Masacres, abusos sexuales, mutilaciones, ataques contra niños… y a pesar de todo, un clima de total impunidad. Cualquier cantidad de atrocidades recoge un reciente informe de Naciones Unidas, que con ojo miope intenta buscar culpables de los crímenes cometidos en el Congo-Kinshasa por los distintos bandos contendientes, entre marzo de 1993 y junio de 2003.
El esperado informe, publicado a inicios de este mes, se apoya en 1 280 testigos y 1 500 documentos, y cita 617 incidentes graves en los que decenas de miles de personas perdieron la vida durante esa década, a manos de las fuerzas contendientes. Según el texto del Alto Comisariado de Derechos Humanos de la ONU, en los acontecimientos estuvieron involucrados nada más y nada menos que 21 grupos armados, así como otros ocho ejércitos de países de la región. Pero ni una palabra de la injerencia de las potencias ni de sus intereses oscuros, que fueron el telón de fondo y el abono de esos sucesos.
Si los resultados de la investigación en la hoy República Democrática del Congo la han dejado bastante «consternada», la respuesta de otros actores regionales ha sido muy distinta. Ruanda y Uganda no reconocen el texto, al que califican de «chapucero» o «basura» porque, según ellos, la ONU sigue sin tomar en cuenta su versión, según la cual enviaron tropas al este del Congo para perseguir a los responsables de la matanza de 800 000 tutsis y hutus moderados, ocurrida en Ruanda, en 1994.
Un peligroso intento de «reescribir la historia» que podría reavivar el conflicto en la región, asegura Kigali al referirse al informe de la ONU. Incluso, Ruanda ha llegado a amenazar con retirar sus 3 500 efectivos de la fuerza de paz de la ONU en Sudán. Mientras, Uganda dice estar segura de que el objetivo que persigue la publicación del texto es destruir sus relaciones con la República Democrática del Congo.
El documento de la ONU es particularmente incisivo con las fuerzas ruandesas, a las que responsabiliza de los «ataques sistemáticos y generalizados» que podrían ser calificados de «crímenes de genocidio» —dice el texto— contra los hutus refugiados en la nación vecina.
Pero este complicado pasaje de la historia del África Central también empaña la imagen de las que se dicen misiones de paz de la ONU en la patria de Patricio Lumumba. Allí su papel ha sido funesto; el organismo internacional es también culpable de las barbaridades cometidas cuando ordenó a sus hombres desproteger a los civiles refugiados en los campos bajo su dominio. Muchos de los cascos azules también han violado a mujeres y han traficado ilegalmente recursos minerales del Congo.
No intento defender a Ruanda, ni Uganda. Su participación en estos conflictos no es una ficción; durante los enfrentamientos, se hicieron de recursos minerales (coltán, oro, diamantes) del Congo. Pero la historia, como siempre está contada a medias, y mientras este informe de la ONU culpa a unos, deja de mencionar a los mayores protagonistas de tantos crímenes, que fueron las grandes potencias y sus transnacionales, que han incentivado el odio étnico y los conflictos para sacar su provecho.
Si la ONU ha decidido develar historias de crímenes, sería justo que denunciara a quienes patrocinan los conflictos, a las grandes potencias y transnacionales que como mismo nunca han aceptado Gobiernos nacionalistas en África, financian las guerras civiles, y azuzan lo que hipócritamente llaman enfrentamientos tribales o étnicos, para poder expoliar las riquezas nacionales en las minas de los territorios controlados por los sediciosos, como ha venido ocurriendo en la zona oriental de la República Democrática del Congo. No tendría que escarbar mucho…
También debería empezar por mirarse adentro y reconocer que sus denominadas misiones de paz en ese país —el mayor de sus despliegues militares en el mundo— no cumplen sus anunciados objetivos de proteger a los civiles. Solo así, sus informes serían creíbles.