Rumasa, o de cómo tropezar dos veces en la misma piedra.

Unas veces por exceso, otras por defecto, parece que los gobiernos socialistas no saben cómo lidiar con el empresario del opus dei José María Ruiz-Mateos. Si la intervención salvaje de la que fue objeto en 1983 levantó como poco dudas procesales, ahora el gobierno y la CNMV han reaccionado tarde. Las deudas que el empresario gaditano contrajo con el Estado durante los años setenta y principios de los ochenta ascendían a los dos billones de pesetas en dinero actual, tras la negativa a realizar auditorías que le reclamaba el Banco de España y el Ministerio de Hacienda, el gobierno procedió a exporpiar el holding mediante un real decreto que a punto estuvo de ser declarado inconstitucional -por el voto de calidad del presidente del TC-. Por eso el gobierno en 1983 debió haber optado por un proceso que involucrara al tribunal de cuentas y los tribunales ordinarios. Al que suscribe no le cabe ninguna duda de que este señor, con todo lo emprededor que pueda ser, no se le da nada bien lidiar con las reglas de juego del mercado y las leyes. Obvia las mínimas leyes de la competencia y las obligaciones contraactuales del empleador para con Hacienda y la Seguridad Social, convitiéndolo en un vulgar ladrón. En 2011, la actuación del gobierno -por contra- fue tardía y muy localizada. La ley entonces en vigor permitía apelar al ahorro público cuando éste fuera superior a cincuenta mil euros, ya que el legislador presuponía que quienes pudieran invertir tal suma eran inversores con suficiente experiencia como para no necesitar el apoyo del organismo regulador. El problema fue que nueva Rumasa se anunció en los medios de comunicación más generalista y de mayor difusión para captar dinero y no precisamente entre quienes cultura financiera. Tanto es así que el anuncio de nueva Rumasa fue el primero en ser retransmitido tras las uvas de fin de año en dos de los cananles de mayor difusión. Por tanto, como los pagarés eran de cuantía superior a los cincuenta mil euros, la CNMV no podía intervenir, pero advirtió hasta en siete ocasiones de los riesgos de los pagarés.El gobierno se mostró bastante lento, ya que tardó más de un año en darse cuenta de que la legislació era insuficiente y modificar la ley para que Nueva Rumasa no siguiera captando dinero de ahorradores. La lentitud del gobierno es, si cabe, más notoria cuando la compañía que estaba llevando a cabo estas prácticas arriesgadas, es la continuadora de la compañía que hubo que intervenir en 1983. Creo que esto era un elemento suficiente para vigilar y controlar más de cerca sus ofertas financieras. En este caso el empresario ha mostrado el compromiso de devolver el dinero prestado, incluso amenazando con el suicidio si su fe se lo permitiese. Parece que el obediente miembro del opus dei olvida que su fe también prohíbe la estafa y el robo.
Si en 1983 había gente que podía pensar que la desgracia de José María Ruiz-Mateos se debió a la expropiación por parte del gobierno, ahora debería estar bastante claro que sus prácticas financieras se basan en la estafa.