El triste final de la vida de Florángel, que a sus 22 años era madre de cuatro hijos, fue presagiado por su abogada Juana Rosario Peña, pero ella no le hizo caso. Rosario Peña, que integra el equipo de abogados del Ministerio de la Mujer, le había advertido que si accedía a reconcialiarse con su esposo agresor tenía altas probabilidades de engrosar la lista de feminicidios en el país. Y así fue.
“Lo hice por mis hijos. No tengo para darles de comer”, recuerda Juana que con esa frase le respondió la joven que residía en Sabana Perdida, Santo Domingo Norte, cuando ella le replicó por qué retiraba las acusaciones que había hecho contra su pareja. “Florángel se fue a conciliar a escondidas, contrató otro abogado. A la semana de estar junto a su esposo nos reportó que él volvió a golpearla. Un mes más tarde la encontraron muerta por unos matorrales en San Luis”, narra Rosario.
La historia de Florángel es una de las miles que quedan en el anonimato, porque no existen registros oficiales de las mujeres que mueren o continúan sufriendo maltrato de manos de su agresor después de conciliar. Para tener una idea de esa cifra, la procuradora de la Mujer, Roxanna Reyes, detalla que el año pasado recibieron en el Ministerio Público unas 64,000 denuncias sobre violencia doméstica y de género, de las que sólo el 4% llegó a los tribunales porque la mujer abandonó la lucha.
La ley 24-97, que sanciona la violencia contra la mujer, doméstica e intrafamiliar, no prohíbe la conciliación. Mientras que el Código Procesal Penal, que entró en vigencia en 2004, especifica que esa acción es permitida siempre que no haya coacción.
Reyes entiende que el sistema tiene que fortalecer la articulación entre todos los actores para que las políticas sean efectivas. La ley 24-97, elaborada hace 15 años, ya cumplió su cometido. Una comisión que integran diversas entidades que trabajan con temas referentes a la mujer participa en la reforma de esa norma. “La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados ha reconocido la figura de feminicidio dentro del Código Penal, lo que es importante porque se trata de una violencia extrema. En América Latina las penas van hasta por 40 años”, explica.
La directora de Políticas de Igualdad del Ministerio de la Mujer; María Ramos, se opone a la conciliación porque las partes están en condiciones desiguales. La mujer está sometida con actos de violencia, y la otra parte, el hombre, está imponiendo su poder. “El acuerdo sólo es permitido cuando las partes están iguales, que la mujer está apta para discutir, de pensar y actuar libremente”, opina Ramos.
El perfil de la mujer maltratada es el de una persona sumisa e inofensiva, porque la violencia la ha sometido a la obediencia. “Ella no puede expresar lo que quiere porque ha sido coartada por golpes, heridas y hasta por violencia económica”, agrega Ramos.
Las abogadas del Ministerio de la Mujer, que ofrecen asistencia de forma gratuita, no participan en la conciliación. Lo recomendable es que el equipo multidisciplinario que interviene en los casos de violencia de género, como médicos legistas, psicólogos y abogados, sugieran al juez que la mujer no está en condiciones de conciliar.
Sergia Galván, directora ejecutiva de la Colectiva Mujer y Salud, critica que las órdenes de protección que se asignan a las víctimas no se cumplan en la mayoría de los casos. Una de las razones, dice, porque el Ministerio Público no tiene los recursos para actuar.
Galván sostiene que debería haber una infraestructura en el sistema de justicia que garantice esa protección. Consideró que la legislación que regula esa situación, aunque buena, es “letra muerta” debido a que, dijo, no hay voluntad para ejecutarlas. “Se está hablando mucho, pero realmente se hace muy poco.
Opiniones
Roxanna Reyes
Procuradora de la Mujer
“Es importante fortalecer los canales de denuncia y ampliar la cobertura de información y empoderamiento para que ellas puedan identificar cuando son víctimas de maltrato, qué hacer en esos casos y dónde pueden buscar ayuda”.
Sergia Galván
Directora Colectiva Mujer y Salud
“Una conciliación es como una licencia que le dan al hombre para que asesine a la mujer o continúe maltratándola, porque hay una relación desigual de poder. Todavía hay resistencia de muchos diputados para eliminar esa figura”.
María Ramos
Ejecutiva del Ministerio de la Mujer
“Falta más trabajo social, falta más seguimiento a las víctimas de violencia. Es importante que se aumenten los centros de atención a sobrevivientes y que se creen más centros para la rehabilitación de hombres agresores, que sólo hay uno para eso”.