La tendencia es desde hace algunos años, la de incrementar cada vez más la responsabilidad de los asesores fiscales, y es algo que me preocupa porque creo que no es la solución para luchar contra el fraude; aunque está claro que tanto Hacienda como la Policía y la Fiscalía, lo que quieren es poder cargarle el muerto a alguien (que sea el culpable o no, importa menos), y si es a más de uno, pues tanto mejor porque eso liga bien con las estadísticas. Si el asesor fiscal participa en la consecución de un delito como socio o partícipe o a comisión de lo que se trinque, no digo que no sea tan responsable como el que más, pero que se intente responsabilizar a los asesores cuando sus clientes son los que han evadido impuestos (con o sin asesoramiento previo), eso ya no me parece tan bien. ¿Qué ocurre con los abogados defensores? Un abogado puede estar defendiendo a un asesino e incluso saber que es culpable. Es totalmente lícito porque cualquiera tiene derecho a una buena defensa, sea culpable o no. ¿Qué pasaría si condenaran también al abogado defensor al demostrar que su cliente era culpable y que toda la estrategia de defensa estaba montada sobre mentiras? Recordemos que el acusado (imputado, investigado, o como se le quiera llamar ahora) tiene derecho a mentir para defenderse (sí, tal cual, eso es así), y el abogado puede aconsejarle cuándo es mejor que tenga la boca cerrada y cuándo debe decir… lo que tenga que decir, sea cierto o no.
La responsabilidad de los asesores fiscales por los supuestos delitos de sus clientes
Responsabilidad de los asesores fiscales. Ya está bien de querer cargar el muerto al profesional
Hace poco me pasaron una noticia en la que se decía que el conocido Murli Kessomal se enfrenta a una posible pena de cárcel de dos años y medio (y una importante multa y alguna que otra incompatibilidad) por eludir (sus clientes) algo menos de medio millón de euros en la operación de venta de un hotel.
La acusación es por haber aconsejado a la empresa Amadores Dunas SA una operación supuestamente destinada a minorar el pago de impuestos a través de la Reserva para Inversiones de Canarias (RIC) y el Régimen Especial de las Fusiones (FEAC). Según la fiscal, el asesor «ideo y planificó» la operación para eludir la obligación de tributar por la RIC. Y añade que su participación resultó ser esencial por sus conocimientos jurídicos, económicos y contables. Esto último me recuerda al algunos interrogatorios que he sufrido y en los que lo primero que se me ha preguntado por parte de la fiscalía era qué estudios tengo. Por lo visto, lo de tener conocimientos ahora está mal visto y penado, además de ser un agravante para cualquier cosa. Como siempre… ¡Viva la mediocridad!
Y esto no ha hecho más que empezar:Europa quiere reforzar el seguimiento de los consejeros fiscales (asesores en su acepción más amplia), para lo que la Comisión quiere ver «cómo elaborar medidas disuasivas eficaces contra aquellos que fomentan y hacen posible la planificación fiscal agresiva».
Siguiendo con los conocimientos, vuelvo al ejemplo de antes… ¿Se podrá condenar al abogado del asesino por disponer de los conocimientos jurídicos necesarios, que le han permitido una defensa adecuada? Creo que una vez más se están mezclando churras con merinas. Si realmente ha habido un fraude y se demuestra, habrá que ir contra quien lo ha cometido, no contra quien asesoró a esta empresa.
También me resulta curioso que algunos investigados recientes (no voy a dar aquí nombres porque el caso ya está bastante mediatizado) por blanqueo de capitales, argumenten su defensa con aquello de que fue el asesor quien lo hizo. Eso es tener muy mala leche, perdonen que se lo diga. El asesor podrá haber informado de qué cosas se podrían hacer y de cuáles no, y el cliente será quien deberá tomar la decisión (la decisión nunca la toma el asesor). A ver si aprendemos a que cada cual apechugue con la parte que le toca.
Ramón Cerdá