Hay tal consenso entre los políticos sobre el exceso del sector público español que Moncloa revelaba pomposamente este miércoles que Mariano Rajoy reducía sus asesores y personal de confianza a 578 desde los 629 que tenía Zapatero.
Simultáneamente, el ex primer ministro Felipe González afirmaba en una minicumbre pluripartidista promovida por el expresidente extremeño, Rodríguez Ibarra, que en España sobra el veinte por ciento del funcionariado.
La número dos del PP, María Dolores de Cospedal, aprobaba la propuesta de González, aunque rechazaba otra idea suya: reformar la Constitución. González advirtió también que “el país no soporta cuatro administraciones superpuestas”, y que deberían reducirse a 5.000 los 8.100 ayuntamientos actuales.
Cospedal y el PP quedaron satisfechos de la mayoría de las ideas del expresidente del Gobierno, que además no hizo hincapié en la federalización del país que pide ahora el PSOE.
Pero quizás esa reducción de los funcionarios públicos que atienden los servicios cívicos principales no sea la mejor medida para la sana supervivencia del Estado.
Antes deberían quedarse en un cuarto los más de 400.000 cargos políticos actuales, por lo que la reducción de personal de Rajoy es bastante chusca, además de que la mayoría de los “despedidos” son funcionarios de carrera prestados temporalmente a Presidencia.
Lo urgente sería reducir el peso de los Parlamentos autonómicos, que producen tres veces más leyes y reglamentos que las Cortes para resaltar identidades locales e interferir en el comercio interregional: con la corrupción que estimula, ese es un cáncer nacional.
Y cuidado con la reducción de funcionarios. Afectando a todos proporcionalmente en todas sus actividades el país quedaría sin servicios básicos para su supervivencia. Porque el 72 por ciento son médicos, maestros, policías, militares, jueces y reducirlos el veinte por ciento, incluso el uno, sería un suicidio.
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SALAS