El punto del que ha de partir todo liberal a la hora de valorar la acción política es el que resume el apotegma de que el poder corrompe o, al menos, permite que quien lo detenta actualice su previo potencial de corrupción. Idea que hay que complementar con esta otra: incluso cuando es inevitable, dejar en manos de un político la posibilidad de administrar un patrimonio equivale a sustraer la dinámica económica y social a sus genuinos protagonistas, los ciudadanos, la iniciativa privada, para subordinarla a los criterios, en última instancia arbitrarios, de ese político. Existe, por un lado, una ley objetiva que rige la marcha de la sociedad: la ley de la oferta y la demanda, alguien quiere algo y entra en relación comercial con quien se lo ofrece. Y existe otra forma alternativa de conducir esta que sería la dinámica social básica, la que partiendo de que esa ley de la oferta y la demanda es intrínsecamente perversa puesto que genera abusos y desigualdades, es preciso subordinarla a la planificación decidida desde las esferas del poder político. ¿Desde qué tipo de premisas ha de ponerse en marcha esa planificación? En última instancia, subjetivas y arbitrarias, decididas a partir de los presupuestos ideológicos o meramente personales de quien detenta el poder. Así, por ejemplo, el político de turno puede decidir (de hecho, lo está haciendo) que el que no se lleguen a atender suficientemente las necesidades derivadas de las situaciones de dependencia de enfermos y personas mayores es un hecho a relativizar, porque también hay que subvencionar a cineastas como Fernando Trueba y compañía, o a las televisiones públicas (mucho más caras que las privadas) que sirven para la propaganda de los gobernantes, o a las empresas de automóviles en vez de a los fabricantes de lavadoras, o a estructuras institucionales que prácticamente sirven solo como pesebre para políticos, como ocurre con el Senado, las Diputaciones o las embajadas de las Comunidades Autónomas… y quizás el presupuesto no llegue para todo.