El acto es más bien protocolar, aunque se suma al entramado de leyes y políticas que conforman el bloqueo. El mandatario está obligado a notificar al Congreso y publicar en el Registro Federal su disposición a mantener la medida en un plazo mayor a 90 días de la fecha en que se vence su cumplimiento. De lo contrario, automáticamente deja de tener vigencia.
La emergencia nacional fue declarada el 1 de marzo de 1996, modificada el 26 de febrero de 2004 y nuevamente el 25 de febrero de 2016, continuó vigente después del 25 de febrero de 2017 y posteriormente renovada una vez más el 22 de febrero de 2018.
Lo llamativo, sin embargo, es la justificación empleada una vez más por el mandatario y sus asesores para justificar la necesidad de mantener la emergencia marítima.
La regulación se declaró como medida preventiva para impedir una supuesta “emigración masiva” desde Cuba a Estados Unidos y sanciona la entrada no autorizada de buques sujetos a la jurisdicción de los Estados Unidos en aguas territoriales cubanas.
“Sigue siendo válida la política de que una migración en masa desde Cuba pondría en riesgo la seguridad de los Estados Unidos, al perturbar o amenazar con la perturbación de las relaciones internacionales de los Estados Unidos”, refiere la carta de Trump enviada a la Cámara Baja del Congreso.
“La entrada sin autorización de naves sujetas a la jurisdicción de los Estados Unidos dentro de las aguas cubanas viola las leyes estadounidenses y es contraria la política norteamericana”, añade.
De acuerdo con el texto, esto busca, entre otras cosas, una migración “ordenada, segura y legal” al evitar que la entrada de dichas embarcaciones “faciliten una posible migración masiva de nacionales cubanos”.
La declaración no hace mención alguna del acuerdo firmado entre Cuba y Estados Unidos el 12 de enero de 2017, que constituyó un paso de avance en las relaciones bilaterales y a favor de una migración normal entre los dos países.
En la última ronda migratoria sostenida entre Washington y La Habana, en julio del pasado año, ambas partes reconocieron los beneficios de la Declaración Conjunta del 12 de enero de 2017, en particular la eliminación de la política de pies secos-pies mojados y del programa de parole para profesionales médicos cubanos, en la disminución de la emigración irregular.
Coincidieron así mismo en la utilidad del intercambio entre Tropas Guardafronteras y el Servicio de Guardacostas, celebrado en enero de 2018, y del encuentro técnico sobre tráfico de personas y fraude migratorio realizado en diciembre de 2017.
Cuba y Estados Unidos avanzaron sostenidamente en sus vínculos bilaterales a partir del 17 de diciembre del 2014 y hasta el 20 de enero de 2017.
Con la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump, sin embargo, la política hacia Cuba fue secuestrada por un pequeño (pero poderoso y radical) grupo de legisladores de origen cubano, con gran ascendencia sobre el presidente, a quienes se ha sumado su asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, un conocido halcón contra Cuba.
El senadores Marco Rubio y Bob Menéndez introdujeron en enero pasado un proyecto de Ley para un programa de robo de cerebros dirigido a los médicos cubanos que cumplen misión en el exterior.
La idea de los legisladores es exigir a la actual administración republicana que restituya el polémico Programa de Parole para Profesionales Médicos Cubanos, establecido por el gobierno de George W. Bush y derogado al final del mandato de Barack Obama.
Durante los años que se mantuvo vigente (2006-2017), esta política constituyó un incentivo ilegal para que el personal cubano de la salud que colaboraba en terceros países abandonara sus misiones y emigrara a los Estados Unidos.
La activación del programa sería una violación de la letra del acuerdo del 12 de enero y un nuevo incentivo para las irregularidades en el proceso migratorio.
El principal obstáculo para una migración ordenada y segura entre los dos países sigue siendo la vigencia de la Ley de Ajuste Cubano, vigente desde 1966, que permite de manera singular a los nacionales de la mayor de las Antillas ajustar su estatus migratorio al año y un día de permanecer en el territorio estadounidense.
La Ley expone a los cubanos a convertirse en víctimas de traficantes ilegales y bandas asociadas al crimen organizado.
Al mismo tiempo y por razones sin basamento científico, Estados Unidos mantiene paralizados los servicios consulares de su Embajada en La Habana, entorpeciendo el procedimiento normal de los viajes entre ambos países.
Cuba ha venido flexibilizando la política para permitir el uso de embarcaciones.
Nuevas medidas aprobadas en abril del 2016 permitieron que los cubanos, con independencia de su condición migratoria, pudieran enrolarse como pasajeros y tripulantes en buques mercantes y cruceros para entrar y salir del territorio nacional.
En cuanto a los yates, la publicación afirma que se “autorizará de forma gradual y una vez creadas las condiciones, la entrada y salida de ciudadanos cubanos, con independencia de su condición migratoria, en calidad de pasajeros y tripulantes en embarcaciones de recreo (yates).
En 2017 se aprobó la entrada y salida a Cuba de ciudadanos cubanos residentes en el exterior en embarcaciones de recreo, a través de las Marinas Turísticas Internacionales Hemingway y Gaviota-Varadero. Una vez que estén creadas las condiciones, se ampliaría progresivamente a otras marinas.
De acuerdo con la declaración publicada entonces, la política agresiva de los Estados Unidos, que incluyó el uso de embarcaciones para realizar atentados terroristas contra ciudadanos cubanos, motivó en primer lugar la aplicación de las restricciones.
Fuente: Cubadebate.cu