Vínculos de Consejeros de Sanidad del PP con las empresas adjudicatarias de contratos de la privatización sanitaria, Güemes, Lamela, Martin Ferrer, hermanos Echániz … No se preocupen, ‘es legal’, dice el presidente de Madrid Ignacio González. Ante dicha respuesta mi preocupación aumenta, justificarlo porque sea legal agranda el problema, así como que lo restrieguen con insolencia ante la cámara. Pues ¡cambien las leyes! Pero en todo caso, ¿no les parece a los votantes del PP, que algo oscuro se esconde tras los cambalaches de gerentes?
Es una ‘ladronada’, de las muchas que hay en las filas de la derecha, comenzada en Valencia, secundada en Madrid y ahora Castilla La Mancha, sin respuesta en contra por sus votantes, lo cual supone la aprobación tácita, en todo caso apoyada por sus mayorías en dichas comunidades plagadas de casos de corrupción y de gestores entrecruzados de lo público a lo privado y a la inversa.
¿Recuerdan ustedes el 15-M?, en el fondo eran las bases sociales ‘rojiverdesmalvas’ exigiendo regeneración democrática y retirando apoyos a los partidos de izquierda. Para la regeneración democrática de España falta que veamos cosas parecidas también en las filas de la bases sociales de la derecha, en donde la ‘puerta giratoria’ entre intereses de todos y particulares, transitan velozmente entre consejeros de Comunidades y sus familiares directos en cargos de responsabilidad pública y privada ligadas a concesiones sanitarias, normalmente desconocidas para el gran público.
Los privatizadores nunca presentan estudios en los que basen sus tajantes afirmaciones, no existen, el proceso transcurre bajo engaños de baratura con ocultaciones, -como el rescate a los hospitales privatizados de Madrid- falsedades, actos de fe… ante la falta de evidencias empíricas que demuestren la mayor eficiencia privada, aparecen otras con claridad; los vínculos personales entre intereses público-privados de Capio, Ribera Salud, Sanitas… y el demostrado interés de los fondos de inversión por meter capital en las propuestas privatizadoras, lo cual afirma su rentabilidad económica. ¡Pero bueno!, no asegura la doctrina de los privatizadores del PP, que la sanidad pública no es rentable. Lean la carta enviada por SEOPAN al Consejero de Sanidad en abril de 2011, negada, ocultada, por el Gobierno de Aguirre y sintomática de la situación de desvío, ocultación de costes y por tanto de aumento de deuda futura.
Interesante leer el posicionamiento de la Sociedad Española de Salud PúblicayAdministración Sanitaria (SESPAS) sobre las políticas de privatización de la gestión de los servicios sanitarios, del que destaco lo siguiente:
‘’Sin embargo, la retórica, que insiste en afirmaciones del tipo “se ha comprobadoque el modelo de concesión es más eficiente” y ”da buenos resultados clínicos”,pese a su reiteración aun no se ha dotado de evidencia que la sustente. Quienesen nuestro país aplican sus saberes e instrumental analítico a la evaluación depolíticas sanitarias apenas pueden ir más allá de constatar que no se dispone deevidencia que apoye esas aseveraciones. En buena medida por insistenciademostrada por nuestras autoridades sanitarias en no hacer pública la informaciónnecesaria para verificarlas, lo que parece traducir un importante desinterés por evaluar estos modelos y un claro déficit democrático.La limitada información disponible sobre este tipo de experiencias en nuestro paíshasta ahora solo ha permitido alertar del riesgo verosímil que la excesivaproximidad entre autoridades y concesionarios, puede suponer al reducir laeficacia de la supervisión sobre los servicios prestados. La conveniencia política dedeclarar acertada la decisión adoptada exacerba el enorme riesgo de “captura delregulador”, fenómeno que describe la influencia de las empresas de un sectorsobre la agencia gubernamental a cuyo control están sometidas, pudiendo, encasos extremos convertirse el regulador en defensor de los intereses de laempresa dominante antes que de los propios encomendados.
También la revisión encargada por el Consejo Económico y Social de la Región deMurcia a expertos independientes del ámbito académico (3) considera que “de losmodelos de concesión administrativa sanitaria apenas se dispone de otros«estudios» que los publicados desde el entorno de las propias entidadesimplicadas, más cercanos a la propaganda que al análisis”. El único intento seriode evaluación del denominado “modelo Alzira” (4), recurriendo al enfoquedenominado “narrativa y cifras”, concluye que el proyecto original –muy similar alahora propuesto - jamás habría sido viable de no ser por la renegociación delcontrato de concesión que supuso un elevado coste a la administración pública,con lo que resulta difícil afirmar que haya tenido lugar verdaderamente unatransferencia de riesgos.’’…/…