Agosto cerró con otro récord histórico con el precio del megavatio hora (MWh) hasta los 130,53 euros, el más caro de la serie histórica. Fue el mes con el recibo eléctrico más caro de la historia. En un año se ha triplicado y en las últimas semanas el coste medio del megavatio hora se ha mantenido por encima de los 100 euros, lo que ha provocado serios incrementos en la factura eléctrica. Teresa Ribera, compareció el pasado lunes en el Congreso de los Diputados y descartó intervenir los precios del mercado para fijar costes máximos, aunque admitió que la factura de la luz subirá un 25% todavía este año. Subrayó ser más partidaria de modificar ciertos aspectos de la tarifa regulada que de intervenir el mercado mayorista e imponer precios máximos. La ministra para la Transición Ecológica criticó la “falta de empatía social” de las eléctricas y recordó las dos iniciativas de su Ministerio: reducir los llamados “beneficios caídos del cielo”, que reciben la energía hidráulica y nuclear, y la creación del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, que pretende dejar fuera del recibo en los próximos cinco años el coste de las primas a las renovables. La responsable de poner fin al robo del oligopolio eléctrico a través del recibo de la luz pidió “empatía social” al poder concentrado. LuhNoticias critica duramente a “la ministra que le pide ‘empatía social’ a una mafia desatada, que se ha marcado como objetivo usar el recibo de la luz para derribar al Gobierno”. Dice que es “una tertuliana, una coach de mindfulness, una vendehúmos, una sacerdotisa, una charlatana, pero en ningún caso una ministra. Al menos no una ministra seria y solvente. La renuncia de la misma a intervenir en el mercado eléctrico no es otra cosa que la demostración de la inutilidad de la (ex)socialdemocracia para defender la igualdad y la justicia social, así como el desprecio al Estado como herramienta para corregir las distorsiones que provoca el libremercado”. Y termina calificando la petición de “empatía social” como “tomadura de pelo a las familias que se las ven y se las desean para pagar el recibo de la luz o que no pueden encender el aire acondicionado en verano ni la calefacción en invierno. El PSOE no falla. Cada vez que llega la hora, entre proteger a las clases medias y trabajadoras o a las multinacionales, este partido se posiciona con los poderosos y desprecia el Estado como herramienta para hacer política a favor de los de abajo. No es lo mismo gobernar que ser una charlatana que pide ‘empatía social’ pudiendo escribir en el Boletín Oficial del Estado”.
Durante el mes de agosto, y en plena ola de calor, el precio fue marcando un nuevo récord tras otro, provocando que el precio medio del mes alcanzase los 106 euros/MWh. Esta cifra supuso el mes más caro de la historia, tras el de julio, que ya marcó un nuevo récord de por sí, con un precio de 92,4 euros. De un mes a otro, el precio de la luz se ha encarecido hasta un 15%. El contexto de subidas en el 'pool' eléctrico estuvo marcado por el incremento en los precios de los derechos de CO2 y del gas, a los que se unió el aumento de la demanda por las altas temperaturas y una menor contribución de las renovables, especialmente la eólica por la ausencia de viento. Hay que recordar que el precio de la energía tiene un peso cercano en la factura de en torno al 24%, mientras que alrededor del 50-55% corresponde a los peajes —el coste de las redes de transporte y distribución— y cargos —los costes asociados al fomento de las renovables, a las extrapeninsulares y las anualidades del déficit de tarifa— y el resto, a impuestos. No obstante, la factura de la luz de un usuario medio en agosto fue, sin duda, “la más cara de la historia”, con un encarecimiento en la primera quincena del 43,7% con respecto al mismo periodo del año pasado, según datos de Facua-Consumidores en Acción. Hasta la fecha, según datos de la asociación, los cinco recibos más elevados han sido los 88,66 euros del primer trimestre de 2012 (con el IVA al 18%), los 87,81 euros de enero de 2017, los 85,34 de julio de 2021, los 83,55 euros de septiembre de 2018 y los 82,13 euros de mayo de 2021 (en todos los casos con el IVA al 21%).
