Sandro Magister es un conocido vaticanista que hoy publica un artículo (Los Estados Unidos de Obama, o los de la libertad perdida) en el que da a conocer la carta que el Cardenal T. Dolan ha enviado a todos los obispos de Estados Unidos:
También en la patria del derecho y de la democracia están en peligro la libertad de conciencia. Es la acusación sin precedentes que los obispos lanzan contra el presidente de Estados Unidos (...)
La Radio Vaticana y "L'Osservatore Romano" han dado la noticia. Pero en la página web de la Conferencia de los Obispos Católicos de Estados Unidos, USCCB [por sus siglas en inglés], la carta no aparece.
La carta tiene dos firmas: la del cardenal Timothy M. Dolan, arzobispo de Nueva York y presidente de la USCCB, y la de William E. Lori, obispo de Bridgeport y presidente del Comité para la Libertad religiosa.
Los dos la han enviado el pasado 22 de febrero a todos los obispos de Estados Unidos. En forma reservada, pero rogando que hagan conocer su contenido a todos los fieles. (...)
La carta se inspira en las directivas emitidas en enero por el Ministerio de Salud, las cuales obligan a todas las instituciones, incluidas las católicas, a contratar coberturas de seguro para los propios empleados, las cuales incluyen fármacos abortivos, esterilización y anticoncepción.
No es ésta la primera vez que los obispos se enfrentan con la administración Obama por decisiones tomadas por el Ministerio de Salud, dirigido por la católica "liberal" Kathleen Sebelius.
Pero esta vez el alcance del enfrentamiento es mayor. A juicio de los obispos hoy está en peligro en Estados Unidos nada menos que la libertad religiosa.
En Estados Unidos, decir libertad religiosa significa tocar los fundamentos mismos de la nación. Estados Unidos ha nacido justamente en nombre de la defensa integral de la libertad religiosa de los individuos y de las comunidades frente a todo poder mundano, comenzando por el Estado.
La carta puede entonces asombrar a los lectores europeos, quienes viven en Estados que, por el contrario, han sido constituidos para defender su "laicidad" frente a las "injerencias" de las Iglesias, continuamente sospechadas y acusadas de invadir el campo.
De allí la cautela con que en general la jerarquía católica europea se enfrenta con las autoridades civiles. Una cautela tanto más evidente si se la compara con la franqueza con la que, en la sociedad estadounidense, las comunidades religiosas se expresan en el campo público y critican el poder político.(...)
La carta en cuestión, con la firma del Cardenal Timothy Dolan, entre otras cosas, dice:
(...) Como sabemos, el 20 de enero el Departamento de Salud y Servicios Humanos anunció la decisión de promulgar normas definitivas que en la práctica obligarían a todos los empleadores, incluyendo a muchas instituciones religiosas, a pagar por fármacos abortivos, esterilizaciones y anticoncepción. Las normas no proporcionaban ninguna protección a nuestras instituciones importantes – como las obras de caridad católicas, hospitales y universidades – o al individuo creyente en el circuito comercial. Las normas han golpeado el corazón de nuestro derecho fundamental a la libertad religiosa, las cuales afectan nuestra capacidad de servir a quienes están fuera de nuestras comunidades de fe.
Desde el 20 de enero, la reacción ha sido inmediata e incesante. Nos hemos congregado con personas de todo credo y opinión política, para hacer una sola cosa rotundamente clara: estamos unidos contra todo intento de negar o debilitar el derecho a la libertad religiosa sobre el que ha sido fundado nuestro país.
El viernes 10 de febrero, la Administración promulgó las normas definitivas. Literalmente, las normas han sido reconfirmadas "sin modificaciones". Permanece la obligación de proveer las prestaciones ilícitas. Permanece la exención extremadamente restringida para las Iglesias. A pesar de las protestas, quedan en pie todas las amenazas a la libertad religiosa planteadas por las normas iniciales.
La libertad religiosa es un derecho fundamental de todos. Este derecho no depende de la decisión de un gobierno para concederlo: está dado por Dios y las sociedades simplemente lo reconocen y respetan su libre ejercicio. El libre ejercicio de la religión se extiende más allá de la libertad de culto. También prohíbe al gobierno obligar a personas o grupos a violar sus más profundas convicciones religiosas, así como también interferir en los asuntos internos de las organizaciones religiosas.
Recientes acciones de la Administración han intentado reducir este libre ejercicio a un "privilegio" arbitrariamente concedido por el gobierno como una simple exención de una forma abarcadora y extrema de secularismo. La exención está definida en forma extremadamente estrecha, porque no exime a la mayoría de los empleadores religiosos sin fines de lucro, a las aseguradoras confesionales, a los empleadores asegurados por cuenta propia, o a otras empresas privadas poseídas y gestionadas por personas que justamente objetan que deban pagar por fármacos abortivos, esterilizaciones y anticoncepción. Y porque está instituida solamente por un capricho del ejecutivo, inclusive esta exención excesivamente restringida puede ser derogada fácilmente.
En Estados Unidos, la libertad religiosa no depende de la benevolencia de quien nos gobierna. Es nuestra "libertad primera" y el respeto a ella debe ser amplio e inclusivo, no estrecho ni exclusivo. Los católicos y las otras personas de fe y de buena voluntad no son ciudadanos de segunda clase. Y no corresponde al gobierno decidir cuál de nuestros ministerios es "suficientemente religioso" para garantizar la protección de la libertad religiosa.
Esto no se refiere solamente a la anticoncepción, a los fármacos abortivos y a la esterilización, si bien todos deben reconocer las injusticias implicadas al incluirlas en un programa de atención a la salud obligatorio para todos. No se trata de republicanos o demócratas, conservadores o "liberales". Se trata de las personas de fe. Es en primer lugar una cuestión de libertad religiosa para todos. Si el gobierno puede, por ejemplo, decir a los católicos que ellos no pueden actuar hoy en el campo de los seguros sin violar sus convicciones religiosas, ¿en dónde se termina? Esto viola los límites constitucionales puestos a nuestro gobierno y los derechos básicos sobre los que ha sido fundado nuestro país.(...)
Se pueden consultar los textos completos, tanto del artículo de S. Magister, como de la carta del Cardenal Timothy Dolan, aquí: en español o en inglés.