Una vez más –últimamente me está sorprendiendo—, la Justicia ha hecho honor a su nombre y ha condenado al diputado valenciano Rafael Blasco a ocho años de prisión y veinte de inhabilitación por apropiarse de fondos destinados a la cooperación, o sea al Tercer Mundo.
Este diputado ladrón –que todavía no ha dimitido— tiene una biografía política que da susto. Fue militante el PCE, después del MCE y más tarde del grupo terrorista FRAP. Posteriormente de mano de su hermano ingresa en el PSOE en1983, y después su cuñado Ciprià Ciscar es nombrado conseller de Educación. En 1989, el presidente Lerma le destituye por un caso de corrupción, del que se salvó debido a que se consideraron ilegales unas grabaciones.
Posteriormente, Zaplana le recupera para la política, ahora en el PP, y pasa por varias consejerías también con Camps, hasta que estalla el caso cooperación. Pero a pesar de ello, Camps en 2011 le nombra portavoz del PP. Más tarde, Fabra le renueva, cuando llega, como portavoz hasta que es imputado, entonces le pide el acta de diputado pero él se niega a darla y antes de ser expulsado se marcha al grupo de diputados no adscritos. Hoy, todavía, salvo noticia de última hora sigue siendo diputado. Como ven un trepa ladrón de mucho cuidado que se ha ido colocando en los partidos y en los sitios donde podía mangar.
Y es que este sinvergüenza ha robado a los más pobres. No se trata de un caso de corrupción más, sino de un caso muy grave. Son, como mínimo seis millones –por cierto, Blasco todavía tiene dos causas judiciales más pendientes— los que no han llegado a sitios donde eran más que necesarios. Por ejemplo, a los afectados del terremoto de Haití o a países del Africa subsahariana.
Hoy, ha sido condenado, y parece que recurrirá, aunque las pruebas son contundentes. Este delito debería tener una penalidad inmediata: la cárcel, aunque no sea firme la sentencia, con el fin de ejemplarizar la corrupción. Por cierto, Camps ese expresidente infame que cuenta con varias causas pendientes le ha defendido en base a la presunción de inocencia. Y es que este caso le deja en muy mal lugar, puesto que él era el presidente cuando ocurrió la corrupción.
Por otro lado no es suficiente la cárcel, como ocurre con cualquier caso de corrupción, el condenado debe devolver el dinero robado, y además, en este caso, yo le impondría una pena particular: Le haría ir a Haití y a Nigeria para que esos a los que ha robado le juzguen. Esos a los que ese dinero es imprescindible para poder sobrevivir, beber –aunque fuera agua— y algún alimento deberían tener la posibilidad de conocerle y juzgarle. Quizá a este tipo y a otros de delitos semejantes se les quitaría las ganas de robar a los más necesitados.
Esperamos y confiamos que el recurso no prospere y que la sentencia del Tribunal Supremo de la Comunidad Valenciana se haga firme, y este elemento indeseable ingrese en prisión a la mayor brevedad y devuelva el dinero.
Verdaderamente es sangrante lo ocurrido en la Comunidad Valenciana por el Partido Popular que ha llegado a tener once diputados imputados en el parlamento –hoy tiene todavía a cuatro— y que cuenta con más de cien imputados en su territorio. Corrupción a tutiplén. Valencia no merece a estos peperos. Los valencianos tienen que barrer más su casa en las próximas elecciones si no quieren que la historia se pueda repetir.
Salud y República