Con una sociedad indolente y un partido en el Gobierno que legisla para retroceder a tiempos del innombrable, que no condena la dictadura del golpista y se niega a sacar de las cunetas a miles de víctimas; con un monarca que conserva, en su escudo de armas, el yugo y las flechas que usara la España franquista y con una prensa cuyas rotativas parecen escribir al dictado de FAES, ¿quién tiene la insensatez de proponer ahora una reforma constitucional?
La Constitución necesita reformas, afirma quien fuera presidente del Congreso en las Cortes Constituyentes. Mejor, redactar otra. No podemos tener un proyecto de futuro atenazados por la Transición. Si la actual Constitución fue útil durante un tiempo, hoy no sirve. La actual no es aceptable cuando defiende una monarquía hereditaria y machista; no es real al afirmar que la soberanía reside en el pueblo, cuando está en manos de la UE y los mercados. Si además, mantiene al ejército como garante de la unidad territorial y no garantiza los derechos reconocidos, ¿se puede negar la conveniencia de mejorarla?
Por la República, por un Estado laico y por un sistema electoral proporcional. Para que el derecho al trabajo, a la vivienda, a la sanidad pública y gratuita, a la enseñanza y a los derechos sociales, no se queden en palabras bien intencionadas recogidas en un texto muerto y usado como una simple reliquia. Ahora más que nunca, es preciso garantizar nuestras libertades y propiciar otra organización territorial. Éstos y otros, serían y son motivos suficientes para redactar un nuevo texto o, en su defecto, hacer una reforma. Pero, hoy por hoy, ambas opciones supondrían un retroceso.
Hay motivos, es cierto. Pero no olvidemos que, solo hay dos opciones: o un órdago revolucionario o una reforma conforme a lo estipulado en la propia Constitución. Como los ciudadanos de este país no parecemos dispuestos a emprender acciones radicales y los partidos de izquierdas se conforman con proporcionar cierto rostro humano al capitalismo imperante, solo parece factible la vía reformista.
Pero, ¿se dan las circunstancias necesarias para afrontar con garantías avances en justicia, derechos y libertades? Pensemos por un instante: como en todo, el desconocimiento de la realidad conduce a ninguna parte. Toda reforma debe ser aprobada por “una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras” (art. 167.1). Este requisito exige, hoy, el acuerdo de los dos partidos mayoritarios; mañana, muy probablemente, también. ¿Hay entonces más posibilidades de avanzar o de retroceder? Con una cámara que está legislando contra las clases medias y los más necesitados, que apuesta por la voladura de todas las políticas publicas o que pone en peligro el derecho de manifestación y expresión, ¿quién tiene la irresponsabilidad de pedir cambios constitucionales? ¿Acaso no es prueba suficiente el que todas las reformas emprendidas en los últimos años son puro retroceso?
Para reformar la actual o redactar una nueva lo primero sería crear el compromiso ciudadano que hoy no existe o, al menos, ni vota ni se manifiesta; lo segundo, que esa conciencia social tuviera su reflejo en las urnas. Como estamos lejos de lo uno y lo otro, lo más práctico sería desarrollar la que tenemos y exigir su cumplimiento. Mientras la sociedad se despereza y toma conciencia, no hay otro camino que más cultura y más educación. ¿Entienden lo del IVA cultural y la LOMCE? Pues eso.
Es lunes, escribo mientras escucho a Brian Molley Quartet.
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