A pesar de las intenciones en marcar diferencias con las medidas duramente restrictivas del Gobierno central, los Presupuestos andaluces apenas difieren en la letra, aunque sí en la música con los de Rajoy. En realidad, hacen encajes de bolillos para preservar un modelo de protección social en medio del radical frenazo en las inversiones y una significativa disminución del gasto corriente. Así, difícilmente se pueden realizar actuaciones que preserven las maltrechas estructuras del Estado de Bienestar, ni siquiera en áreas tomadas como banderas por la Junta de Andalucía, como son la educación y la sanidad, que ven decrecer sus partidas de gasto. En ambos sectores, las plantillas de personal funcionario menguan al renovarse sólo el 10 por ciento de las jubilaciones y por el incremento de 2,5 horas adicionales a la semana a que obligan las reformas anticrisis del Gobierno del Partido Popular al conjunto de las Administraciones públicas.
La asfixia económica que provocarán estos Presupuestos en Andalucía tendrá consecuencias en el empleo y el crecimiento, puesto que la partida que más crece es la destinada a pagar deuda pública. El resto se centra en sostener unos servicios públicos “ajustados” al compromiso del objetivo de déficit del 0,7 por ciento, que obliga a un recorte adicional de 4.200 millones de euros en las cuentas públicas de Andalucía para el año que viene. Es decir, no renuncian por imperativo legal a la premisa mayor de reducir la deuda del Estado como exige Bruselas, pero resaltan el esfuerzo por evitar despidos de empleados públicos, la privatización de hospitales y servicios sociales, el copago sanitario y la implantación de tasas y recargos diversos que están realizando en las comunidades donde gobiernan los conservadores. Para la consejera de Economía y Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, la prioridad es atender los hospitales y no hacer carreteras.
Sin embargo, según el presidente de los populares andaluces, Juan Ignacio Zoido, estos Presupuestos representan un obstáculo para salir de la crisis porque no aportan ninguna “reforma” que sirva para “controlar” el gasto. Y es que, precisamente, esa es la diferencia más notable que podría encontrarse en ambos modelos presupuestarios: la definición de gasto. Lo que para uno es descartable como gasto, para otro es inversión en protección social a través de servicios públicos. Pero ambos se ven impelidos a cuadrar balances que apenas cuentan con ingresos ordinarios (por una recesión económica que tarda en superarse), reducción drástica de las transferencias por parte del Estado hacia las comunidades y las dificultades de financiación en los mercados. En ambos casos, menos dinero para todos, menos para los acreedores, que son los que justifican estos duros mecanismos de “ajuste” para asegurarse el cobro de sus préstamos, hasta el extremo de hacerlo constar como prioritario en la misma Constitución española. En definitiva, dos músicas para una sola letra: recortes y más recortes. Chan chán.