Mientras tanto, ¿qué hace el Gobierno “más progresista de la historia”? La vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, avanzó en el Congreso cambios en la tarifa regulada PVPC. Sin embargo, descartó una intervención pública para fijar precios máximos o mínimos en el mercado mayorista, tal y como le demandaba su socio de coalición, Unidas Podemos. La drástica escalada de precios en la factura de la luz situó a Ribera bajo el fuego cruzado de la oposición, buena parte de la ciudadanía e incluso sus propios socios de Gobierno. Unidas Podemos presionó al PSOE para que emprendiese una serie de reformas que permitan paliar la locura del mercado mayorista de la electricidad. Y acusó a las eléctricas de no tener “ninguna empatía social”, añadiendo que “aunque suene a broma, la empatía social cotiza en bolsa”. Rivera admitió que el recibo de la luz subirá un 25% este año, pero descartó intervenir el mercado eléctrico, señalando que es partidaria de una reforma de la tarifa regulada para que no dependa tanto del mercado mayorista. Y, si bien se mostró dispuesta a acometer una nueva reforma de la tarifa regulada de la luz para limitar su vinculación directa con el mercado mayorista de electricidad, fue tajante al respecto de la petición de Unidas Podemos y la de otros partidos de la oposición de establecer precios máximos para la electricidad. La ministra dejó claro que el Gobierno no intervendrá el precio de la luz ni modificará el sistema de subastas para fijar el precio mayorista ni su mecanismo de precios marginales. Recordó que su Ministerio ha planteado dos iniciativas que ya han iniciado su tramitación en el Congreso, una de ellas para reducir los llamados “beneficios caídos del cielo”, que reciben la energía hidráulica y nuclear, y la segunda, la creación del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, que pretende dejar fuera del recibo en los próximos cinco años el coste de las primas a las renovables.
Txema Guijarro, secretario general del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, aseguró que se requerían medidas valientes para combatir la subida del precio de la luz y opinó que el PSOE mostraba falta de ambición al respecto. Animó a la ciudadanía a movilizarse para exigir que el Ejecutivo fuera “audaz” y adoptase iniciativas frente al oligopolio eléctrico, subrayando que, ante el “ciclo inflacionario” actual, se dieran “todas las condiciones” para poder anunciar en próximas semanas una subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). En declaraciones a RNE, Guijarro destacó que la “urgencia” de la situación en lo referente al precio de la luz que se “agrava” lleva a que el Ejecutivo esté “cada vez más impelido a tomar medidas”. Y dejó claro que el Gobierno de coalición “no es el culpable” de la subida de la electricidad, pero “sí es responsable de cambiarla y ofrecer una alternativa”. En este sentido, subrayó que el Ejecutivo ya ha optado por la vía fiscal, con la reducción del IVA a la energía, y que puede ser una solución a corto plazo, pero no a medio y largo en las que se requieren otras actuaciones, como la creación de una empresa pública de energía o buscar otros modelos del mercado eléctrico. Sobre la posición de la vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, Guijarro dijo que puede entender que la ministra “ponga sus peros”, si bien la obligación de los grupos parlamentarios es poner propuestas encima de la mesa y discutirlas, máxime cuando la situación “complicada” del precio de la luz no se soluciona con un “chasquido de dedos”. Cuestionado sobre si ve falta de ambición en el PSOE a la hora de desplegar medidas, Guijarro respondió “abiertamente” que sí y que se requiere movilización para presionar al Gobierno para que sea “audaz” y “valiente”. En cuanto a si se deben aplicar iniciativas en función de la renta de los ciudadanos, como extender el bono social eléctrico a otras capas de la población, el diputado cree que ahora mismo no hay que descartar ninguna alternativa ante una factura de la luz “disparada”, que además siempre tiene un “sesgo desigual”.
