Ana Mato jurando su cargo
Hoy he estado repasando cifras y noticias sobre la Ley de Dependencia, aprobada en el año 2006.Me dan escalofríos solo pensar que han transcurrido ocho (8) años desde aquella publicación, que supuso construir en nuestro país una nueva política social para resolver las necesidades de cuidados de larga duración.
Esta ley marcaba una rotunda prioridad en la creación de servicios indispensables como la prevención, teleasistencia, ayuda a domicilio, centros residenciales y centros de día y de noche; pero dicha ley considera que las prestaciones económicas han de ser algo excepcional.
Aquella ley preveía una aplicación progresiva (desde el 2007 al 2015), estableciendo el copago de las personas usuarias y garantizaba que nadie quedara excluido del sistema por falta de recursos.
Mi amiga @e_nasarre, tiene un blog: Tu mejor día es hoy, que os recomiendo lo sigáis, para que veáis las denuncias que hay que hacer, por el progresivo incumplimiento de dicha ley por este Gobierno de España. Es verdaderamente intolerable, pues dicho incumplimiento lleva inexorablemente al fallecimiento de las personas con distintas discapacidades que necesitan cuidados, que por ley les corresponden.
Más de una vez he pensado si Ana Mato dormirá con la conciencia tranquila, siendo la mano ejecutora de la suerte de las personas con dependencia.
Las Comunidades Autónomas y ayuntamientos, son los que tienen que aplicar la ley.
Repasemos. Las prestaciones otorgadas en España a fines del año 2008 fueron 449.415; en 2010, solo llegan a 800.009 y en junio del año 2012, se sitúan en 959.903. Son cifras que por sí solas hablan del drama existente.
Repasemos. La aportación del Estado resulta ser inferior a la mitad de lo que realmente cuestan las prestaciones; todo esto se va empeorando pues, lógicamente, a medida que entran nuevos usuarios, las CCAA se ven sobrecargadas en sus presupuestos.
Repasemos. En las distintas CCAA, las personas beneficiarias de prestaciones con respecto al total de la población (datos de junio 2013) resultan tasas más altas en Cantabria (2.51), Castilla y León (2.44), La Rioja (2.16) y Andalucía (2.10); y las menos altas (esto es las menos comprometidas en aplicar la ley) son Comunidad de Madrid (1.22), Baleares (0.88), Comunidad Valenciana (0.74) y Canarias (0.55). Por cierto todas éstas últimas gobernadas por el Partido Popular.
Repasemos. El 13 de julio de 2013, el Gobierno de España reforma la Ley de Dependencia, y su aplicación resulta un duro golpe a la revisión de las cuantías y condiciones de los cuidadores no profesionales, el incremento de las aportaciones de los usuarios (copago) y la potenciación (como no) del sector privado.
Es aquí en donde me interesa hacer un inciso. Esta reforma (que en realidad es una contra reforma), supone que en junio de 2013 se reducen a 939.642 (20.251 menos que en el año anterior). Y otro golpe más cruento si cabe, se aplaza hasta el año 2015, la incorporación de nuevos usuarios.
Repasemos. Esto supone dejar sin ayuda a más de 150.000 dependientes y por supuesto afecta a las personas con menos capacidad económica. Los datos demuestran que los cuidadores no profesionales son mayoritariamente mujeres (un 75%) de edad avanzada (un 30% supera los 65 años; y el 56% tiene entre 46 y 64 años), abundan los hijos e hijas (un 51%).
Estas cuidadoras perciben una asignación económica que da vergüenza comentar; está entre 443 euros para la Gran Dependencia y los 153 euros para la Dependencia Menor.
En julio de 2012 había en España 179.829 cuidadoras familiares dadas de alta en la Seguridad Social, y en junio de 2013 existían 19.054, es decir 160.769 menos en apenas un año.
Aunque da mucha vergüenza. Repasemos.