por Gabriel Conte
Carlos Varela Álvarez* es abogado. Chileno de nacimiento, argentino por opción, vivió el exilio en Suecia y luego desarrolló su tarea en Mendoza, especializándose en derecho penal y en la defensa de los Derechos Humanos. Su trayectoria es diversa y conocida no solo aquí, sino en otros países. Pero vive aquí, en Mendoza. Desde hace años lleva hasta las últimas instancias casos en los que pocos se interesan: aquellos en los que las víctimas no tienen voz o, si la tuvieron alguna vez, la perdieron por completo bajo la opresión de, por ejemplo, las balas que el estado le dio a algún empleado público para cuidar la tranquilidad del resto de los mendocinos.
Lo puede hacer y lo quiere hacer. Se lo habrá visto en los tribunales con casos anónimos de personas que requerían de un abogado defensor y acompañando a poderosos que lo contrataron como su patrocinante legal, basados en su conocimiento del derecho.
En las últimas semanas se conoció que uno de sus defendidos fue reivindicado, varios lustros después. Se trata de Roberto Castañeda, un mendocino que desapareció luego de que lo vieran por última vez en poder de la Policía, pero que luego apareció quemado dentro de su vehículo, sin vida. Pasó aquí cerca, llegando a Lavalle. MDZ conoció la noticia de que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con sede en Ginebra, Suiza, se había expedido sobre el tema, condenando a la Argentina. Carlos Varela Álvarez lo confirmó. Dimos la primicia, ya que se trata de la primera vez en el país que un caso de homicidio en manos de un agente del Estado recibía este tipo de resolución internacional. Rebotó en las redes sociales de manera inusitada, y también en la prensa nacional. Pero no tuvo un éxito de lecturas aquí, en donde pasó, como tantos otros casos.
- Cuando publicamos la noticia de que, finalmente, el Comité de DDHH de la ONU se había expedido por primera vez sobre un caso de gatillo fácil en la Argentina, por el asesinato de Roberto Castañeda en Mendoza, la noticia estalló a nivel periodístico, en Facebook y Twitter, pero la idea es que a la gente no le interesó. ¿Por qué?
- Algunos factores, siguiendo tu lógica, es que quizás habían ese día otras noticias, o que el caso no es conocido o porque se ignora el procedimiento ante Naciones Unidas.
Tengo otra impresión y es que a la gente ( me incluyo), sí les interesa, quizás no profundizamos, pero el hecho se instala. La gente entre las cosas que más consume es la información policial especialmente la digital o la de televisión.
Roberto Castañeda.
- Tengo la sensación que quienes se dedican a defender los derechos humanos hablan un lenguaje un poco cerrado, encriptado, lleno de frases comunes que se entienden entre gente del mismo grupo y no llegan con su mensaje al gran público. ¿Me equivoco? ¿Estoy exagerando?
- No comparto las generalizaciones, hay de de todo tipo, quienes usan un lenguaje técnico porque deben comentar o explicar un proceso y quienes pueden ser más didácticos, pero lo mismo pasa en un caso con un médico o un economista. Creo sí que el espectador o lector, salvo en diarios impresos, busca la síntesis, no tiene mucho tiempo y quiere la explicación ágil y fácil. A veces eso no es posible y eso hasta atenta contra la complejidad del tema. Pero en definitiva no es muy difícil contar una violación de derechos humanos, quizás lo más complicado es probar o relatar son las tramas jurídicas o políticas que puedan ocurrir, por eso pienso que en estos casos es mejor que hablen las victimas directas del caso, nada mejor narrado que lo vivido personalmente. Entre la ansiedad de la prensa por la primicia o la cobertura de otras noticias y la necesidad de explicar, me quedo con los relatos personales.
- ¿Qué tal si le decimos a la gente: “Un empleado público sacó un arma de su trabajo y mató a un pibe”? ¿Cree que la gente se da cuenta de la gravedad de los casos de gatillo fácil?
