Yo he de manifestar mi oposición a esta Ley, la considero injusta e innecesaria (y diría que roza la inconstitucionalidad). No se puede pretender mejorar la eficacia de la Administración de Justicia y la financiación del derecho a la justicia gratuita con la imposición de unas tasas que, en muchos casos, harán a mucha gente pensarse si iniciar un procedimiento judicial.
Como decía un amigo ayer en Facebook, ahora un albañil que quiera iniciar un proceso para reclamar una deuda de 6.500,00 €, por ejemplo, deberá abonar al inicio del procedimiento la tasa de 332,50 € y así tener derecho a presentar la correspondiente demanda. O si le quieres reclamar a una aseguradora, que no te abona los 2.200,00 € por los daños sufridos en un accidente de tráfico, ve preparando 331,00 € de tasa, pues si no pagas la tasa no tendrás derecho a iniciar el proceso judicial de reclamación correspondiente.
Así están las cosas. Tenemos un Gobierno que no sabe de dónde sacar dinero, y (¡qué casualidad!) solo se le ocurre gravar a los ciudadanos con subida de impuestos y tasas, que (¡qué casualidad!) afectan en su mayor parte a la clase media, a los curritos, a los que están haciendo más esfuerzos para que este País salga de la crisis.
Y también afectará al colectivo de abogados y procuradores, que verá como descienden los encargos profesionales. Esta es la gran aportación de Gallardón a la reforma de la Justicia, ahora para demandar, con el dinero por delante.