José Miguel Vivanco. Director de Human Rights Watch
El proyecto de Fuero Penal Militar, que primero había sido propuesto como un artículo de la fallida Reforma a la Justicia, fue aprobado en Colombia a pesar de los mensajes de alerta por parte de las víctimas de violaciones de Derechos Humanos por parte de las Fuerzas Armadas y de las advertencias que se han hecho sobre ésta Jurisdicción que ha sido históricamente inoperante y un recurso para la impunidad.
Se ha dicho que las Fuerzas Militares exigieron la aprobación de esta prerrogativa tantas veces reclamadas por los miembros de las Fuerzas Armadas como un requisito para no oponerse a los diálogos de paz.
Sea esto real o no, los Militares pudieron 'salirse con la suya' y evitar que en la mayoría de los casos no sean juzgados por la justicia ordinaria. Esto, con el asentimiento de Juan Manuel Galán, una de las 'víctimas más consentidas' por el establecimiento que aún en su condición de hijo del inmolado líder Liberal Luis Carlos Galán, le dio la bendición a esta reforma.
Dentro de las voces que se opusieron internacionalmente a la aprobación del fuero, José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch fue quien luchó más activamente en contra de esta iniciativa. Señaló el retroceso para los Derechos Humanos en Colombia, el descrédito del país e incluso mencionó la latente posibilidad de que la Corte Penal Internacional o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos actúen ante la inoperancia de la justicia. Fue infructuoso. En momentos en que sólo falta la conciliación de la reforma, estos son algunos de los puntos claves señalados por Vivanco que resumen las consecuencias que podría tener el sistema judicial y de respeto a los Derechos Humanos en Colombia de acuerdo con la entrevista concedida por el Director de Human Rights Watch:
La inoperancia de la Justicia Penal Miliar como regla " (la Reforma) amplía significativamente el alcance del fuero militar para conocer de violaciones a los derecho humanos y la justicia penal militar. La actual tiene un récord muy consistente de encubrimiento e impunidad frente a delitos atroces. Además, limita las atribuciones de la Fiscalía, que es la gran perdedora con este proyecto, aparte de las víctimas, porque le recortan sus facultades y le hacen casi imposible la defensa de su competencia. El texto aprobado habla del control exclusivo de la justicia militar de las llamadas violaciones al DIH, salvo en siete figuras delictivas, de las cuales dos aún no son delitos en Colombia."
La falacía detrás de la 'necesidad' de aprobar el Fuero
"Fue tanta la insistencia nuestra para que el gobierno demostrara con casos concretos la injusticia de la jurisdicción ordinaria contra soldados y oficiales que en el cumplimiento de su deber, y dentro del combate –y las reglas propias del DIH– actuaban militarmente contra guerrilleros y fueran objeto de sanciones. Ese fue el argumento de la inseguridad jurídica. Pero cuando los confrontamos, finalmente mostraron tres casos de supuestas injusticias que están señalados en una carta que nos envió el ministro Pinzón, pero al investigar resultó que esos tres ejemplos son casos de claros falsos positivos, correctamente juzgados, ejemplarmente juzgados por la justicia ordinaria. El Ministro de Defensa intentó justificar la necesidad de esta reforma sobre la base de tres casos que eran claramente falsos positivos. Eso es muy revelador de lo que podría venir en el corto plazo, especialmente en relación con los falsos positivos que están siendo investigados por la Fiscalía. Si el gobierno no es capaz de distinguir entre un asesinato a sangre fría, fuera de combate, de un civil, o incluso de alguien que pudiera estar militado en algún tipo de guerrilla, pero fue asesinado fuera de combate, es supremamente grave". Costo Internacional
"El principal costo es el descredito de Colombia. Esto no puede ser visto como una cuestión menor porque va afectar la imagen que se tiene del país. Ésto va a tener un impacto directo en el registro de las Fuerzas Armadas, que no es un tema académico, y en la falta de acceso de las víctimas. Al igual que en el siglo pasado, se convierte a los militares en juez y parte, y esto evidentemente para la comunidad internacional –tanto en Europa como en Estados Unidos– , que están siguiendo muy de cerca este proceso –la Corte Penal Internacional como la Corte Interamericana de Derechos Humanos–, no me cabe duda que va generar tensiones y dificultades en las relaciones binacionales." ¿Imparcialidad?
"Se dice que habrá una nueva justicia penal militar pero esto no es más que otro sofisma de distracción, igual al que se inventó para confundir a la opinión pública con las ejecuciones extrajudiciales, hasta que tuvieron que reconocer a regañadientes que no están tipificadas como delito en Colombia. En buena hora va a ser así pero hoy esa justicia no cuenta con las garantías de independencia, autonomía, credibilidad ni profesionalismo, para juzgar violaciones a los derechos humanos. Entonces no se entiende por qué exponer a las víctimas de falsos positivos y otros hechos atroces ante una justicia militar que el propio gobierno sabe que no tiene los estándares mínimos porque depende del mando. Prueba de esos es que el gobierno ha dicho que invertirá cuantiosos recursos para reformarla, pero mientras eso pasa, estamos en manos de una justicia militar que no ha cambiado un ápice de la de los años 80 y 90, y que desde ese tiempo no ha sido más que un tapón para obstruir la investigación y el castigo a responsables de graves violaciones a los derechos humanos."
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