- Sí , por supuesto que se da cuenta, de lo contrario pensamos que la gente no tiene capacidad de comprensión. Vivimos al menos en Argentina un estado de sospecha permanente; ¿en quién confiar? Nuestra historia está llena de “historias oficiales” que luego han resultado falsas y si hay algo que hace el poder generalmente es mentir al respecto ( “el que depositó dólares recibirá dólares” por ejemplo es un caso impresionante de mentira politica o el “Siganme no los voy a defraudar” de Menem, o el Mapa de la Seguridad de Jaque, o todo lo que De la Rúa habló sobre el famoso “blindaje financiero” son otros casos de técnicas de campañas que luego demuestran o el engaño del candidato o la falta de capacitación en el tema. Para qué hablar del “vamos ganando” de Malvinas). Cuando la prensa habla de gatillo fácil, sabemos que estamos haciendo referencia a la violencia policial. Distinto es cuando la información hace referencia a “ajuste de Cuentas” que permite que todo quede en principio en la nada y lo sacamos entonces del tema inseguridad, como si los hechos de violencia sólo son los que se producen entre desconocidos. Es lo que pasaba en la dictadura cuando para tapar una ejecución se la decía que “hubo un enfrentamiento”.
- ¿Por qué será que muchas personas, por lo menos en mi sensación, toman partido por los asesinos y se empecinan en buscarle antecedentes a las personas que son asesinadas por la policía, como para justificar el hecho?
- Tengo la opinión que eso depende siempre como se plantea el caso. En eso juega mucho la labor de la prensa y la investigación directa e imparcial de la justicia. Pero estoy de acuerdo que en principio existe una idea de apoyar el accionar de las fuerzas del Estado y soy un convencido que hay gente que sin problemas apoya la tortura de personas privadas de libertad. La historia nos dice, sean o no sagradas las escrituras, que la gente prefería a Barrabás que a Jesús y que el pan y circo no fue un invento menemista sino que tiene patente romana. Eso jamás puede justificar la acción de un Estado y menos las instituciones permitir su avance, pero en Tucumán alguna vez se eligió a un genocida como Bussi y en Buenos Aires también lograron el apoyo electoral personas como Rico y Patti. Ahora bien esos retrocesos ayudan a que los derechos humanos sean obviamente mucho menos sensibles para la gente.
Ninguno de estos personajes pudo por la vía democrática en definitiva darle solución a los problemas de seguridad e inequidad social y demostraron su demagogia y que sólo “funcionan” con un marco represivo. Ahora bien, porqué entonces han sido elegidos?
- ¿Cuál es el déficit en este sentido del “gobierno de la seguridad” en democracia? Hay que tener en cuenta que después de las reformas que se hicieron, volvimos a tener una oleada de gatillo fácil, algo que se creía desterrado.
- Creo que el sistema democrático nos debe a la gente muchas cosas, pero esencialmente una policía y justicia comprometida con el respeto de los derechos humanos. Cuando digo derechos humanos me refiero tanto los derechos de las víctimas del delito como quienes lo cometen. Me siento muy disconforme con la capacitación, tecnología, salarios, condiciones de vida, y valores con que se forma la Policía de Mendoza y en lo que al Poder Judicial, al que se ingresa dando un examen de conocimientos y luego se enfrenta a las bolillas blancas o negras y se quedan de por vida, pienso que no es lo más decoroso de un proceso de selección para jueces tanto provinciales como nacionales, que se encargan de administrar los derechos de las personas. Este gobierno provincial como los otros anteriores, carecen de Políticas Públicas en este tema, jamás lo han abordado seriamente. Todas las ideas que se escuchan son meros abordajes de propaganda que no se condicen con un programa serio y que responde generalmente a propuestas que sólo traen mayor represión. Por otro lado la seguridad o la inseguridad están íntimamente relacionadas con la equidad social. Por tanto si se quiere hablar realmente de ella debe saberse qué modelo educacional, de salud, de trabajo y de redistribución del ingreso se propone. Más móviles policiales, cámaras de vigilancia, endurecimiento de penas, baja de edad para ir a prisión, son sólo baratijas frente a algo realmente complejo, diferenciado, sistémico y dinámico. Por tanto un plan o modelo de seguridad que no contemple estos aspectos está destinado al fracaso aun cuando cuente con excelente propaganda. La indigencia, la pobreza, el trabajo infantil, la desnutrición, los basurales, son fotos de los signos que no queremos ver y que luego se trasladan a la violencia urbana generalmente en las páginas digitales traducidas a titulares policiales. El encierro de las personas en barrios privados y centros de compras, frente a la exclusión social, el crecimiento de barrios periféricos, las usurpaciones, etc demuestran que los antagonismos no han desaparecido aún cuando ha habido avances para una mayor inclusión social.
- Concretamente en el caso Castañeda, ¿cuán grave tenemos que interpretar que es esta opinión del Comité de DD HH de las Naciones Unidas?
