A la chita callando, Estados Unidos va a multar con una cuantía multimillonaria, cercana a los 1.220 millones de euros, a la Agencia S&P por las calificaciones que dio a títulos de deuda respaldados por hipotecas basura, algo que ya fue denunciado en su día por los que se percataron del engaño y motivó incluso la realización de un documental para demostrarlo (Inside Job). Cerca de una década después, la Justiciade algunos Estados norteamericanos intenta que tamaña estafa no quede sin castigo, al menos, testimonial. Al mismo tiempo, al otro lado del Atlántico, el Banco Central Europeo abre la mano y comienza a comprar deuda de los países miembros que, simultáneamente al Plan Juncker de estimulo a la inversión, rectifican por vía de los hechos las políticas de reducción del déficit y de la innegociable austeridad que muchos tildaban de suicida y contraproducente, tanto que no sólo han conducido al empobrecimiento a los países y sus poblaciones más vulnerables, sino que además han profundizado una recesión que paraliza sus economías y las condena al estancamiento por falta de recursos y actividad.
Desgraciadamente, todavía hay quien se aferra al latiguillo de los desmanes y los despilfarros para justificar recortes y ajustes que inciden en las inocentes víctimas de la crisis, pero en los centros neurálgicos donde se toman las decisiones que los demás aplican servilmente ya comienzan a enderezar las políticas restrictivas por otras anticíclicas y señalan a los responsables del desaguisado con multas millonarias. Sólo faltaría saber si los estropicios cometidos en la sanidad, la educación, los salarios, los trabajos, las pensiones y las ayudas sociales en general serán restaurados y se volverá a montar el Estado de Bienestar que prácticamente se ha liquidado. Vamos, que está muy bien multar a S&P (y a Lehman Brothers y otras por el estilo) y volver a facilitar crédito, pero también recuperar nuestros derechos y los mecanismos que corregían las desigualdades. Eso, ¿cuándo se llevará a cabo?