El Alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, prometió hasta la saciedad dos cosas con respecto a las empresas municipales durante la campaña electoral: que iba a poner al frente de ellas a verdaderos profesionales y que les bajaría el sueldo a todos los directivos.
Bajo esos dos parámetros ha ido conformando el nuevo organigrama municipal y ha rebajado los emolumentos que cobraban los mismos cargos con el gobierno anterior. Ese apunte en el haber de Zoido ya no se lo quita nadie. Aún así, parece que no es suficiente.
El real decreto aprobado la semana pasada por el consejo de Ministros de Rajoy sobre “Regulación del régimen retributivo de los máximos responsables del sector público empresarial” le ha creado un problema adicional: los salarios establecidos están por encima de los que fija el Gobierno.
La mayoría de los responsables de las empresas municipales tienen salarios por encima de los topes que establece el decreto. Algunos los rebasan con creces aunque, justo es reconocerlo, no alcanzan las cantidades astronómicas que cobraban en la anterior etapa.
Tanto el de Fibes, como el de Emasesa, Emvisesa y la Gerencia de Urbanismo sobrepasan de lejos dichos límites, sin olvidarnos de los de Tussam, Lipasam, o Giralda Televisión. Eso sin entrar en consideraciones de lo que se entiende como una gran, pequeña o mediana empresa, ya que en ese linde se encuentra la frontera entre cobrar 105.000 euros anuales, 80.000 o 55.000.
Es cierto que cuando Zoido hizo aquella promesa electoral la crisis no había entrado todavía en la fase aguda en la que ahora se encuentra. También lo es, y así hay que reconocerlo, que la profesionalidad de los perfiles elegidos ha mejorado considerablemente con respecto al equipo anterior.
Los efectos inmediatos de dicha capacitación se han dejado sentir a poco de sus aterrizajes en las diferentes empresas, como ha ocurrido en el caso de Tussam, donde la era negra de Arizaga ha pasado a ser el recuerdo de un mal sueño. Pero también es justo reconocer que la situación del país es de una gravedad extrema y que el decreto de Rajoy tampoco es que haya impuesto “sueldos de miseria” a los ejecutivos. Son salarios de lo más dignos.
Zoido ha elevado una consulta al ejecutivo sobre su aplicación en las empresas cuyo capital no es íntegramente público. No debe ser el caso, puesto que en todas la participación de capital privado o es inexistente o no es mayoritario. El caso de Fibes, participada por Ayuntamiento, Diputación y Cámara de Comercio de Sevilla es el ejemplo más claro.
Vuelve así a la palestra el viejo mantra de que los altos ejecutivos se resisten a prestar servicio en lo público porque acaban perdiendo dinero. Un debate bastante interesado y que olvida maliciosamente la parte vocacional de servicio público que requiere este tipo de desempeño. Si no, que se lo pregunten al propio Alcalde, que cobra 58.000 euros anuales.
Conviene recordar al respecto lo que Margaret Thatcher, ese emblema del neo liberalismo, les dijo a los directivos de la British Rail, la empresa pública de ferrocarriles: “Ninguno de ustedes son tan buenos. De lo contrario, trabajarían en el sector privado”. A pesar de que eso supone eliminar de un plumazo la vocación de servicio indispensable para abordar semejantes retos. Supuesto improbable en el caso de nuestros ejecutivos de las empresas municipales. O no.