Cuba ejecutó un contrato para proveer a Venezuela de los pasaportes fabricados en Alemania y gestionados por una empresa fantasma, adquirida al bufete panameño Mossack-Fonseca por un abogado peruano, según el portal de noticias Infobae. El negocio incluía cláusulas de confidencialidad.
En una publicación conjunta entre el portal venezolano Armando.info y el peruano IDL Reporteros, en el marco de la filtración de los Panamá Papers, se descubrió que los pasaportes venezolanos fueron diseñados en Alemania, lejos de Cuba. Según el trabajo, la intermediación de La Habana incluyó transferencias y comisiones que pasaron por al menos cuatro países.
Según el reporte, el gobierno de Chávez comenzó a renovar su sistema de identificación a finales de 2005. Con ese propósito designaron al entonces ministro de Interior y Justicia Jesse Chacón, para buscar a algunos de los gigantes de la tecnología que fabricaran primero los nuevos pasaportes y luego las llamadas cédulas electrónicas. Las empresas de Estados Unidos quedaron descartadas de entrada y China prefirió pasar de largo frente a la intermediación cubana. Fue así como el abogado peruano Francisco Pardo Mesones terminó arreglando en Caracas una triangulación de transferencias y contratos a través de paraísos fiscales.
El negocio se arregló entre Lima y Ciudad de Panamá, en las oficinas de Mossack Fonseca, cuyo staff diseñó una bicicleta financiera que facilitó la triangulación. Apenas dos semanas antes de la visita a Caracas, Pardo Mesones había escogido el nombre de la empresa en una terna de firmas recién registradas en Panamá y listas para ser usadas llave en mano. “El cliente desea adquirir la sociedad Billingsley Global Corp”, escribió el 11 de julio de 2006 la representante del bufete en Lima, Monica Ycaza, a sus compañeros de la sede principal.
En Panamá terminaron de acomodar el trámite e incluso abrieron las cuentas bancarias adonde fueron llegando los primeros depósitos de La Habana. Pardo Mesones había proporcionado una de las mejores tarjetas de presentación: una carta de referencia firmada por Pedro Pablo Kuczysnki, entonces el segundo a bordo del gobierno de Alejandro Toledo y en estos días candidato con opciones de ganar en segunda vuelta la presidencia de Perú.
Con esas referencias y los contratos firmados junto a Cuba y Venezuela, la recién creada empresa Billingsley Gobal Corp se aseguró al menos 64 millones de euros: 40 millones debían llegar a Alemania (donde se diseñaron pasaportes) y los otros 24 millones se quedarían con Pardo en Panamá.
Los pasaportes venezolanos se han expedido de esa forma a la sombra de un absoluto hermetismo. La negociación –hasta ahora guardada en secreto– establece cláusulas expresas de confidencialidad y no en uno ni en dos, sino en todos los contratos, como se lee en el “Contrato I10-084-000/2010 para la ampliación del sistema de personalización de pasaportes y cédulas electrónicas para la República Bolivariana de Venezuela”.
Cuba, además, se reservó el acceso al software a través de Albet Ingeniería y Sistemas, la filial que el régimen de los Castro diseñó exclusivamente para esta tarea. “Albet adquirirá un derecho de uso perpetuo, no exclusivo e intransferible a través del software entregado junto con el sistema”, establece el documento.