Después de analizar cómo se puede captar y compartir la información entre infraestructuras y servicios en la Smart City, es importante conocer qué riesgos hay en dirigirse hacia este tipo de servicios y cómo pueden gestionarse y minimizarse.
Al compartir datos entre servicios surge la preocupación sobre la seguridad de la información, la protección de los datos y la privacidad. Por ejemplo, compartir datos en la nube puede suscitar dudas sobre el uso de los datos para un fin distinto al original, y sobre si se está accediendo a los datos personales, almacenándolos y procesándolos.
Pueden ser necesarios controles para identificar qué datos pueden procesarse en según qué países. Sin garantías claras, la confianza pública en los servicios que están siendo desarrollados es posible que sea baja y esto supondrá un riesgo significativo para la aceptación de proyectos de Ciudades Inteligentes por parte de la ciudadanía.
Suponiendo que los datos se clasifiquen adecuadamente bajo una taxonomía podría ser posible señalar riesgos potenciales, ayudando a reducirlos. Mucha de la información será relativamente anónima ya que la ciudad tendrá que observar la información como un todo, como flujo de personas o de tráfico, derivada de múltiples fuentes.
A medida que los sistemas van descendiendo hacia edificios, viviendas y personas concretas, el riesgo de perder la privacidad crece, así como la necesidad de confianza y seguridad
Con respecto a la resilencia de los canales de prestación de servicios en una ciudad inteligente, el éxito de una Smart City dependerá seriamente de que tenga una infraestructura digital que sea robusta. Si los servicios críticos se vuelven dependientes de infraestructuras y sistemas inteligentes, las interrupciones del servicio y los fallos en los equipos es probable que tengan un impacto importante.
También es probable que surjan las cuestiones relativas a la resilencia y la planificación del fallo de los sistemas críticos. Todo sistema de ciudad inteligente debe tener redundancia, y debido a la enorme cantidad de puntos de datos que se prevén en la ciudad inteligente, habrá elementos de ésta inherentes a cualquier ciudad.
La infraestructura de comunicaciones tiene que diseñarse de manera que se eviten los puntos de fallo habituales, como los cortes de electricidad en un área completa de la ciudad
La perspectiva de una Ciudad que detecta y actúa con información en tiempo real sobre las actividades diarias para prestar servicios genera la expectativa de ofrecer servicios más receptivos que satisfagan mejor las necesidades de sus ciudadanos, sin dejar de lado a ninguno de ellos. Por ello, es una premisa que una Smart City debe ser accesible, esto es, que en ella deben asegurarse y respetarse los derechos de las personas con discapacidad y de las personas mayores.
En la prestación digital de los servicios públicos, los entornos digitales y la comunicación deben permitir participar e interactuar con seguridad, dignidad y autonomía a todas las personas, independientemente de sus características y situaciones. Se debería prestar especial atención a esto en las ciudades que afrontan limitaciones de recursos, a lo que se suma la prestación de servicios a una población que envejece.
La accesibilidad universal tendrá que abordarse principalmente en el momento de diseño y puesta en marcha de los canales de prestación de servicios
Con respecto a las implicaciones para las normas, la accesibilidad de las personas mayores y de las personas con discapacidad a los productos y servicios TIC ha sido una de las prioridades de la normalización, vinculándose recientemente al apoyo de las políticas de compras públicas accesibles.
Ya existen normas para la gestión de la seguridad de la información y la protección de datos. Para que las Ciudades Inteligentes funcionen eficazmente hay que capturar, almacenar, transferir y destruir oportunamente grandes cantidades de datos. Si estos datos se definen como información personal, entonces la organización responsable de su recopilación está obligada a cumplir con las Leyes de Protección de Datos.
Las normas existentes también se pueden aplicar a la mejora de la resiliencia de las ciudades inteligentes, considerando la protección y seguridad de los ciudadanos. La gestión de la continuidad del negocio (BCM) es un proceso que ayuda a gestionar los riesgos para el buen funcionamiento de una organización o para la prestación de un servicio, asegurando la continuidad de las funciones críticas en caso de una interrupción, y una recuperación eficaz después.
Las autoridades locales deben trabajar en conjunto con las grandes empresas, empresas de servicios y proveedores de transporte para abordar las necesidades de gestión de la continuidad del negocio mediante el análisis del impacto en la actividad y la evaluación de riesgos. Las normas pueden proporcionar una estructura para la gestión de la continuidad que permita a las organizaciones demostrar que han tomado las medidas necesarias.
También puede ser necesaria una nueva norma estableciendo requisitos de resilencia de los sistemas de la Smart City que tendrán que cumplirse para garantizar el funcionamiento continuo de la Ciudad bajo cualquier circunstancia, incluyendo las condiciones más extremas.
Por otra parte, en relación con los aspectos ambientales de la sostenibilidad, cabe mencionar como otra muestra de la aplicación de las normas el Mandato de Normalización de la Comisión Europea en apoyo de la implementación de la Comunicación relativa a la Estrategia de la UE en materia de adaptación al cambio climático. Dentro de los objetivos del Mandato, asegurar infraestructuras que resistan el cambio climático, destacando tres infraestructuras prioritarias: transporte, energía y construcción. También lo relativo a las TIC que estén interconectadas a las anteriores. Esto afecta a todo tipo de normas dentro de las infraestructuras prioritarias: productos, servicios, ensayo, medición, procesos …
En el plano de la Gobernanza, entre las iniciativas de normalización desarrolladas a petición de la Administración en apoyo de las políticas públicas, destacan normas que especifican los requisitos mínimos del contenido y del proceso de elaboración, seguimiento y revisión de las Cartas de Servicios.
Sin duda, uno de los mayores desafíos a los que se enfrentan las sociedades hoy día es el de desarrollar, mantener y mejorar la confianza de los ciudadanos en sus gobiernos e instituciones locales.
La cuestión clave que vamos a tratar en nuestra próxima entrega es:
¿Cómo pueden las ciudades alcanzar un entendimiento común para cumplir la misión?
Podéis acceder al informe completo en nuestro fondo documental ecointeligente o desde este enlace: El papel de la normas en las ciudades inteligentes, AENOR – 2014.
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