Saif al Islam, el hijo más conocido de Muamar Gadafi, y ocho colaboradores del difunto dictador libio fueron condenados a muerte este martes por un tribunal de Trípoli, por la sangrienta represión de la revuelta que puso fin al régimen en 2011.
El tribunal condenó a muerte entre otros al último primer ministro de Gadafi, Bagdadi al Mahmudi, y a su exjefe de los servicios de inteligencia, Abdala Senusi. Los dos exdirigentes estaban presentes en la sala.
Saif al Islam no asistió en cambio al juicio en la capital libya, porque está preso en la ciudad de Zintan (suroeste), en manos de una milicia opuesta a las autoridades de Trípoli. Durante el proceso compareció por videoconferencia. Los condenados fueron procesados por su papel en la sangrienta represión de la revuelta que, ayudada por una intervención de la Otán, terminó con más de 40 años de régimen gadafista en 2011 y con la propia vida de Muamar Gadafi.
En total, 37 personas estaban acusadas de delitos como asesinato y complicidad en la incitación a la violación durante la revuelta de 2011. También estaban procesados por secuestro, saboteo, malversación de fondos públicos y contratación de mercenarios africanos.
El juicio, iniciado en abril de 2014, fue criticado por organizaciones de defensa de los derechos humanos, que afirman que los acusados tuvieron un acceso limitado a abogados y a documentos clave.
También se vio marcado en el caso de Saif al Islam por una disputa no resuelta con la Corte Penal Internacional de La Haya, que reivindica su jurisdicción en el caso. En la sala, en el centro de Trípoli y bajo fuertes medidas de seguridad, estaban presentes 29 acusados.
Nueve fueron condenadas a muerte ante el pelotón de ejecución y ocho a cadena perpetua. Cuatro fueron absueltos, y en el caso de un acusado se abandonaron los cargos y se le enviará a un hospital psiquiátrico. El resto de los 37 acusados fueron condenados a penas de entre uno y 12 años de cárcel. Según el fiscal general, las penas de prisión son aplicables de inmediato, y solo los condenados a muerte pueden apelar la decisión ante la Corte Suprema.
Disputas en torno a Saif al Islam
La milicia que mantiene preso a Saif al Islam en Zintan es leal al gobierno reconocido internacionalmente, que el pasado agosto tuvo que refugiarse en Tobruk (este), cuando la coalición de milicias Fajr Libia tomó el poder en Trípoli, creando su propio gobierno y parlamento.
El Consejo de Seguridad de la ONU confió el conflicto libio a la CPI en febrero de 2011, al desencadenarse la represión del régimen gadafista contra un levantamiento popular alentado por la Primavera Árabe, que acababa de tumbar a los presidentes de Túnez y Egipto.
Los fiscales de la Corte consideran que Saif al Islam formaba parte del "círculo más estrecho" de su padre, y que "concibió y dirigió un plan para disuadir y poner fin por todos los medios a las manifestaciones civiles contra el régimen de Gadafi".
La Corte con sede en La Haya acusa a Saif al Islam, a menudo presentado como posible sucesor de su padre, de crímenes de guerra y contra la humanidad. Desde su captura en noviembre de 2011, un mes después de la muerte de Muamar Gadafi, la CPI ha solicitado su extradición, de momento en vano.
La CPI, competente para juzgar genocidios y crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos a partir de 2002, también reclama a Senusi, que primero se refugió en Mauritania y luego fue extraditado a Libya. A diferencia de Saif al Islam, la CPI dio luz verde a Libia para que juzgara a Abdala Senusi.
La ONU asegura que el juicio no fue justo
La ONU declaró que el juicio del hijo mayor del fallecido dictador libio Muamar al Gadafi, Saif al Islam, no fue justo y deploró la pena de muerte a la que fue condenado, tanto a él como a otros ocho altos cargos del régimen de su padre.
"Hemos seguido de cerca la detención y el juicio y consideramos que los estándares internacionales de un juicio justo no se han cumplido", dijo la portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, Ravina Shamdasani.
Entre las deficiencias más graves que se detectaron figura el hecho de que no se establecieron responsabilidades penales individuales en relación con delitos concretos. La ONU también corroboró serios problemas relacionados con el acceso a abogados, quejas por malos tratos y juicios realizados en ausencia del acusado.
AFP