La Fundación Forjando Futuros reveló un informe en el que analiza las 1.500 sentencias publicadas por la Unidad de Tierras, el Consejo Superior de la Judicatura y recibidas por juzgados y tribunales de tierras.
Por: Javier González Penagos
En Twitter: @Currinche
“Han pasado cinco años y la Restitución de Tierras no avanza”. Entre otras, esta es una de las conclusiones de un informe elaborado por la Fundación Forjando Futuros y revelado este viernes, en el que la organización advierte las dificultades y pobres resultados de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.
Tras analizar 1.500 sentencias proferidas por jueces agrarios, con corte al 1 de abril de 2016, la organización –que desde hace ocho años, previo a la Ley 1448, trabaja con el tema de tierras– advierte que apenas el 3,4% de las solicitudes de restitución han sido resueltas judicialmente.
“Como va la ley, es un fracaso contúndete. Ya lo hemos advertido. Desde su promulgación se han resuelto judicialmente apenas 2.943 reclamaciones, que corresponden al 3,4% de solicitudes. Esto se desprende de una lectura que hacemos de las sentencias con base en matrices”, explicó a El Espectador Gerardo Vega, director de la Fundación Forjando Futuros.
De acuerdo con la organización, un hecho que no puede quedar al margen del análisis es que el Gobierno bajó sus proyecciones de 360.000 a 87.000 solicitudes que se pretenden resolver con la ley hasta 2020; sin embargo, tras cinco años de la promulgación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, se han resuelto alrededor de 3.000 y en los próximos cuatro años se prevé que se atiendan otras 3.000.
“Esto indica que apenas se van a resolver 6.000 solicitudes de las 87 mil previstas. Hay un fracaso en el cumplimiento de metas y en la política de restitución. En promedio, hemos calculado que en cada sentencia está resolviendo dos casos”, agrega Vega.
Explica el director de la Fundación Forjando Futuros que son varias las dificultades que han impedido que se resuelvan judicialmente los casos y que han entorpecido el proceso de restitución. Particularmente, Vega advierte cuatro aspectos que son el cuello de botella que han impedido el éxito de la ley.
En primer lugar, las precarias condiciones de seguridad en la que se encuentran los reclamantes y la amenaza latente de organizaciones dedicadas a amenazar, desplazar y asesinar a quienes reclamen sus predios: los llamados ejércitos antirestitución.
“Han asesinado a 74 personas desde que arrancó el proceso, es decir que existen organizaciones que se oponen a la ley y que han hecho que la gente deje de reclamar. Solo en Urabá, han sido asesinadas 17 personas desde 2008. Se evidencia pues que el Estado no ha desvertebrado las bandas criminales que hay”, manifiesta Gerardo Vega.
Por otro lado, de acuerdo con Forjando Futuros, la promulgación de un decreto que establece que sólo se restituirá en las zonas donde haya condiciones de seguridad ha obstaculizado el proceso y ha dejado a las víctimas a la deriva.
“El Gobierno dictó un decreto, el de la microfocalización, que hace que tenga que existir un concepto del Ministerio de Defensa para para saber dónde se restituye y dónde no. Este decreto lo justifican diciendo que es por un tema de orden público y seguridad: que no van a restituir donde no haya seguridad”, señala Vega.
“Pero la ley lo que establece es que cuando no hay condiciones de seguridad, quien define es el juez, no el Gobierno. El juez, si dictamina que no hay seguridad, debe entrar a compensar con tierras en otra parte o en dinero, pero no se puede dejar indeterminadamente en el tiempo a la víctima sin una decisión sobre su caso. La restitución está atrapada y detenida con este decreto”, manifiesta el director de la organización.
Otra de las dificultades para cristalizar el proceso ha sido que los jueces no han utilizado la figura de la restitución colectiva, con la que –según Forjando Futuros– 143 municipios se verían beneficiados y se resolverían alrededor de 3’120.000 hectáreas.
“No han utilizado el camino de la restitución colectiva, que se puede hacer cuando los predios son colindantes o fronterizos; cuando los hechos fueron causado por el mismo victimario o si es en la misma época. Con esos requisitos se puede hacer restitución colectiva. Pero el gobierno ha desmotivado eso, al parecer por un tema político”, sostiene Gerardo Vega.
Sumado a las dificultades de la llamada restitución administrativa, Vega advierte que presiones por parte de la extrema derecha han incidido negativamente para que la restitución avance: “en la marcha del sábado pasado, había gente con camisetas que decían ‘No a la restitución’. Y esa es la expresión política de un grupo y de una élite que se ha aprovechado del Estado para enriquecerse y para cometer delitos. Se han aprovechado, han acumulado y han legislado a su favor”.
En el informe se concluye que cinco personas representan el 46% del total de las oposiciones en los procesos judiciales de restitución de tierras. “ellos representan la oposición de 334 predios y son Hever Walter Alfonso Vicuña; Gabriel Jaime Vásquez Quintero; Gabriela Inés Henao Montoya; Gerardo Escobar Correa; y Miguel Enrique Ríos”.
Entre otras, las empresas opositoras en los procesos judiciales de restitución de tierras, según pudo identificar la Fundación, son Argos SA (Fiducor SA); Continental Gold Limited Sucursal Colombia; Exploraciones Chocó Colombia S.A.S; Anglogold Ashanti Colombia S.A.
jgonzalez@elespectador.com
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