El PSOE asegura que el Gobierno “está haciendo un gran esfuerzo” para abaratar el precio de la luz. La portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Hana Jalloul, aseguró que “el Gobierno “no ha dejado de trabajar en ningún momento”. Jalloul recuerda que, mientras se acometen “las reformas estructurales del mercado energético” en nuestro país, el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez ha puesto en marcha medidas como rebajar del 21 al 10% el IVA de la factura eléctrica, suspender el 7% del impuesto de generación y “proteger a los más vulnerables” con el bono social y la aprobación del abono social térmico. Jalloul hace un llamamiento a los partidos políticos para que apoyen al Ejecutivo y se dirige al principal partido de la oposición, el PP, que ahora “se rasga las vestiduras” por la factura de la luz, cuando fueron los populares los que “pusieron el impuesto al sol, en 2015, que el gobierno quitó, en 2018. Si de verdad les interesan los consumidores, que apoyen las leyes del Gobierno”, zanjó la socialista.
Sin embargo, miembros del Gobierno, como Yolanda Díaz, pidieron que la rebaja del IVA de la luz fuera permanente, interviniendo en los precios. La vicepresidenta segunda culpó de la subida de la luz a “un proceso de privatizaciones del sector eléctrico” y aseguró que el Gobierno tiene la “obligación” de atajar la situaciónAsí lo señaló la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo en una entrevista publicada por Ctxt y recogida por Europa Press. En este contexto, aseguró que en el Gobierno hablan de cuál es la situación del país y que son “perfectamente conscientes de la difícil situación por la que están pasando miles y miles de familias”. En concreto, hizo referencia al precio de la luz, los carburantes, la dificultad para acceder a una vivienda o la precariedad laboral. A juicio de la ministra, estos son “problemas estructurales y heredados que afectan al día a día de la ciudadanía” y, por ello, el Gobierno “tiene la obligación de darles respuesta”. Para Díaz, la situación “ya clama al cielo”. La subida del precio es el resultado de “un proceso de privatizaciones del sector eléctrico que se vendió como una modernización del país y que, supuestamente, beneficiaría a los usuarios pero que ha acabado en un oligopolio con precios multiplicados cada año. La ministra defiende que la reducción del IVA de la luz debería “quedarse de forma permanente”. Insiste en que es el momento de “ser valientes”. Explica que España es un país “dependiente energéticamente” por lo que “no se puede comparar con otros modelos europeos. Justamente por esto hay que intervenir en el precio de la energía y caminar hacia los precios regulados”. “Hay que pensar en grande, no en ir tirando. Para mí cada minuto en el Gobierno es un minuto para seguir avanzando en derechos”. Y hasta el retirado Pablo Iglesias rompió su silencio, instando a Pedro Sánchez a ser valiente y cumplir con el acuerdo. No obstante, la ministra Rivera tiene claro que las soluciones de los morados, que llega a calificar de “bombas de relojería”, no son asumibles. De hecho, afea a sus socios que deslicen que carece de “sensibilidad social” y que sirve a los intereses de las empresas del Ibex 35.
El Govern de Illes Balears, presidido por la socialista Francina Armengol i Socias, pero cuyas competencias energéticas recaen en su vicepresidente Juan Pedro Yllanes Suárez, de Unidas Podemos, es un ejemplo de que sí se quieren cambiar las cosas y bajar la factura eléctrica a la población. El Ejecutivo regional puso en marcha el Instituto Balear de la Energía (IBE), la empresa pública de energía prevista en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética regional, que se convertirá el año que viene en la primera comercializadora pública, a nivel autonómico, del Estado. Este año entrarán en las Illes Balears en funcionamiento los primeros proyectos de autoconsumos compartidos impulsados por el Govern que suministrarán energía a precio de coste, verde y de kilómetro cero a familias vulnerables y PYMEs, tal y como cuenta el propio Juan Pedro Yllanes Suárez. Los planes para 2022, con la llegada de los fondos europeos, son pasar de 6 proyectos a 35, llegando así a cada vez más pueblos y barrios de las islas, permitiendo así abaratar la factura. Balears pretende ser ejemplo con esta gestión de una descentralización de la generación de electricidad, porque, tal y como señala Yllanes, “la concentración en pocas manos es una de las raíces del problema”. “Impulsamos e incentivamos la entrada de nuevos productores de energía, democratizando así su generación y estableciendo unos requisitos a los proyectos para que cada vez más personas a modo particular y pequeños inversores locales formen parte de esta transición energética”, indica el vicepresidente. “Esta transición no puede dejarse en manos de las grandes empresas, sino que tiene que ser socialmente justa, inclusiva y participativa. Para garantizar que así sea es necesario una empresa pública de energía”, reivindica.
