Artículo de opinión Revista Noticias Obreras. Abril 2013. Javier Madrazo Lavín
En las últimas semanas se ha abierto un gran debate en relación a la idoneidad y oportunidad de la convocatoria de acciones de protesta o escraches ante las viviendas particulares y centros de trabajo de representantes políticos. En este contexto resulta inconcebible que Maria Dolores de Cospedal haya llegado a calificar estas actuaciones como muestras de “nazismo puro”. Pretenden criminalizar un movimiento cívico que lo que está reclamando es Justicia. Reivindicar la legitimidad del escrache implica también reivindicar un nuevo concepto de democracia avanzada, en el que la respuesta cívica de la sociedad civil organizada constituye un derecho fundamental y, además, un compromiso ciudadano.
El Partido Popular, y sus medios de comunicación afines , ha iniciado una particular cruzada contra estas acciones de protesta, lo que evidencia, de algún modo, su propia eficacia y la inquietud que generan entre quienes no tienen por costumbre asumir ninguna responsabilidad por sus hechos. En el Estado español la política ha estado blindada desde la transición, al igual que las instituciones, la banca o la patronal, y sus representantes creen equivocadamente que la comunicación con su electorado se limita a la emisión del voto una vez cada cuatro años. Así se explica el divorcio entre la política y quienes la ejercen, y la opinión pública, que cada día se siente más descreída y más impotente, pero, al mismo tiempo, más indignada y más consciente de los atropellos y abusos que comete el poder en todas sus expresiones.
El Gobierno de Mariano Rajoy sabe que los escraches dejan al descubierto grandes verdades, que prefieren ocultar. Su estrategia se desarrolla ahora en dos campos distintos, pero complementarios. Por un lado, se trata de desprestigiar estos movimientos de protesta como expresiones de violencia, amenaza y coacción; por otro, se persigue legalmente a sus organizadores, penalizándoles con denuncias y multas, apelando para ello al orden público y el derecho a la intimidad y a la protección. No deja de sorprenderme el cinismo y la hipocresía que se esconde tras estas medidas. Hemos llegado a oír declaraciones de dirigentes del Partido Popular que apelan a la presencia de menores en los domicilios e incluso a la inviolabilidad de los mismos. Los escraches son una forma pacífica de canalizar el derecho a la libre manifestación. Hay que recordar que la dación en pago es algo habitual en otros países de nuestro entorno, que por supuesto, frente a lo que algunos dicen, no quiebra la famosa unidad de mercado ni el suculento negocio bancario.Sencillamente es una medida de Justicia.
Por supuesto, quienes expanden estas afirmaciones, con una clara vocación de tergiversar y manipular la realidad, son precisamente quienes con sus decisiones condenan a la pobreza infantil a decenas de miles de niñas y niños, y fuerzan desalojos de familias con hijas e hijos a su cargo, olvidando que la vivienda sí es un derecho fundamental. La derecha sólo tiene sensibilidad cuando se trata de proteger sus intereses y sólo siente empatía por los miembros de su entorno. No sé qué consecuencias tendrán estos actos de protesta, pero, al menos, han servido para poner nerviosos a quienes no están habituados a recibir ninguna crítica en primera persona. Los escraches son un instrumento más de resistencia y reprobación en una coyuntura política en la que sólo nos queda la palabra como elemento de lucha. Intentarán secuestrarla y callarla, pero no lo lograrán. Han llegado demasiado lejos y a cada vez más gente le queda ya poco o nada que perder.