De acuerdo al punto 5 de la convocatoria en los requisitos que deben cumplir los aspirantes para participar, estos no deben estar bajo investigación, tener abierto expedientes o carpetas de investigación por hechos relacionados con corrupción: “uso indebido o ilícito de atribuciones, peculado, cohecho, fraude, abuso de confianza, abuso de autoridad, o cualesquiera de los enumerados en ejercicio del servicio público, patrimoniales o cualquier otro contenido en la legislación penal y administrativa federal y/o estatal aplicable; formato (F-CDE-04-2021)»
Salazar Báez señala que este requerimiento es contrario a lo establecido en la Constitución de respetar el derecho de presunción de inocencia, por lo que la convocatoria estaría vulnerando sus derechos políticos y acudirá a los tribunales para impugnar la convocatoria. Lamentó que existiera este tipo de requisitos cuando históricamente en el PAN no se había hecho tales distinciones.
¿De qué se la acusa a Josefina Salazar Báez?
De acuerdo con la agrupación Ciudadanos Observando, Josefina tiene abiertos varios expedientes antes la FGE por falsificar documentos, cobrar dinero, usar facturas apócrifas y con esto desviar fondos públicos.
Durante el mes de octubre de 2015, Josefina Salazar simuló un apoyo ciudadano por la cantidad de $209, 182 pesos, haciendo uso de documentos falsos y empresas fantasmas para poderlo facturar.
Por esta razón se emprendió una acción penal en contra de la ex legisladora, expediente que no ha avanzado debido la protección que hasta el momento ha brindado la FGE a su favor, según denuncian los activistas.
El tema volvería a la mesa cuando la agrupación investigó a las empresas fantasma que facturaron cerca de 2 millones de pesos al Hospital Central, y encontró que una de las empresas fachada habrían en su momento facturado a varios legisladores potosinos para el desvió de dinero, entre ellos Josefina Salazar Báez.