El mismo día en que el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las desapariciones forzadas o involuntarias propinaba un rapapolvo con todas las letras al Estado español por el incumplimiento sistemático del derecho internacional por su dejadez absoluta en la investigación de los crímenes de lesa humanidad cometidos desde el golpe militar de 1936 y durante cuatro décadas de dictadura franquista, trascendía a la opinión pública que la pequeña localidad madrileña de Quijorna acogió el pasado sábado, con el beneplácito del Ayuntamiento gobernado por el PP, una exposición militar donde destacaba la presencia de todo tipo de artículos enaltecedores del fascismo, el nazismo y el franquismo. Al día siguiente la propia alcaldesa, Mercedes García, participaba en un acto de homenaje a “los caídos por Dios y por España en la defensa de Quijorna”.
Cuando desde diferentes sectores han empezado a llover las críticas por tal exhibición, la nada sorprendente reacción del PP ha sido restar trascendencia al hecho, como ya hiciera durante el verano con sus “díscolos cachorros” posando junto a banderas y símbolos franquistas. “La exposición no está pensada para fijarse en las cruces gamadas, sino en símbolos militares”, justificaba el primer teniente de alcalde, José Luis Pérez Maroto, quien añadía que, además de símbolos nazis y franquistas, también los había “republicanos y del Che Guevara”.
El portavoz de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria, ha utilizado una táctica muy parecida, asegurando que no le gusta la exhibición de banderas o símbolos “nazis, fascistas, pero tampoco comunistas o de cualquier otra ideología que haya supuesto tremendas pérdidas y atentados a derechos fundamentales”. Desde luego, regímenes autocalificados como comunistas han cometido (y cometen) auténticas barbaridades, pero el comunismo no es un movimiento ilegal, ni que contenga entre sus propósitos la comisión de crímenes contra la humanidad. Mucho menos la República, a la que desde el PP ya han intentado también meter en el mismo saco que a movimientos expresamente condenados por el derecho internacional, como son el nazismo y el franquismo.
De hecho, la propia legislación española prohíbe expresamente la exhibición de símbolos conmemorativos franquistas, según establece la tibia Ley de Memoria Histórica de 2007, que este gobierno se pasa reiteradamente por el arco del triunfo. Es decir, en Quijorna se cometió el pasado fin de semana un delito, cosa que por otra parte no es nada nuevo, pues España está sembrada de monumentos, calles, placas y toda clase de simbología que homenajea a los asesinos franquistas.
Actuar con urgencia
En sus observaciones preliminares, tras una intensa semana de visitas a organismos oficiales y cientos de entrevistas con familiares de víctimas de la dictadura, el Grupo de Trabajo de la ONU no deja lugar a dudas en su postura crítica respecto a la inacción del Estado en el esclarecimiento de los crímenes del franquismo. Recomiendo la lectura completa del documento, pero destacaré aquí algunos fragmentos:
—“Resulta esencial que el Estado actúe con la debida urgencia y celeridad en materia de desapariciones forzadas.”
— “El Estado Español debería asumir el liderazgo y comprometerse de manera más activa y urgente para atender la demanda de miles de familiares que buscan conocer la suerte o el paradero de sus seres queridos desaparecidos durante la Guerra Civil y la dictadura. Todas las iniciativas relativas a la búsqueda de desaparecidos tienen que ser parte de una política de Estado comprensiva, coherente, permanente, cooperativa y colaborativa.”
— “El Grupo de Trabajo llama al Estado a proporcionar los fondos adecuados para que la Ley de Memoria Histórica pueda aplicarse eficazmente.”
— “España debería promulgar una ley de acceso a la información y un marco legislativo apropiado sobre archivos para garantizar el derecho a conocer la verdad.”
— “El Grupo de Trabajo insta al Estado español a juzgar las desapariciones forzadas a la luz de estas obligaciones internacionales y a establecer legislativamente la imprescriptibilidad de las desapariciones forzadas o la determinación de que la prescripción solo puede comenzar a computarse a partir del cese de la desaparición forzada.”
— “El Grupo de Trabajo insta al Estado a adoptar todas las medidas necesarias legislativas y judiciales, para asegurar que las desapariciones forzadas no sean crímenes sujetos a amnistía, en particular privando de todo efecto la Ley de Amnistía de 1977, como ya ha sido recomendado por distintos organismos internacionales.”
Los representantes de la ONU recuerdan que sus funciones vienen dadas por la Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, “que refleja, codifica y consolida el derecho consuetudinario internacional que es jurídicamente vinculante para todos los Estados, incluido el español”. España ha ratificado la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, pero no la , que es a lo que se acogen los jueces para no juzgar los crímenes del franquismo, así como a la ilegal internacionalmente Ley de Amnistía. Baltasar Garzón, que intentara “abrir el melón”, sufrió las consecuencias de tal atrevimiento en sus carnes, siendo apartado de la judicatura. El informe del Grupo de Trabajo destaca la labor que realizara durante la instrucción del caso, que permitió cuantificar el número de desapariciones forzadas en más de 114.000 entre julio de 1936 y diciembre de 1951, y en casi 31.000 el número de niños secuestrados a familias republicanas y entregados a familias afines al régimen.
La labor realizada durante esta semana por el organismo de la ONU ha sido muy positiva. Ha vuelto a poner de actualidad una situación impropia de un país que se considera democrático. Esperemos que sirva para presionar de verdad a este gobierno insensible con las víctimas, aunque sólo sea por el miedo a perder el poco “prestigio” internacional que conserva.
Desde luego, la avalancha de guiños a la dictadura no invita al optimismo.