El cuestionamiento de la iniciativa del Gobierno español y de los responsables de la Sanidad Públicade repatriar un enfermo con Ébola a España no busca alimentar un alarmismo social injustificado, sino valorar la idoneidad de unas decisiones sanitarias que, como poco, fueron controvertidas. Tampoco se trata de ofender los sinceros sentimientos de nadie, respetables como los de todos, cuando se discuten decisiones que deberían estar presididas por el interés general y no por comprensibles pero injustificadas razones emocionales, personales o religiosas, sin que se prevean, en primer lugar, los sistemas, protocolos o mecanismos de actuación rigurosos y comprobados que garanticen la protección de la población ante el riesgo, grave y posible, de exposición a una infección epidémica letal; y, en segundo término, la manera más eficiente, inmediata y eficaz de tratar médicamente al compatriota enfermo que se decide trasladar a España.
No parece que las respuestas a estas preguntas ni los datos que se van conociendo de las partes implicadas en esta “crisis del Ébola” secunden las afirmaciones de la titular de Sanidad, pese a que asegure que su ministerio, a través de la Dirección Pública, haya estado desde el primer momento coordinado con la OMS, la Unión Europea (UE) y las Comunidades Autónomas (CC.AA.), así como con los Ministerios de Defensa, Exteriores, Interior y Fomento, todo lo cual permitió trasladar en breve tiempo al sacerdote infectado, aunque lamentablemente no haya servido para nada, como era previsible. Parece que la ministra considera un logro extraordinario la repatriación de un enfermo terminal de Ébola a España.
Una selección arbitraria del personal, una ubicación improvisada y una gestión temeraria de la situación son las consecuencias de una decisión “política” que obliga al traslado del sacerdote afectado muy gravemente por el virus del Ébola a España, atendiendo a consideraciones que se escapan, seguramente muy importantes y poderosas, pero que no se adecuan a los imperativos y recomendaciones sanitarios y de Salud Pública que deberían orientar a los responsables de la sanidad española. Algo se ha hecho mal.