El pasado sábado, desde la Coordinadora 25-S, se organizó un acto de apoyo moral a tres republicanos –Iván Torrico, Jorge Verstrynge y Manuel Prada– que van a ser juzgados por manifestarse en contra de la monarquía. Y hoy mismo, día en que los tres se presentan en el juicio, a las nueve y media de la mañana, se organizó otro acto ante los Juzgados de la calle Julián Camarillo. La propia Coordinadora destaca que puede parecer una exageración, algo que no pasaría en una democracia. “270.000 republicanos y republicanas encarcelados sólo en 1939 por el fascismo –nos recuerda la Coordinadora–. Hoy, en el siglo XXI, manifestarte republicano en el Estado español, en 2017, es delito”. En ambos actos, el manifiesto afirma que lo que dice la Constitución es que ser republicana no es delito – la bandera republicana no es inconstitucional, en todo caso preconstitucional – y los juristas también dicen que no lo es. Según una sentencia de la Sección Novena de la Sala de Lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid del año 2003, exhibir banderas republicanas está amparado por los artículos de la Constitución que consagran la libertad ideológica y la libertad de expresión.
Sin embargo, según Diariocrítico, una lista con 24 denuncias, condenas, multas o imputaciones por manifestaciones en contra de la monarquía o a favor de una república, prueba que el Estado, desde hace diez años, reprime cada menos de seis meses a los ciudadanos que pretenden apoyar abiertamente a los republicanos. “Una lista que no solo es la evidencia de que ser republicano es delito. De ahí que la Coordinadora nos recuerde que el 19 de junio de 2014, día en que se juzga a estos tres republicanos –Iván Torrico, Jorge Verstrynge y Manuel Prada– su único delito fue acudir, durante la coronación de Felipe VI y pese a la intimidación reinante, a la concentración republicana que la Coordinadora 25-S convocó aquella misma tarde en la Puerta del Sol. Destacan que el proceso de abdicación de Juan Carlos de Borbón estuvo en todo momento acompañado de protestas que reclamaban la abolición de la monarquía. Y que el mismo día se produjeron identificaciones, retenciones y detenciones selectivas a las personas que llevaban símbolos republicanos”.
Entre los condenados por los jueces, uno lo fue por izar una bandera republicana en un edificio público en una marcha por el derecho a la vivienda (mayo de 2006); otro, por haber gritado “Viva la República” durante la visita de Felipe de Borbón a Móstoles (mayo de 2006); otro, por sacer una bandera republicana en el homenaje en el Congreso a los represaliados franquistas (junio de 2008); otro, por sustituir una bandera franquista por una republicana en un edificio público(septiembre de 2009); otro, por llevar una bandera republicana en una partido de balonmano (abril de 2012); el coronel Martínez Inglés fue multado a 6.480, por criticar en un artículo la actuación del rey en el caso Nóos (Marzo del 2013); otros fueron multados por izar una bandera republicana en una rotonda de Granada( junio de 2014); la edil de Guanyar, Alacant, fue condenada por insultar a Juan Carlos de Borbón tras publicarse la fotografía en la que aparecía con un elefante al que había cazado en Botswana (enero de 2016)… El mismo Tribunal de Derechos Humanos condenó, en marzo de 2011, al Estado español por haber impuesto una condena “desproporcionada” por un delito de injurias graves al rey, en 2003, a Arnaldo Otegi. La Policía prohibió, en junio de 2014, el paso por la Gran Vía de Madrid a una mujer por llevar una chapa republicana y, en febrero de 2016, Fiscalía de la Audiencia Nacional vio delito en la pitada que se produjo en el Camp Nou el 30 de mayo durante la final de la Copa del Rey entre el Barcelona y el Athletic Club de Bilbao.