Congreso de la República, Colombia
Tras más de doce años intentándolo, el Gobierno de Juan Manuel Santos ha logrado aprobar una Reforma a la Justicia que arroja más luces que sombras.
Entre algunos de sus 'aciertos' están la eliminación de la Comisión de Acusaciones, famosa por su ineficiencia en el enjuiciamiento de los altos dignatarios de Colombia y del Consejo Superior de la Judicatura; órgano que junto con la Comisión de Acusaciones ha sido criticado por su origen político a pesar de cumplir funciones jurisdiccionales.
En cuanto a la Comisión de Acusaciones sería remplazada por la nueva 'Comisión de Aforados' que se encargará de adelantar un juicio meramente político. No se ha determinado como serán elegidos los jueces de esta nueva Comisión. En cuanto al juicio político, disciplinario y fiscal sería adelantado por la Corte Suprema de Justicia.
El Congreso sin embargo, se ha encargado de ensombrecer el proceso de Reforma a la Justicia al eliminar varias de las causales por las que podían perder su investidura ante el Consejo de Estado y dilatando tal proceso de tal forma que su efecto inmediato es hacer virtualmente inaplicable tal figura.
Así mismo, el juzgamiento penal ante la Corte Suprema de Justicia tendría una segunda instancia y encuentra nuevas garantías a favor de los congresistas que postergaría los fallos adversos contra los senadores y representantes.
Algunos han señalado que el otorgamiento de 'autonomía presupuestal' a la Rama Judicial así como el aumento de la edad de retiro forzoso y del periodo de ejercicio de 8 a 12 años que cobijaría a los magistrados actuales de las Altas Cortes son un recurso usado por los legisladores para no encontrar resistencias al proyecto durante su revisión constitucional.
De hecho, como advirtió el representante del Polo Democrático, German Navas uno de los efectos de estas disposiciones será que los Magistrados actuales de la Corte Constitucional tendrían que apartarse de decidir sobre la constitucionalidad de la Reforma al contener disposiciones que los favorecen directamente y pasar a nombrar nueve conjueces que tendrían la última palabra sobre tan trascendental reforma.
La oposición al proyecto que era minoritaria quiere dar una última batalla contra esta Reforma a la Justicia que ha terminado por desdibujarse demandando lo que consideran fueron vicios de forma durante su debate e incluso anunciando un Referendo en el que intentarían que esta sea derogada.
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