El presidente, Pedro Sánchez, durante una conferencia en Casa América para inaugurar el nuevo curso político, no eludió la constante alza del precio de la luz y avanzó que el Ejecutivo actuaría “dentro del marco regulatorio europeo”, lo que descartó una serie de intervenciones reclamadas por sus socios de Gobierno de Unidas Podemos. Sánchez anunció una subida “inmediata” del SMI para tapar el precio de la luz. A las medidas ya adoptadas para la bajada del IVA en la factura de la luz o la ampliación del bono social, el presidente del Gobierno reclamó el apoyo de los grupos parlamentarios para tramitar de forma “rápida” la ley de creación del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema eléctrico y del mecanismo para frenar las sobrer-retribuciones. Acompañado por todos los miembros del Gobierno y un nutrido grupo de empresarios, incluidos representantes de las principales eléctricas del país (como José Ignacio Sánchez Galán y José Bogas), el jefe del Ejecutivo defendió los fondos europeos como un arma “para animar la inversión privada” y, a medio plazo, transformar industrias relevantes para la marcha de la economía española. Para ello volvió a destacar la agenda de reformas pendientes con Bruselas, con el objetivo de “continuar haciendo avanzar a la economía española”, destacando la “importancia” del Estado y de lo público. Los Presupuestos Generales del Estado para 2022, que todavía negocian los socios del Gobierno de coalición y que desde Hacienda confían que sacar adelante “en tiempo y forma”, darían el oxígeno necesario al Ejecutivo para llegar al final de la legislatura.
Víctor Manuel López Rodríguez, alcalde de Batres, municipio de alrededor de 1.750 habitantes situado al sur de la Comunidad de Madrid, se planta y se opone a pagar el recibo de la luz hasta que “no bajen los precios de la misma”. El primer edil anuncia que, dada “la situación actual de permanente abuso por parte de las eléctricas” va a suspender los pagos a las compañías que suministran energía al Ayuntamiento, “priorizando otros pagos para garantizar los servicios públicos municipales”. En una nota de prensa, el alcalde alega que el precio de la electricidad “está produciendo un perjuicio insólito en todas las economías domésticas, en los costos empresariales y en el gasto de todas las administraciones para el suministro energético… La inacción del Gobierno Central o su propia impotencia para solventar este enorme problema nacional está poniendo otra vez de manifiesto el poder que estas multinacionales tienen”. El alcalde del partido independiente Agrupación de Batres (ADB), lamenta que la ciudadanía “poco está pudiendo hacer ante tan descomunal abuso”, por lo que insta “a todos los responsables de las administraciones públicas a que tomen medidas urgentes para presionar a estas empresas y detener ya este desenfreno de precios inmoral, especulativo e insolidario”. “Si toda la ciudadanía dejase de pagar la factura de la luz la presión sería total para las eléctricas, pero si sólo lo hicieran unos pocos acabarían con ellos en un santiamén mediante el corte de suministro. No ocurre lo mismo con las administraciones públicas”, opina este alcalde, asegurando que, cuando estas no pagan la factura de la luz, “las eléctricas han de acudir a los tribunales para que se les obligue a aquellas al pago mediante sentencia judicial, pero no les pueden cortar la luz de los colegios, de la Casa Consistorial o de la iluminación de las calles. Es por todo ello por lo que quiero hacer público que en tanto y cuanto no se produzca un retroceso de los precios de la electricidad a valores que permitan a la ciudadanía española un consumo mínimo indispensable con unos costes contenidos, este alcalde va a suspender los pagos a las compañías eléctricas”. El alcalde de esta localidad critica también la “inacción del Gobierno” ante la problemática y las “soluciones demagógicas” de los grupos de la oposición. Además, destaca que toda esta situación deja en evidencia “el poder” de las compañías eléctricas en los gobiernos y recuerda las múltiples puertas giratorias de exfuncionarios en consejos de administración de estas multinacionales.
