La Reforma Migratoria fue una de las principales promesas de la campaña a la reelección del Presidente Barack Obama que motivaron la movilización de aproximadamente el 71% de los votantes latinos a su favor y que inclinaron la balanza en favor del candidato Demócrata en las pasadas elecciones de noviembre.
Esta victoria condicionada al apoyo de un grupo demográfico que sigue creciendo hace que la promesa que ya había sido formulada en 2008 por Obama tenga un sentido de mayor urgencia. En una deuda pendiente para un grupo que a pesar de sentirse defraudado al no ser atendido en los primeros 4 años de gobierno como hubieran esperado, decidió seguir creyendo en el Partido Democráta y en el mensaje de su candidato.
Un importante sector entre los Republicanos, mientras tanto, ha prendido las alarmas al constatar que su discurso anti inmigrante ha ahuyentado a los votantes latinos y que la radicalización a manos del sector conocido como el Tea Party dentro del Partido Conservador dentro del GOP puede tener consecuencias fatales.
El pulso entre el sector moderado Republicano que quiere dar un giro dentro del partido y el Tea Party podría ser decisivo al evaluar el futuro de la reforma migratoria, teniendo en cuenta que la Cámara de Representantes sigue estando dominada por los Republicanos.
Un primer paso en el camino por saldar la deuda pendiente que tanto interesa a ambos partidos es la creación de una comisión de senadores de ambos partidos que ha logrado formular un borrador de reforma migratoria para buscar el consenso necesario.
Los pilares de esta reforma son la seguridad en las fronteras, medidas contra el empleo de inmigrantes ilegales, visados temporales de trabajo y un camino a la ciudadanía para los inmigrantes que permanecen en la ilegalidad (aproximadamente once millones). Este último punto ya se anticipa que será polémico dentro de ambos partidos.
Obama ha mostrado su inconformidad ante este aspecto del borrador ya que supedita el otorgamiento de la ciudadanía de los inmigrantes a la seguridad nacional ya que tal condicionamiento puede significar que la reforma se convierta en ley muerta y se supedite a la interpretación de las autoridades que podrán argumentar que los niveles de seguridad son insuficientes. Una preocupación que es también compartida por muchos inmigrantes y defensores de los derechos de los latinos en los Estados Unidos.
En efecto, es inconcebible para muchos Republicanos que se estudie la posibilidad de otorgarles a los inmigrantes ilegales un reconocimiento que juzgan de inmerecido para un grupo de personas que violaron la ley al ingresar al país. Unos delincuentes a los que no habría que otorgarles beneficios en consideración del tiempo que han permanecido en esta situación de incertidumbre, o en el mejor de los casos, pretenden hacer que esta vía de legalización sea tan tortuosa e inalcanzable como sea posible.
El actual consenso no es una garantía de aprobación. En 2006 durante el Gobierno de George Bush, se logró un consenso de ambos partidos que terminó en el fracaso. Esta es la razón por la que el presidente Obama, aprovechando el momento político que lo favorece tras el respaldo obtenido en las urnas ha decidido presionar para que el legislativo no prolongue los debates hundiendo la iniciativa.
Ha visitado Las Vegas y ante el público de un estado con un porcentaje importante de inmigrantes latinos, dio su aprobación a esta iniciativa supra-partidista que ha sido presentada, al tiempo que advertía a los legisladores que de no llegarse un acuerdo, su Gobierno presentaría una iniciativa legislativa de Reforma Migratoria.
La no aprobación de ninguna de estas alternativas haría que Obama se lavé las manos ante su electorado, mostrando que ha intentado todo en favor de los inmigrantes y poniendo el dedo acusador sobre los legisladores republicanos que podrían ser una vez más castigados en las próximas elecciones legislativas.
La Reforma Inmigratoria que se llegue a aprobar no implica que efectivamente los once millones de indocumentados logren su regularización. Una de las exigencias sobre las que sí hay consenso es la exclusión de aquellos inmigrantes ilegales con antecedentes penales.
Sin embargo, y aunque no exista una solución definitiva a un problema socio económico que afecta a los países desarrollados, y que tiene como uno de sus principales razones de ser la gran brecha entre los países vecinos en condiciones de vida menos favorables, que la Reforma Migratoria como una deuda pendiente vuelva a la primera línea de la agenda del Gobierno es un primer paso para lo que podría ser una significativa victoria.