez años –el tiempo en el que caducan las patentes—, los medicamentos bajarán su precio en un cinco por ciento, lo que supondrá un ahorro adicional de 400 millones.
Me parece muy acertada la medida. Ya es hora de que se opte por soluciones de ahorro en este país, donde los excesos campan por sus lares para regocijo de los grupos de presión interesados.
Y no hay nada más que ver cómo han reaccionado las partes interesadas para darnos cuenta de que esta decisión ha sido un acierto. Mientras que los consumidores y los médicos se han declarado favorables a la medida, los farmacéuticos y, sobre todo, los laboratorios han puesto el grito en el cielo, hablando de la libertad de elección, de peligro para la salud y de no sé cuántas sandeces más, cuando lo que ellos hacen no es sino comerciar con nuestra salud y obtener pingües beneficios.
Esta decisión tiene un antecedente en Andalucía, donde se tomó la medida hace años y ningún parámetro indica que haya sido dañino para la salud –argumento que utiliza el lobby farmacéutico-- y sin embargo ha bajado, de forma importante, la factura farmacéutica.
Sin embargo, hay algo más que hacer y que haría bajar notablemente, también la factura que paga la Seguridad Social. En primer lugar, hacer respetar el acuerdo que existe de recetar genéricos, que no suele cumplirse. Y, además, adecuar las dosis del medicamento prescrito al tratamiento diagnosticado. Cuestión que ya viene haciéndose en muchos países, como por ejemplo en el Reino Unido.
Se trata de no desperdiciar gran parte de los medicamentos prescritos. Supongamos que se trata de un tratamiento de dos pastillas al día durante cuatro días, o sea un total de ocho pastillas. ¿Por qué tener que llevarse una caja con 25? Muchos somos los que tenemos un botiquín con cajas de medicinas que no tomaremos más y que están medio llenas o casi llenas. ¿Por qué no recetar las dosis pertinentes? ¿Por qué tener que almacenar o tirar medicamentos constantemente?
Es entendible que se receten dosis grandes y sin cantidades fijas en las enfermedades crónicas, pero no en los tratamientos específicos. ¿Cuánto ahorraríamos si se actuara así?
Las multinacionales farmacéuticas tienen un gran poder, pero hay que ir desarmándoles y haciendo que cuestiones como la promoción, la publicidad o el mercadeo no tengan influencia en temas de salud.
Los costes comerciales, provocados por el marketing aplicado a los medicamentos, son altísimos y van dirigidos fundamentalmente a la clase médica. Si estos gastos se eliminaran o se bajaran considerablemente, el costo de los fármacos sería muy inferior.
Bienvenida esta medida, pero esto no debería ser el final del viaje. Hay que insistir en que, sin que se vea afectada nuestra salud, se pueden aplicar otras decisiones que pueden ayudar a que los gastos de los fármacos puedan descender. Por ahí han de ir los tiros, a pesar de que no serán pocas las presiones de las multinacionales farmacéuticas, que utilizarán toda su fuerza para evitarlo. Ahí es donde se ve la voluntad política de un gobierno, combatiendo a quienes buscan por encima del bien colectivo, sus intereses gremiales.
Salud y República