Ni ha habido concurso público que merezca ese nombre ni el cargo de marras en el Banco Mundial tiene que ser ocupado por un funcionario público, técnico comercial del Estado por más señas. Sólo indicaciones vagas y genéricas sobre las condiciones que debe reunir el candidato que tanto puede ser un técnico comercial del Estado como cualquier otra persona que se considere con méritos suficientes para aspirar a la sabrosa canonjía a razón de 226.000 euros al año libres de impuestos. Ocurre, sin embargo, que de la existencia de esa vacante se enteraron sólo unos pocos allegados y que la elección la hicieron altos cargos del ministerio de Economía que - ¡oh, casualidad! - detenta un entrañable amigo de Soria.
Ni hubo selección de candidatos ni baremación de los méritos de los aspirantes ni tribunal calificador que tomara la decisión de quién debía ir a Washington y quién no. Todo estaba decidido, atado y bien atado, desde el primer minuto, probablemente desde que en abril Soria aceptó abandonar sus responsabilidades políticas tras descubrirse sus escondites panameños y puso como condición para ello una contraprestación acorde con sus grandes méritos políticos y profesionales.
No obstante y a pesar de que en las filas del PP empiezan a multiplicarse las voces críticas, Rajoy y su corte de los milagros persisten en sus increíbles explicaciones. Ponen cara de asombro y se preguntan cómo se le puede negar a un funcionario público optar a un puesto vacante si reúne las condiciones requeridas para el mismo. Se rasgan las vestiduras y critican que se quiere "masacrar" a Soria en lo personal después de haberlo "masacrado" en lo político. No explican, sin embargo, por qué el anuncio no se hizo antes de la sesión de investidura de la semana pasada y no tres minutos después de que Rajoy fracasara en su apático intento de seguir en La Moncloa pero sin mayoría absoluta. ¿Por qué había que esperar si todo ha sido tan legal, transparente y aburridamente administrativo?
Metida la pata hasta el corvejón - si es que una decisión tomada de manera tan deliberada puede calificarse así - lo difícil ahora es sacarla sin desdecirse; el Gobierno y el PP se encuentran en una posición poco menos que imposible, pillados en sus propias mentiras fabricadas para hacer pasar por legal un dedazo del tamaño del Valle de los Caidos - y perdón por la forma de señalar. Sólo si Soria renunciara - presiones para que lo haga debe tener unas cuantas - podrían recomponer un poco su ya de por sí penosa imagen pública de partido y gobierno enfangados en la corrupción.
Y no sólo porque la de Soria haya sido una decisión viciada de amiguismo prepotente - que lo ha sido - sino también y sobre todo porque el beneficiado de la misma no atesora entre sus virtudes la más importante de todas para un funcionario servidor del interés general: una hoja de servicios públicos limpia de toda tacha. Si el PP y el Gobierno tuvieran la improbable decencia de rectificar y anular la propuesta para que Soria viva dos años a cuerpo de rey podría empezar Rajoy a hablar de regeneración de la vida pública con un mínimo de conocimiento de causa. Mientras no asuma que no se puede mentir a todo el mundo durante todo el tiempo y que la vida pública sólo se sanea apartando de ella a los corruptos y aprovechados del poder por más que judicialmente sean unos santos varones, la palabra regeneración en su boca seguirá sin tener la más mínima credibilidad, con concurso o sin concurso.