Mientras evoca a Franco, que mañana cumplirá 43 años de muerto, Pedro Sánchez se dispone a gobernar permanentemente por decreto-ley como el dictador.
Algo que sólo hicieron muy excepcionalmente otros presidentes de Gobierno desde que se aprobó la Constitución hace 40 años.
El mecanismo del decreto es muy parecido en dictadura y democracia al imponer la voluntad del gobernante sin el Parlamento; Franco no lo necesitaba, y Sánchez lo evita.
Al serle presumiblemente rechazados por las Cortes sus presupuestos del Estado para 2019, impondrá sus decretos “sociales” para “mejorar la vida de los desfavorecidos”.
Tan sociales como el impuesto confiscatorio del gasoil, el combustible más consumido de las clases media y trabajadora, y otros impuestos que incrementarán los costes de numerosos bienes y servicios de primera necesidad, que afectarán en especial a los más desfavorecidos.
El decreto-ley lo regula el Artículo 86 de la Constitución, que en su punto 1 señala:
“En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos (…)”.
Los puntos 2 y 3 del artículo regulan la convalidación parlamentaria posterior (Franco también legalizaba sus decretos a largo plazo haciendo que los aprobaran las Cortes), pero lo importante es que para cumplir sus objetivos personales Pedro Sánchez se salta la legalidad procedimental y convierte en “extraordinaria y urgente necesidad” el día a día de un gobierno con 84 diputados propios de 350.
Las leyes que requieren preparación, muchos estudios y discusiones en el Parlamento se someterán, pues, a los decretos de un Sánchez que recuerda a ese Francisco Franco que le obsesiona tanto que lo imita como ninguno de sus antecesores.
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SALAS