"No sólo me persiguen injustamente por falsedad en documento
oficial, prevaricación administrativa, fraude a la administración,
siete malversaciones en caudales públicos, blanqueo de capitales
y delito electoral...sino que, además, me he visto obligado a pedir
un crédito de tres millones de euros y me he quedado sin trabajo",
ha manifestado el prócer balear, conteniendo su rabia, apoyado
en el quicio de la rebeldía.