La negociación entre los equipos de los candidatos fue tan dura que estuvo a punto de romperse en la tarde del 2 de noviembre. Al final se salvó, pero a cambio de constreñir el debate y encorsetarlo para que la verdad no pueda emerger y los españoles puedan ser mejor engañados.
Ni el PP ni el PSOE están dispuestos a hablar de los muchos casos de corrupción que les afectan porque ninguno de los dos grandes partidos quieren regenerar la política española. Hablarán de economía, de derechos adquiridos, de desempleo y de otros dramas, pero a los ciudadanos se les sustraerá el derecho a saber de temas tan importantes como los privilegios de los políticos, que, al parecer, son intocables, la elevada impunidad de los poderosos y la corrupción galopante que ha infectado a la sociedad española, una enfermedad que empezó en las alcaldías, despachos oficiales y ministerios, contaminando a las grandes instituciones y a buena parte de la sociedad española.
En sus programas electorales, tanto el PP como el PSOE ignoran la que, probablemente, sea la mayor demanda de la ciudadanía española en la actualidad: cambio de la ley para que los políticos corruptos dejen de ser impunes, devuelvan lo que han robado y entren en las cárceles. Los ciudadanos más conscientes y preparados, cuando hablan de la corrupción impune de los políticos, siempre hablan de que unos y otros están juntos en ese asunto porque son "compañeros en el pillaje". Por esa razón, ese tema también será ignorado en el "cara a cara" del próximo lunes.
Otro tema que preocupa a los ciudadanos y que los candidatos censuran es el de los privilegios de la clase política, otro asunto que es innegociable para los dos grandes partidos, que votan juntos siempre a la hora de autodotarse de privilegios y que, vergonzosamente, también estará ausente del debate trucado del lunes.