-Roberto Castañeda fue el primer ejecutado por fuerzas policiales en democracia que se tenga conocimiento y esto sucedió lamentablemente en Mendoza 1989, durante la gestión de José Octavio Bordón y bajo la policía de Marcos y Norberto Mercado. La gravedad del hecho; asesinado y quemado, habla por sí de varias cosas. Que volvimos a repetir esquemas donde había un compromiso del Nunca Más, y ello envuelve a mi modo de entender al Poder Ejecutivo y Judicial tanto como lo fue en la dictadura. En este caso el de Castañeda, la razón fue la “limpieza social” y antes había sido la limpieza ideológica. Nunca José Bordón respondió por los crímenes de su gobierno y las prácticas policiales de las que él era su jefe directo, como luego sucedería con Raúl Baigorria y Adolfo Garrido como por el caso de torturas en la Comisaría de Lavalle en la persona de Mario Gómez Yardez, todos casos llevados a instancias internacionales. El segundo aspecto es la existencia de una herencia que no hemos rechazado, y es que no existe un mecanismo independiente e imparcial que permita investigar los delitos cuando éstos son cometidos por personal policial y tampoco uno que permita lo mismo con los jueces y fiscales responsables de la impunidad.
- ¿Cree que el gobierno nacional, que adscribe a un discurso defensor de los DD. HH. ha tomado debida nota del tema o porque (como yo creo) porque la noticia no es de Buenos Aires, la dejó pasar?
-La respuesta del caso Castañeda de la Cancillería fue aceptar que teníamos razón. En tanto el gobierno provincial fue dilatando el proceso de solución del caso. El gobierno nacional siempre tiene la impresión que esto es un problema entre la Provincia y por tanto evitará siempre asumir cualquier costo.
- ¿Cree que se cuidan tanto los derechos humanos del presente como los del pasado?
- Quisiera decir que el concepto de derechos humanos es y debe ser ampliado en algunas direcciones. La primera es que el derecho a la vida, como a un salario digno, jubilación, salud, medio ambiente y propiedad, son derechos humanos e iguales, y eso es muy importante porque existen hoy miles de asociaciones civiles y personas que luchan por muchos de estos derechos, por todos ellos o por algunos. Tan importante es el derecho de huelga como el de circulación o el de libertad de expresión y honor de las personas o el derecho de ser informado verazmente como el acceso a la información pública. Ahora bien todo ello para que sea conciencia de un derecho necesita difusión, capacitación y acciones positivas tanto del Estado como de los actores sociales no gubernamentales. Si tomamos todos esos derechos y nos queremos poner una nota, nos falta mucho pero se ha avanzado tanto por acciones del Estado especialmente desde la Presidencia de Néstor Kirchner como por las acciones de las asociaciones civiles y no siempre estando todos de acuerdo, como ha sucedido con los pueblos originarios, la minería o los glaciares. En ese sentido soy optimista respecto más que nada del avance del concepto de derechos humanos que del efectivo goce y disfrute de los mismos y por ello cada generación debe ser responsable en la educación en derechos humanos para una sociedad más justa y libre. Por último la discusión sobre un paradigma. Caso , matan a una persona a la que roban, que deja familia y trabajo y dos asaltantes son detenidos. Las personas acusadas son adoptadas por el Estado, se las lleva a la cárcel e hipotéticamente se las tratará dignamente, procurándoles salud, derecho de defensa, un juicio justo y recuperación social. Eso debe ser así y debe mejorarse. Ahora bien con la familia de la persona muerta, que perdió un derecho irrecuperable, el de la vida, cuyos hijos quedan a la deriva, sin proyecto de familia, sin proyecto de vida, el Estado dado que los autores son civiles, no se hará responsable de nada, más que por allí un subsidio. Creo que nos falta un profundo sentido de solidaridad social con las víctimas de delitos que quizás con este ejemplo he exagerado pero que ocurre a diario. Si el derecho a la vida, a la libertad , a la integridad, a la propiedad, etc es un derecho humano, la violación de este por un particular también lo es y no es suficiente la acción del derecho penal, es por el contrario insuficiente. Esa para mi es una discusión actual, vigente y necesaria. Los derechos humanos no pueden ser jamás objeto de dogmas sagrados, ni propiedad de nuevas inquisiciones, son la cobertura, el envoltorio de nuestra libertad y dignidad y sus únicos dueños es la sociedad civil.
*Abogado penalista. Experto en Derechos Humanos.
Fuente: mdzol.com