Apunta Héctor Maravall, en Nuevatribuna.es, que el presidente del Gobierno tiene que salir a dar la cara y ofrecer un Plan. “No soy ni de lejos un conocedor suficiente de esta materia, pero me fio y mucho, de la opinión de expertos y excelentes gestores públicos de esos que no se pasaron después al sector privado, como Jorge Fabra (al que conozco desde mediados de los años 60) y que siendo claramente progresista no es ni mucho menos un radical simplista. Jorge ha puesto de manifiesto reiteradas veces algunos de los problemas estructurales del sector energético español y de la necesidad de afrontarlos a fondo y con decisión. Pero yo querría hacer algunas consideraciones básicamente políticas. Históricamente, desde principios del siglo XX el sector eléctrico de nuestro país ha estado en manos de unas pocas familias de la alta burguesía, con estrechos vínculos con el sector financiero y desde luego con los sectores más conservadores y reaccionarios. El franquismo les favoreció aún más y la democracia no se ha atrevido a ir demasiado lejos en regular con criterios menos oligárquicos un sector vital para las familias y las empresas españolas. Los dueños de las eléctricas han mandado y siguen mandando mucho y además han sido astutos y generosos con sus medidas de puertas giratorias. Es cierto que, en las últimas décadas, se han tomado medidas de modernización para optimizar los recursos, racionalizar el intenso proceso de absorción de pequeñas y medianas empresas, así como para regular la implantación de las centrales nucleares. Todo ello ha redundado en la mejora del suministro, poder atender las crecientes demandas de un país más desarrollado y con mayor consumo de energía y desde luego en el crecimiento de los beneficios de las grandes empresas del sector. Siendo positiva esa modernización, es más que evidente que no es suficiente y que si bien se ha ido pensando en aumentar la oferta, no se han preocupado en la evolución de los costes para la población e incluso se han utilizado las facturas de la luz para incrementar los ingresos públicos, más fácil (y mucho más regresivo) que hacer una reforma fiscal progresiva que nos equipare a los países más avanzados de la Unión Europea (…) De lo que se trata es de tomar la decisión política de no continuar viéndolas venir. Elaborar un plan de medidas estructurales y de abaratar costes y presentarlo al Congreso de los Diputados bajo la fórmula de Real Decreto Ley para su urgente aprobación. Un plan con propuestas a corto, medio y largo plazo. Y si el gobierno no sabe, no puede o no quiere, pues que lo diga y tendremos que buscarnos a otros gobernantes. Pero lo que ya no es de recibo es el silencio, las vaguedades, las contradicciones o los parches”.
