Si se entiende en su sentido más amplio (como un ingreso mínimo destinado a quienes carecen de él o reciben algún otro insuficiente para sobrevivir), puede decirse que todas las corrientes ideológicas defienden la renta básica. El economista Milton Friedman, el mayor referente del liberalismo en la segunda mitad del siglo XX, fue el promotor del impuesto negativo sobre la renta, una figura cercanísima a la renta básica universal que defienden quienes están en sus antípodas. Y en España todos los grandes partidos defienden en sus programas electorales algún tipo de ingreso mínimo, renta básica o complemento salarial.
Es cierto que a partir de ahí surgen las diferencias. Desde quienes piensan que una renta mínima sólo se debe percibir si se está en situación de extrema necesidad y a cambio de algún tipo de contraprestación, hasta quienes la defienden como un derecho universal de ciudadanía, incondicionado y sin contrapartida alguna.
Podría parecer que ese común punto de partida es poco, pero quizá sea suficiente para empezar si se tiene en cuenta que hoy día hay ya legiones de personas sin ingreso alguno, y que en el horizonte no se percibe la posibilidad de que toda la población tenga empleo por cuenta propia o ajena. Los avances de la productividad son inevitables y si continua la tendencia a no repartir sus frutos, bien reduciendo drásticamente la jornada laboral o modificando los objetivos de las políticas económicas, el paro masivo será inevitable.
Eso me lleva pensar que el debate sobre qué entender por renta mínima, a quién debe llegar y a cambio de qué, es ineludible. Y ante él, podemos atrincherarnos en las viejas concepciones del bienestar y las políticas sociales; tratar de innovar, pero emboscados en nuestras propias convicciones intentando tan solo imponer al otro nuestra propuesta, como si de una guerra de religiones se tratara; o abordar el debate democráticamente y con el rigor que demanda la complejidad de nuestras sociedades tan diversas y dañadas.
Si se quisiera avanzar por este último camino me parece que es imprescindible poner sobre la mesa algunas piezas esenciales para poder poner en marcha con éxito cualquier tipo de renta básica.
Hay que ponerse de acuerdo, en primer lugar, sobre el significado que en cada momento le damos al término renta básica pues ahora se esta utilizando para referirse a diferentes modalidades de ayudas. Para avanzar y para poder llegar a conclusiones comunes, hemos de utilizar palabras que tengan el mismo significado para todas las personas.
Es imprescindible asumir sincera y formalmente, quizá llevándolo a nuestras constituciones, que nos comprometemos a evitar que queden en la indigencia quienes no disponen de medios para vivir con un mínimo de dignidad. Puede parecer una simpleza, pero es inevitable empezar por ahí si realmente queremos evitar, por ejemplo, que sólo el 8% de las personas que se encuentran bajo el umbral de pobreza en España reciban algún tipo de las rentas mínimas ya reconocidas en nuestra legislación.
También deberíamos asumir como presupuesto de partida que la renta básica ha de ser un derecho o un mecanismo de ayuda, pero también un incentivo para crear riqueza, aunque entendiendo que la riqueza que necesitamos los seres humanos para vivir no es solo la que tiene expresión monetaria.
Debemos hacer bien las cuentas y tener presente que el coste financiero de cualquier tipo de renta básica no se puede calcular solo en bruto, sino que se deben contabilizar los ahorros que pueda significar, los costes de oportunidad, y las externalidades positivas y negativas que lleve consigo. Y no sólo los de expresión monetaria inmediata.
Hay que poner sobre la mesa y evaluar bien todas las posibilidades reales que tenemos a nuestro alcance para su financiación y no solo las disponibles a corto plazo. Hay que ir más allá y explorar las que sin duda se van a abrir antes o después en el mundo tan cambiante en el que vivimos. Es muy difícil, por no decir que imposible, financiar políticas realmente innovadoras como la renta básica con nuestras viejas figuras fiscales. O las cuentas no saldrán o serán políticamente inasumibles.
Se debe saber que la renta básica puede ser o no una propuesta que reduzca derechos y estándares de bienestar ya alcanzados. El debate ha de ser honesto al respecto para impedir que se hurte a la población el conocimiento exacto de las renuncias que en cada caso implique su puesta en marcha.
Hemos de ser conscientes de que es imposible conocer con antelación cuáles serán los efectos reales de la puesta en marcha de una renta básica sobre todas las personas, sobre la sociedad y sobre la economía. Las experiencias que se han realizado nos proporcionan indicios interesantes, pero no grandes certidumbres. Por ejemplo, que no es cierto que una renta básica cree vagos integrales, pero sí que disminuye en alguna medida las horas dedicadas al empleo remunerado (algo que podría ser especialmente relevante en el caso de las mujeres), que no sólo aumenta el bienestar personal, sino que también mejora las condiciones del entorno (educación, salud, seguridad...), y que está claro que permite desarrollar actividades que generan nuevos tipos de riqueza. Pero de alguna de esas experiencias se podría inferir también que su implantación puede ocasionar desajustes en el empleo remunerado o subidas de precios si no se dan condiciones de oferta adecuadas... O un profundo y agrio conflicto político (como ocurrió en Estados Unidos) si no la acompaña un debate sereno y ecuánime. Hay que ir, pues, con cautela y poco a poco porque de nada sirve querer llegar muy lejos si no se van consolidando avances efectivos.
Finalmente, hay que ser conscientes de que el debate sobre la renta básica se realiza sobre un problema social que no admite soluciones técnicas en todos sus aspectos pues gran parte de las interrogantes que plantea son normativos. Lo que se necesita, por tanto, es que todas las personas puedan revelar sus preferencias con conocimiento de causa y transparencia, y que haya condiciones efectivas para que las decisiones políticas subsiguientes sean democráticas.