El 23 de febrero de 1983, con un despliegue militar sin precedentes, el gobierno socialista de Felipe González se había incautado de Rumasa. Meses más tarde, el 5 de diciembre de 1983, se filtró la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la expropiación de Rumasa. Seis magistrados habían votado en contra y otros seis a favor, desempatando el voto de calidad de Manuel García Pelayo, presidente del Constitucional, tras intensísimas presiones recibidas por parte de Alfonso Guerra, que le hicieron doblegarse. El 1 de julio de 1985, aprovechando su mayoría parlamentaria, los socialistas reformaron la Ley del Poder Judicial, decidiendo que fuese el Parlamento quien eligiese a los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Se habían cargado la independencia del poder judicial, politizando dicho órgano. La frase que se atribuye a Alfonso Guerra, “Montesquieu ha muerto”, en referencia al filósofo que defendió la independencia de los tres poderes del Estado –el legislativo, el ejecutivo y el judicial-, entraba en vigor en ese mismo momento. España comenzaba a morir, poco a poco, ante el acto liberticida del Partido Socialista Obrero Español. La necesaria, básica y fundamental función de vigilarse entre sí los tres poderes para evitar sus excesos, quedó rota degenerando cada vez más, sin que nadie haya tratado de arreglar o poner fin a esta situación insostenible y anormal en cualquier nación democrática. Ningún partido político ha buscado una solución de verdad. Todo han sido buenas palabras que el viento se llevó. No hay más que ver las idílicas relaciones entre Gobierno y órganos superiores de Justicia, ajustándose a los criterios del que manda ya que les deben el puesto que ocupan, corrompiendo la independencia, la libertad, la democracia y, por ende, España. Nadie se escandaliza de la adscripción partidista de los magistrados de mayor rango. Exentos de vigilancia y de freno, sin que nadie les pare los pies, campan a sus anchas y sus excesos no tienen parangón, produciendo repugnancia y vómito ante tanta vileza e infamia. Para muestra, unos clarificadores hechos de la ignominia que padecemos: -Las Cajas, la mitad del sistema financiero del que la partitocracia se ha enseñoreado, son un caso paradigmático de incompetencia y ligereza. Está la responsabilidad de los políticos que desvirtuaron el carácter social de las viejas cajas de ahorros y quienes fueron colocados a dedo por ellos. ¿Dónde está la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales? -Los ERE de Andalucía, 1.400 millones de corrupción repartidos entre PSOE, IU, CCOO y UGT, con la Junta Andaluza entorpeciendo y persiguiendo a la juez Alaya y, lo que resulta más escandaloso, las críticas del presidente del CGPJ, Gonzalo Moliner, a la instrucción del caso de los ERE. -El caso Faisán durante el Gobierno de Zapatero y Rubalcaba, un soplo a la banda terrorista ETA, urdido para salvar el turbio “proceso de paz” en un marco de ocultación política y confusión moral. Las componendas de los ropones no se hicieron esperar: primero, con la intervención minimizadora del entonces juez Garzón y sus maniobras de bloqueo; luego, con las complacientes providencias de Gómez Bermúdez y, finalmente, con el escandaloso apaño plenario de la Audiencia para alejar de la campaña electoral un asunto tan escabroso. -El delincuente Sánchez Gordillo y su Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), que se mofa del Estado y sus leyes ocupando fincas, asaltando supermercados y agrediendo a cajeras con total impunidad. La Justicia, empezando por el ministro de Interior, ha decidido no tomar cartas en el asunto del régimen talibán andaluz, laboratorio del caciquismo leninista del tal Gordillo y sus “trabajadores”, dejando total libertad a este iluminado del pleistoceno ideológico. -La populista Ada Colau y su Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), promotora de la violencia del acoso y la coacción, utilizando el seudónimo que tanto gusta a la izquierda de escrache. Con este método, decenas de políticos del PP y sus familias –algunos en sus casas particulares- son sitiados y amenazados; sucursales bancarias asaltadas y ocupadas sin que la Justicia haga nada, aprovechándose de la moribunda democracia española y con actuaciones que recuerdan épocas muy oscuras. Pero el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Gonzalo Moliner, afirma que “los escraches, en tanto no sean violentos y no lo son, son un ejemplo de la libertad de manifestación”. Esta es la Justicia en España. -El dislate de Cataluña y su declaración soberanista de la Cámara catalana, ignorando el auto del Constitucional y con el desacato como principio político. Mas, Gispert y demás compinches hacen alarde de una insumisión que ha sido tolerada por el Estado de Derecho, cuestionando la democracia en España, al cruzar la línea roja una y otra vez. Además, encuentra apoyo a su tesis secesionista en Pascual Sala, presidente del Tribunal Constitucional, declarando que “El Estatuto está vivo, aprobado por referendo y todavía puede ser desarrollado”. El conocido por “Pascualone” -imagínense por qué-, elude que el TC frene el desafío de Mas en sus dos últimos plenos. Para salir corriendo. -La revocación del Tribunal Constitucional de la anulación de las candidaturas de la coalición Bildu por el Supremo, da idea y prueba fehaciente del esperpento y caos que habita en nuestra Justicia. Pascual Sala –otra vez “Pascualone”- y sus cinco infames cómplices, dieron luz verde a la introducción en las instituciones de ETA-Bildu, en una de las mayores vilezas jamás perpetrada. ¿Hay algún país democrático que tenga a los asesinos y terroristas en el poder, beneficiándose de todo lo que ellos denigran y combaten? -La nutrida colección de jueces ultragarantistas que tiene la Audiencia Nacional y que le dan a ETA todas las facilidades para que chulee a la democracia, riéndose de sus víctimas y de todos los españoles. Los casos de de Juana Chaos, Ternera, Bolinaga, Lasarte, Ciganda…son el arquetipo, el fiel espejo del despropósito en que nos hemos instalado y de que hemos tocado fondo en la mayor poza séptica de la historia -El caso de Sandra Palo, violada, atropellada y quemada viva por cuatro sujetos y donde el principal acusado, Rafael García Fernández -apodado “El Rafita”-, tras cuatro años de condena, está completamente libre y prosigue su carrera delictiva sin que la Justicia detenga tal animal. O el suceso de Marta del Castillo, cuyo cuerpo sigue sin aparecer y sin saber qué pasó realmente, después de cuatro años y medio, permaneciendo sólo en prisión Miguel Carcaño. Todo este sangrante muestrario confirma el colapso institucional de la Justicia, que en un Estado de Derecho es esencial para la seguridad y la confianza del ciudadano. La impunidad se ha convertido en una enfermedad que se ha inoculado en toda la sociedad española. La contaminada y perversa Justicia en España se ha convertido en coyuntural protectora de sus enemigos y las Leyes no tienen quien las defienda. Su descomposición es crónica y nadie viene a socorrerle. Francisco de Quevedo, en el “Sueño del infierno” –el tercero de sus cinco “Sueños”- , señala con su dedo acusador, en primer lugar, a las gentes de la Ley, que las ha sufrido en sus carnes: “¿Es posible que no hay en el Infierno ninguno ni le pude topar en todo el camino? Sí hay –me respondió-;…que acá por gatos los conocemos…que, con ser el Infierno tan gran cosa, tan antigua, tan maltratada y sucia, no hay ratón en toda ella que ellos los cazan.” (Las zahúrdas de Plutón). Será su merecido destino.
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