Bajo el título “Luz por las nubes y sociedad sin chispa”, David Bollero escribe en Público: “Terminamos agosto como el mes con la factura de la electricidad más cara de la historia, con otro día de máximo histórico. Esta situación no se traslada solo al recibo de la luz en los hogares, sino en los servicios, en los alimentos... en todo. Sin embargo, las calles están en calma, con cifras de facturación en la hostelería similares a las de 2019. Es éste el escenario ideal para la queja, junto a las redes sociales, con una sociedad narcotizada a base de cañas que tiene la clase política que merece. ¿Por qué en países como Chile el pueblo se echa a la calle ante la subida abusiva de los combustibles? ¿Por qué en Francia los chalecos amarillos son capaces de poner contra las cuerdas a Macron? Y, sobre todo, ¿por qué aquí, en España, con la energía más cara de Europa, pataleamos como niños malcriados y nos contentamos con una rabieta que no tiene ninguna repercusión, más allá de engordar esa ínfula de creernos revulsivos? No se trata únicamente de malestar, es una auténtica situación de emergencia para muchas personas, incapaces de llegar a fin de mes en sus hogares, con miles de pequeños negocios al borde del cierre justo cuando remontaban los efectos de la pandemia. Sin embargo, en las calles no se ve un alma, salvo por los botellones. Las protestas se sofocan a base de cañas y bronceador y nuestra clase política se da cuenta de ello, con la campaña electoral de Isabel Díaz Ayuso (PP) como máximo exponente de ello. Tanto Gobierno como oposición son responsables del tarifazo que sufrimos; sus políticas durante décadas han derivado en fortalecer al lobby energético, hasta el punto de que, incluso, cuando defrauda cuenta con la complicidad de las instituciones, como demuestra el modo en que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) se niega a publicar los nombres de las eléctricas que han cobrado de más a los consumidores, incumpliendo la Ley de Transparencia (habitualmente pisoteada por todas las Administraciones). A pesar de esta complicidad del PP y del PSOE en nuestra desgracia energética, ni siquiera cuando tantas familias y negocios están en la UCI son capaces de dejar de parchear, asumir su responsabilidad y resolver el problema que han creado. Lejos de eso, maniobran para sacar rédito político y lo más trágico de todo es asistir a la pasividad social, a la resignación disfrazada puerilmente de indignación”.
Aníbal Malvar, en su artículo “La espada y la pluma”, aparecido el jueves pasado en Público, habla de la alegre decisión del alcalde de Batres (Madrid) de negarse a pagar a Iberdrola la factura de la luz. “La cosa es extravagante —dice—. Pues extravagante es el hecho de que el primer político que toma una medida contra esta fehaciente estafa sea el regidor de un pueblillo de menos de 2.000 habitantes… Es el primer caso de magnicidio por electrocución que conozco en la historia. Las oligarquías quieren freír a voltios a Pedro Sánchez y su gobierno progre, pues ya no se estila lanzar sobre él a la División Azul o a la Legión Cóndor. Pero, ya digo, a pesar de ser las víctimas directas de este boicot antidemocrático, nuestros presidentes, ministros, consejeros, alcaldes y demás electos han sido incapaces de enfrentarse a los voltiogolpistas… Se comprende la excepción batreña si uno repasa un poco su historia. Lugar de importancia comercial y estratégica desde la antigüedad romana, en su castillo residió en el siglo XVI Garcilaso de La Vega, la espada y la pluma, y si Garcilaso ha sido alguna vez tu vecino, algo se te tiene que haber pegado. Como ya habréis sospechado, este alcalde de pluma y espada no es del PSOE. Eso ya hubiera sido demasiado hermoso y renacentista. Pertenece a una de esas asociaciones vecinales que desde hace años florecen en los pueblos, como síntoma inequívoco de la pérdida de confianza popular en las grandes y vetustas siglas políticas. Y en las nuevas también.
