"Gobernar a cualquier precio", como hace Rajoy, es de una suciedad casi insuperable en democracia. Implica comprar votos con el dinero de los españoles, violar el principio constitucional de la igualdad de los ciudadanos y los territorios de España y prostituir la democracia, gobernando a cambio de corrupciones, inmoralidades e injusticias. El dinero que tan trabajosamente pagan los ciudadanos con sus impuestos jamás debe servir en democracia para apuntalar el poder de un partido ni para fortalecer un gobierno frente a otras alternativas.
Del mismo modo que el chavismo bolivariano llegó a Venezuela por culpa de los abusos, desmanes y corrupciones de personajes como Carlos Andrés Pérez y de los "adecos y copeyanos" (De los partidos Acción Democrática (AD) y Comité de Organización Política Electoral Independiente (COPEI), que gobernaron durante la IV República en Venezuela) si en España gobernara algún día el totalitarismo habrá que acordarse de días como el de hoy y de los insensatos que, como González, Aznar, Zapatero y Rajoy, compraron votos nacionalistas con dinero público, impunidad y desigualdad.
La política de "gobernar a cualquier precio", practicada por los dos grandes partidos políticos españoles, PP y PSOE, es de una suciedad insoportable y también es la causa principal que nos ha llevado hasta donde España se encuentra hoy: a la cabeza de las miserias y a la cola del respeto a los derechos y a la democracia. Esa política es la que permitió a los nacionalistas catalanes robar, eludir la justicia, promover el odio y fortalecer un proceso de independencia que hoy constituye una seria amenaza para la unidad de la nación. Nadie es más culpable de ese drama que el PSOE y el PP, partidos que cambiaron los votos que necesitaban para gobernar por impunidad y una permisividad asquerosa que hizo posible la entronización del odio, el abuso y la corrupción en amplios territorios del Estado español.
El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, en línea directa con Mariano Rajoy, es quien ha cerrado el trato, presionando hasta el final en una negociación que, como primer hito, supondrá cerrar el acuerdo entre el gobierno central y el vasco sobre los 1.600 millones de euros que reclama Vitoria.
Los vascos, a partir de ahora, tendrán trenes AVE, una fiscalidad más suave, más dinero para inversiones, tarifas eléctricas ventajosas y mas autonomía e independencia real que el resto de los españoles y todo eso porque los políticos españoles son lo bastante miserables como para intercambiar Constitución y principios democráticos por los votos que necesitan para gobernar.
Es, probablemente, el avance hacia la desigualdad, la injusticia territorial y la suciedad más notable perpetrado por un gobierno de España desde los tiempos de Godoy y Fernando VII, excepción hecha de las miserias y desmanes comprendidos en la II República y la Guerra Civil de 1936-39.
Francisco Rubiales