Segun la nueva Ley, los escraches frente a las viviendas de representantes políticas, las concentraciones no comunicadas cerca de instituciones como el Congreso de los Diputados o la grabación y difusión de imágenes de agentes de las fuerzas de seguridad en el ejercicio de sus funciones ( aunque esten haciendo abuso de la fuerza)….serán consideradas infracciones muy graves y, por tanto, podrán ser castigadas con una multa de entre 30.001 a 600.000 euros.
El Gobierno aprovecha disturbios pequeños y aislados , llevados a cabo por grupos radicales de vete tu a saber que color…. para justificar esta ley que vuelve a recortar en derechos y libertades….
¿A qué teme el Gobierno?…. ¿por qué se prepara contra una guerra que aun no ha empezado? ¿por qué se arma contra el pueblo tomandolo como enemigo? Lo unico que me d por pensar es que se avecinan tormentas muy gordas que nada tienen que ver con la “herencia recibida” y si tiene que ver con una ideología política muy aferrada al pasado…..
Para el magistrado Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia, lo más grave reside en el propio concepto: “no es una ley de seguridad ciudadana, sino de seguridad del Gobierno ante las protestas ciudadanas”. En su opinión, esta norma consagra al ciudadano como “el enemigo” y expresa su preocupación porque el Gobierno convierte en multas administrativas lo que antes se sometía al control inmediato del juez de guardia.
Esto es, extrae del control judicial las sanciones que el Gobierno se reserva para sí respecto a ocupaciones de la vía pública sin permiso o actuaciones de desobediencia leve. Y si uno no está de acuerdo, tendrá que recurrir por la vía contenciosa-administrativa…..
La nueva Ley onstituye una limitación desproporcionada al ejercicio de los derechos fundamentales en una democracia. Las dos persiguen el objetivo de limitar la protesta social pacífica; evitar que la calle siga siendo un espacio de participación política y disuadir al resto de la sociedad de continuar ejerciendo sus derechos en el futuro”.
La Ley de Seguridad Ciudadana como la reforma del Código Penal están atravesadas por expresiones ambiguas que dejan espacio a la interpretación arbitraria por parte de la autoridad administrativa.
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