“El alcalde Víctor Manuel López —continúa Malvar— ha cogido esta vez la pluma para anunciar la espada, y pone en un serio problema a Iberdrola, pues la publicidad negativa que generaría cortarle el suministro a un ayuntamiento podría tener consecuencias imprevisibles, tanto comerciales como políticas. No sé si ya otros concejos se han sumado a la rebelión, pero espero que sí. Estos golpes de Estado modernos, perpetrados sin coroneles ni curas, solo se pueden enfrentar desde la guerra de guerrillas, desde las potencias diminutas de los pueblos y los barrios. Y eso es lo que nos quiere decir el alcalde de Batres con su sencilla y contundente nota de prensa. De todos es sabido que la única manera de regular los precios de los servicios básicos es mantener empresas públicas en cada sector para competir con la voracidad de los oligopolistas. Nuestros vecinos ricos europeos sí tienen empresas públicas de electricidad, y unos sistemas regulatorios mucho menos relajados que este cachondeíto nuestro. Pero no confío yo en que este PSOE se atreva a meterle mano al sector: le daría calambre a Felipe González, por poner solo un ejemplo. Al PSOE, desde que regresamos a la democracia, le ha sobrado siempre pluma y faltado espada garcilasianas. Ya va siendo tiempo de que el PSOE se empiece a comportar como un partido de izquierdas adulto, sin miedo a las presiones paternalistas de los herederos del viejo y mismo poder económico franquista que hoy pasean sus apellidos por los consejos de administración de estas grandes corporaciones. Porque nuestro PSOE sigue siendo un nini, que ni quiso estudiar cómo enfrentarse a los viejos poderes corruptos de la dictadura, ni hoy quiere trabajar en combatir a sus herederos. Lo cual que los irreductibles de Batres no solo están poniendo en un aprieto a Iberdrola, sino también al mismo Pedro Sánchez, que de Garcilaso se ha quedado solo con dos versos: ‘Si quejas y lamentos pueden tanto que frenaron el curso de los ríos...’. Pero no, presidente. Solo en la poesía las quejas y lamentos frenan el curso de los ríos. En política, no. Y de este gobierno progre ya nos urge esperar algo más, en este asunto, que quejas y lamentos. Y solicitudes mendicantes de empatía. Yo voy con los de Batre. Esos empezarían por negarse a pagar los recibos de la Moncloa, del palacio de la Zarzuela y del Congreso de los Diputados. Aunque cayeran en combate, como Garcilaso”.
Imágenes, fotomontajes y fotos sorprendentes…
El pasado mes de enero Toni Cantó, actual director de la Oficina del Español, dejaba esta reflexión en su red social. A principios de septiembre, con el 70% de los españoles con la pauta completa de la vacuna, evidencia su desafortunado comentario.
El pasado 18 de agosto, el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, como el propio Pablo Casado, aseguraban que Sánchez había “fallado a los españoles” porque, según ellos, el presidente había anunciado esas cifras para “antes del verano”, lo que es sencillamente falso.
Cargando la Luna en el coche.
Havhingsten fra Glendalough (“El semental marino de Glendalogh” o simplemente “Sea Stallion”) es una reconstrucción de Skuldelev 2, uno de los barcos Skuldelév y el segundo vikingo más grande que se ha encontrado jamás.
El humor en la prensa de esta semana: Forges, El Roto, Peridis, Enrique, Eneko, Manuel F, Vergara, Álvaro, Malagón, Madrigal…
Pep Roig, desde Mallorca: España en sus manos, El poder de los poderosos, El miedo al poder, España sólo es lo mío, Las tribulaciones de Pablo CasaNO, Si yo fuera Dios…
Los vídeos de esta semana:
El vídeo definitivo para entender la factura de la luz.
¿Cómo se fija el PRECIO de la ELECTRICIDAD? | El Mercado Eléctrico | PATRULLA RENOVABLE
Sánchez afirma que "actuará" por el alto precio de la luz, pero dentro de UE.
Yolanda Díaz replica las críticas del PP por la subida de la luz
Jon Iñarritu: «Las eléctricas han inflado el precio un 30% y se están llenando los bolsillos»
Unidas Podemos propone una EMPRESA PÚBLICA DE ENERGÍA para bajar la factura de laluz.
Rubén Sánchez (FACUA) sobre la subida del precio de la luz: "Lo que se está produciendo es un robo"
Batres, el pueblo del alcalde que se subleva a las eléctricas: "Es un brindis al sol"