Los intereses del rescate computarán como déficit y se prevé que acarreen nuevos ajustes y subidas de inpuestos
Hoy he decidido abandonar los clásicos relatos eróticos de Abremeloya para intentar aclarar las dudas referentes al rescate de España, eso que Mariano Rajoy no quiso llamar por su nombre en su comparecencia pública destinada a explicar una actuación a la que el presidente del Gobierno se refirió en todo momento como “línea de crédito” o“lo de ayer”.
Parece que la palabra rescate provoca tanto malestar en nuestros gobernantes que no quieren ni nombrarla. Hoy, el diario digital www.elplural.com recoge numerosas informaciones publicadas en la prensa extranjera sobre el asunto. Por citar algunos ejemplos, el diario francés Liberation dice que las autoridades españolas han evitado la palabra rescate porque supondría “un mazazo para una sociedad castigada por la austeridad y el desempleo”; y los rotativos británicos Financial Times y The Guardiancritican al presidente Rajoy porque, en lugar de admitir la debilidad de España para rescatar a sus bancos, se haya referido a la ayuda europea como “una prueba del éxito de su programa de reformas y austeridad estricta”.
Aunque las condiciones exactas de la línea de crédito están aún por fijarse, sí se sabe que la cuantía máxima ascenderá a los 100.000 millones de euros, y que el interés que habrá que pagar por ese dinero estará entre el 3 y el 4 por 100. En su comparecencia del pasado domingo, Rajoy repitió que “lo de ayer”, en referencia al innombrable rescate, solo afectaría a los bancos, no a los ciudadanos. Sin embargo, el dinero saldrá de los fondos europeos de rescate y se prestará al Estado español. No a los bancos, tal como pretendía nuestro Gobierno. Por tanto, es el Estado español el que está obligado a devolverlo. Conclusión: debemos tener claro que no serán los bancos quienes tendrán que afrontar el pago del préstamo, como intentan hacernos creer, sino el Estado, es decir, todos los ciudadanos.
La mayoría de los españoles se cuestiona ahora de qué forma repercutirá el rescate en nuestros paupérrimos bolsillos. Pese a que Rajoy asegurara que la “línea de crédito” concedida por Europa no afectaría al déficit, el vicepresidente económico de la Comisión Europea, el español Joaquín Almunia, ha afirmado hoy que el préstamo concedido a nuestro país computará como deuda pública y que sus intereses, al tratarse de gastos, contabilizarán como déficit.
La línea de crédito europea, rescate o como se quiera llamar no nos saldrá gratis. Además de hacer frente a los intereses, el Estado español tendrá que cumplir una serie de condiciones entre las que está, precisamente, el cumplimiento de los objetivos de déficit. Ello implicará, según coinciden en afirmar numerosos analistas, nuevos recortes y subidas de impuestos que pagaremos los sufridos españolitos, por más que el Gobierno se empeñe en negarlo.
Tampoco está claro que, como afirmó el ministro de Economía, Luis de Guindos, al hacer pública la medida, el rescate vaya a servir para que el crédito vuelva a las pequeñas y medianas empresas (PYMES) y a las familias. La razón es que todos los bancos y entidades financieras, buenas o malas, se verán obligadas a aumentar sus provisiones, lo que dificultará y retardará la concesión de créditos.
Las consecuencias del rescate no se conocerán hasta que el Eurogrupo no fije las condiciones del crédito, más o menos dentro de un mes. De momento, lo que está claro es que España es el cuarto país europeo en acudir al rescate, después de Grecia, Irlanda y Portugal. La única diferencia entre los rescates de los citados países y el de España es que, mientras en los Estados antes mencionados la ayuda se concedió al conjunto de la Economía, en nuestro caso el crédito queda circunscrito al sistema financiero español.
Condiciones económicas y peleas políticas aparte, muchos ciudadanos se preguntan impotentes por qué tenemos que seguir ayudando a unos bancos que han dejado a miles de familias en la calle, mientras las viviendas desalojadas siguen vacías porque las propias entidades se niegan a bajar sus precios. No estaría mal que el Estado incautara esas viviendas vacías a los bancos que reciban los dineros del rescate, y las cediera por un alquiler simbólico a las familias que se han quedado sin hogar. Así, al menos, los más desfavorecidos tendrían una tabla de salvación a la que agarrarse, y a los ciudadanos nos quedaría el consuelo de que nuestros sacrificios servirían para algo más útil que ayudar a unos bancos que con su usura desmedida han dejado en la miseria a tantas familias y, lo que es aún más grave, a tantos niños inocentes que sufren desamparados el desahucio y la ruina de sus padres.
RoCastrillo