NO AL RESCATE DE LOS BANCOS CON DINERO PÚBLICO
exigimos
no somos mercancía en manos de los banqueros
Unid@s por un cambio global
Es un tratamiento injusto que se ha plasmado en una sucesión de leyes generosas dotando de abundantes fondos públicos a la banca (FAAF, FROB y la recién aprobada reforma financiera), fondos que suponen una inmensa carga sobre la hacienda pública que ascienden a 141.000 millones, sin contar con los adicionales 52.000 millones de la nueva reforma y sin tener en cuenta los gastos financieros originados por el aumento del diferencial sobre los títulos de deuda pública española causados por la desconfianza en la exposición a la burbuja inmobiliaria de nuestro sistema financiero, o que buena parte de los avales públicos tengan que ser ejecutados. La otra cara de la moneda son las políticas de austeridad hacia la mayoría de la sociedad que han dinamitado un Estado de bienestar aun subdesarrollado y que dificulta si no impide cualquier posibilidad de salir de la recesión, cuando no nos aboca hacia una depresión si cabe más profunda.
Desde que empezó la crisis económica originada en el sector financiero (bancos, cajas y entidades de crédito) hemos oído toda clase de justificaciones falaces para realizar el rescate de las entidades, desde el “demasiado grandes para caer”, hasta “los rescates no costarán ni un solo euro al erario público”. Contrasta esa actitud indulgente, compartida hasta la casi completa unanimidad desde los principales medios de comunicación hasta los diferentes gobiernos, con la severidad que estos mismos han mantenido respecto al gasto en nuestro precario Estado de bienestar, objeto de constantes recortes y retrocesos importantes desde el año 2010 y achacado a su supuesta prodigalidad o al ya ubicuo ” vivir por encima de nuestras posibilidades”. Esta auténtica ley del embudo, que siempre tiene su extremo amplio por el lado de las entidades financieras y el extremo estrecho por el lado de los servicios públicos, es una manifestación del deterioro de nuestra democracia, donde pesan más intereses privados de accionistas multimillonarios que el mantenimiento de servicios esenciales para la población como la educación y la sanidad públicas"