MUCHO SE HA HABLADO sobre la dichosa reforma constitucional para limitar la deuda y el déficit. Bien. La cuestión es que, tal y como está de animado el cotarro, yo tampoco quería dejar de terciar desde este modesto espacio. Vaya por delante que no seré demasiado original, en el bien entendido de que, en ocasiones, se hace imprescindible transitar por terrenos ya trillados. Este debate, por decir algo, no quita el sueño a los españoles, con motivos sobrados para estar preocupados por otras cuestiones aparentemente más tangibles, pero es un asunto bien trascendente a medio y largo plazo.
Desde la perplejidad, comenzaré por decir que la primera paradoja radica en el hecho de que dos partidos tan incapaces de ponerse de acuerdo en cuestiones elementales para el normal desarrollo del país hayan aceptado aparcar su permanente discordia sin acertar a explicar el trasfondo de su decisión. “Yo no lo hubiera hecho así”, dicen que dijo el candidato Rubalcaba ante el mismísimo Zapatero consciente del sapo que le estaban obligando a tragarse.
Otro de los argumentos esgrimidos en favor de esta reforma exprés es que los mercados necesitan un mensaje de confianza y que no había mejor forma de hacerlo que con esta rapidez, léase precipitación, impropia de un estado democrático. Con nocturnidad, en pleno verano, sin debate, y con las Cortes Generales más vacías que las arcas del cualquier Ayuntamiento, nuestros ilustres próceres del PP y del PSOE, que tanto monta tanto, han decidido hurtar a los ciudadanos uno de sus más elementales derechos. Ni los mercados, delincuentes financieros donde los haya, se van a calmar con este acuerdo, a los hechos me remito, ni la mera aprobación de la reforma, vacuna de escaso espectro, garantiza que estemos a salvo de nada.
En todas las circunstancias, máxime ahora, y habida cuenta del derroche cometido por todas las Administraciones, se hace imprescindible poner coto a tanto despilfarro a costa del sufrido contribuyente. Y digo esto porque no puede ser incompatible la necesidad de ahorrar con la garantía de que habrá las suficientes inversiones para asegurar el mantenimiento del Estado del Bienestar. Lamentablemente cuando algunos dicen que quieren recortar en gasto público y poner coto al déficit, otros entendemos que las necesarias inversiones en sanidad, educación o servicios sociales no se van a mantener y que, por lo tanto, estamos condenados a perder lo que con tanto esfuerzo hemos conseguido. De eso se trata.
Si la Constitución de 1978 fue aprobada por referéndum, una modificación como la que se propone ahora debería seguir el mismo camino, aunque sólo sea para dar cumplimiento al viejo precepto de que la soberanía reside en el pueblo.