Por definición, la democracia es una forma de organización social que atribuye la titularidad del poder al conjunto de la sociedad. En sentido estricto, la democracia es una forma de organización del Estado en la cual las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo mediante mecanismos de participación directa e indirecta que confieren legitimidad a sus representantes. En sentido amplio, el concepto de democracia hace referencia a una forma de convivencia social en la que los miembros son libres e iguales y las relaciones sociales se establecen de acuerdo a mecanismos contractuales, esto es, por acuerdo de las voluntades. En este sentido, conviene tener presente que el artículo 1 de la Constitución española se dice expresamente que España es un “Estado social y democrático de Derecho”, entendiendo por “Estado democrático” aquél en el que los ciudadanos participan de modo más o menos directo en el gobierno del país, y en el caso español (como en tantos otros) además lo hacen sujetos incondicionalmente al imperio de la Ley, como “Estado de Derecho” que es. Sin embargo, y aprovechando la celebración hoy 15 de setiembre del Día Internacional de la Democracia y la Ciudadanía, instaurado por medio de la Resolución 62/7 de la Asamblea General de las acciones Unidas de 8 de noviembre de 2007, parece oportuno dedicar un poco de nuestro tiempo a preguntarnos si aquello que la teoría define con tanta pomposidad y magnificencia se ve reflejado en nuestro día a día. La onomástica del día de hoy proporciona una oportunidad perfecta para examinar el estado de la democracia en el mundo y, más concretamente, en nuestra realidad más cercana. Antes de abordar la cuestión, es importante recordar los siguientes aspectos: • La democracia es tanto un proceso como una meta, y sólo con la plena participación y el apoyo de la comunidad internacional, los órganos nacionales de gobierno, la sociedad civil y los individuos puede el ideal de democracia tornarse en realidad para ser disfrutado por todos, en todas partes. • Los valores de libertad y respeto por los derechos humanos y el principio de celebrar elecciones periódicas y genuinas mediante el sufragio universal son elementos esenciales de la democracia. A su vez, la democracia proporciona el medio natural para la protección y la realización efectiva de los derechos humanos. Estos valores se han incorporado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por todos nosotros conocida, y han sido elaborados aún más en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que consagra una multitud de derechos políticos y libertades civiles en que se basan las democracias significativas. • El nexo entre democracia y derechos humanos figura en el artículo 21.3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que establece: La voluntad de la población debe constituir la base de la autoridad de gobierno; ello se expresará en elecciones periódicas y genuinas que serán mediante sufragio universal y se celebrarán por voto secreto o por procedimientos de votación libres equivalentes. • Los derechos consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en los instrumentos de derechos humanos posteriores que abarcan los derechos de los grupos tales como los pueblos indígenas, las minorías, las personas con discapacidades, etc., son igualmente esenciales para la democracia, habida cuenta de que garantizan la distribución equitativa de la riqueza, y la igualdad y equidad con respecto al acceso a los derechos civiles y políticos. Partiendo de estos elementos, el análisis del estado de la democracia en el caso español arroja resultados verdaderamente muy preocupantes. Al respecto, parece interesante citar algunos de los principales resultados del Informe sobre la Democracia en España de este año, elaborado por un equipo de 134 expertos en ciencia política, sociología, derecho y economía, bajo el título Reformular la política, y que se centra en explorar el descontento de la ciudadanía con el funcionamiento de la democracia en el Estado español. En su elaboración, se analizan 57 indicadores, que van desde la rendición de cuentas a la limpieza de las instituciones. El resultado de este análisis es que la nota media que obtiene la democracia española, según el estudio, es de un 5,2 sobre 10, similar a la del año anterior pero un punto inferior a la del primer informe, del año 2008. La novedad es que añaden un nuevo factor negativo: los derechos sociales, que eran una de las fortalezas del sistema democrático, ahora parece erigirse en una de sus mayores debilidades. Por otra parte, se mantienen la mayor parte de las tendencias negativas observadas en ediciones anteriores, entre las cuales cabe destacar: • La corrupción y la sumisión del poder político al poder económico. • Los derechos de los trabajadores no se han recuperado y las garantías sanitarias tradicionalmente proporcionadas por el Estado se desvanecen. • La exclusión de las capas sociales más vulnerables como resultado de la Ley de Seguridad Ciudadana, la reforma del código penal y la política de control de fronteras. Estos resultados son coherentes con los del último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas, que incluyó preguntas específicas sobre estos asuntos en el 2012 y concluía que de cada 10 españoles estaban poco satisfechos con esas medidas. En este sentido, conviene señalar que es a partir de 2008 cuando el porcentaje de personas satisfechas con la calidad democrática cae estrepitosamente, y desde entonces este indicador de satisfacción no se ha recuperado. De hecho, el citado Informe señala que España es el país europeo en el que más ha aumentado la insatisfacción ciudadana sobre la democracia desde el inicio de la crisis y de una manera más abrupta, según los datos de la Encuesta Social Europea. De este modo, la desconfianza ciudadana en las instituciones debiera ser un factor de profunda preocupación para la clase política española. Más allá de la percepción de las debilidades y carencias de la democracia española, y que quizás algunos podrían cuestionar, un hecho que parece innegable es que la crisis económica ha venido acompañada de un notable aumento de las desigualdades económicas y, en consecuencia, sociales. En relación a este aspecto, el Informe sobre la Democracia en España 2015 sostiene que la desigualdad no es solo susceptible de dañar el crecimiento económico creando ineficiencias en la distribución de los factores y en la productividad, sino que también tiene hondas repercusiones políticas. En concreto, los actuales niveles de desigualdad se están haciendo intolerables para la opinión pública, que empieza a reclamar que se respeten las reglas del contrato social para que nadie se quede atrás. El impacto de las políticas de austeridad impuestas por una troika ajena a la realidad cotidiana de los ciudadanos debiera hacer recapacitar a los líderes europeos, que parecen vivir completamente en otra realidad, pero también a una élite política española, de todo tipo de colores e ideologías políticas, que ha repartido el esfuerzo del ajuste de forma claramente desigual y en todo caso con una muy dudosa concepción de la progresividad. La falta de proporcionalidad en el reparto del esfuerzo amenaza con ahogar a buena parte de nuestra sociedad, en la línea de la metáfora del sociólogo polaco Zygmunt Bauman para describir la desigualdad social en la era global: Un puente no colapsa cuando la carga que sostiene supera la fuerza promedio de sus tramos; el puente colapsa mucho antes, cuando el peso de la carga sobrepasa la capacidad portante de uno de sus tramos: el más débil. (…) No importa cuánta fuerza tienen en general los tramos, las pilas y los estribos: el tramo más débil es el que decide el destino del puente entero. La lección que podemos extraer de esta gráfica metáfora de Bauman se podría resumir con una frase sencilla y directa: la democracia es la primera víctima de la desigualdad. Por lo tanto, la desigualdad económica (y social) debiera ser, sin lugar a dudas, otra de las fuentes de profunda preocupación de la clase política española. El reparto del esfuerzo social para hacer frente a la crisis, el funcionamiento de las instituciones básicas del Estado democrático y de derecho (principalmente la separación de poderes que preconizaba Montesquieu hace un par de siglos) y la percepción de la ciudadanía respecto de la marcha de ambos aspectos debieran ocupar una posición principal en la agenda política en una democracia madura. ¿Podemos considerar que España es una democracia madura? ¿Puede ser un país donde se adoptan reformas legales que llevan a amplias capas de su población a carecer de acceso a la justicia universal y gratuita ser considerado como una democracia madura? ¿Puede un país convivir con capas cada vez más amplias de su sociedad pauperizadas mientras su élite política (de todos los colores e ideologías) alumbra nuevos casos de corrupción estructural? ¿Puede un país que multa a su población por manifestarse pacíficamente alrededor de sus cámaras legislativas, representación de la soberanía del pueblo, ser considerado como una democracia asentada? Un país donde sus cuerpos y fuerzas de seguridad en frontera reciben instrucción de disparar a los inmigrantes que llegan indefensos a nado después de un naufragio y buscando asilo, ¿es una democracia respetable? Feliz Día de la Democracia. Un H.·. de la R.·. L.·. Descartes
Or.·. de Barcelona, a 15 de septiembre del 6015